El policía asesor de Cospedal defiende en el Congreso la “absoluta legalidad” del espionaje a Bárcenas
El comisario Andrés Gómez Gordo, que admitió ante el juez que captó como confidente al chófer del extesorero del PP y le pagó con fondos reservados, se escuda en su situación judicial para no responder
El comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal e imputado en el caso Kitchen, ha asegurado este miércoles, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga esta trama, que su actuación en el espionaje al que fue sometido el extesorero del PP Luis Bárcenas a partir de 2013 se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”. Tras esta manifestación, el alto mando policial ha eludido responder a las preguntas que le han planteado los parlamentarios “para no perjudicar”, ha dicho, su situación judicial. “Mi versión la he dado en sede judicial y me reitero en ella”, ha afirmado. Ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el comisario admitió que fue la persona que captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, para que fuera confidente de la trama policial y que, además, le pagó en varias ocasiones su colaboración con fondos reservados. Gómez Gordo recalcó ante el magistrado que actuó “de buena fe, porque [el extesorero] era el delincuente número uno”.
El alto mando policial, que aparece en la investigación judicial con los alias de Andy y Cospedín, ocupó puestos de confianza con diferentes administraciones gobernadas por el PP entre octubre de 2007 y marzo de 2015, cuando se reincorporó a la Policía Nacional. En este tiempo, fue director de la seguridad del Campus de la Justicia de Madrid (la Fiscalía Anticorrupción le pide seis años de cárcel por su supuesta implicación en las irregularidades detectadas en este macroproyecto del Ejecutivo de Esperanza Aguirre), luego personal de confianza de la Comunidad de Madrid y, finalmente, asesor de Cospedal cuando ella ocupó la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras reincorporarse a la policía precisamente durante la Operación Kitchen, fue ascendido a comisario, que se hizo ya efectivo con el PSOE en el Gobierno. En la actualidad, es el responsable de la comisaría de Vallecas (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción, que pidió en septiembre la imputación de la expresidenta castellanomanchega —rechazada hasta ahora por el juez—, concluye en sus escritos que Gómez Gordo seguía órdenes en la Operación Kitchen de la antigua secretaria general del PP y de su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro.
En sus declaraciones como imputado ante el juez Manuel García-Castellón, Gómez Gordo admitió el pago con fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas y que, en algunas ocasiones, él mismo le hizo entrega del dinero. “Lo único que se pagaba en la Operación Kitchen con fondos reservados, 2.000 euros mensuales, era al chófer de Bárcenas”, aseguró el alto mando policial al juez. La investigación ha permitido localizar cuatro recibís firmados por Gómez Gordo por estas entregas: de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015. El comisario aseguró que la persona que dio la autorización para estos pagos fue el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy y señalado como muñidor de la llamada brigada patriótica, el grupo de agentes que durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del departamento investigó a los rivales políticos del PP.
Los investigadores creen que la trama pagó al menos 53.000 euros a Ríos por su labor, además de comprarle una pistola con dinero público, según detalló otro de los comisarios imputados, Enrique García Castaño, alias El Gordo, tanto en el juzgado como en la comisión del Congreso. El juez también investiga si la trama maniobró presuntamente para que el confidente superara las oposiciones para entrar en la Policía Nacional. De hecho, Gómez Gordo aseguró ante el magistrado que dejaron de pagar con fondos reservados a Ríos cuando “ingresó en la academia”. García Castaño también señaló al antiguo asesor de Cospedal como la persona que elaboró el llamado Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial apócrifo en el que se ponía en duda la legalidad de la financiación de Podemos, sin ningún respaldo probatorio, y que fue desechado por la justicia.
"Yo inicié el caso Gürtel"
El comisario jubilado Juan Antonio González, el segundo compareciente este miércoles en la comisión de investigación del 'caso Kitchen' en el Congreso, ha explicado a los diputados cómo inició, tras recibir una denuncia de dos concejales del PP en Majadahonda (Madrid) en 2007, la investigación del 'caso Gûrtel', el primer gran caso de corrupción política en España. González, que entonces era el comisario general de Policía Judicial y desde ese puesto creó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que asumió las pesquisas, ha explicado la dificultad que entrañó su puesta en marcha. “En todas las investigaciones en las que aparece gente de cierta relevancia hay que tener mucho cuidado”, ha añadido, tras recordar que destacados dirigentes del PP le atacaron en los medios de comunicación e, incluso, le tildaron de “sicario de Rubalcaba”, en referencia al entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Poco después de llegar Mariano Rajoy al poder a finales de 2011, el comisario González fue destituido de su cargo y enviado al llamado consejo asesor de la Policía, un órgano que el alto mando policial ha definido como el lugar “donde mandan al que no quieren”. Allí, ha recordado, permaneció durante año y medio sin que le encargasen nada hasta su jubilación, en junio de 2013. El comisario ha insistido en que nunca tuvo conocimiento de la Operación Kitchen ya que cuando se inició, comienzos de 2013, él ya estaba arrumbado en el seno de la Policía Nacional y poco después pasó al retiro. También ha negado que el también comisario José Manuel Villarejo, que fue subordinado suyo, le informara de la misma. “Yo no sabía nada”, ha dicho en varias ocasiones para concluir su intervención mostrando su extrañeza, al igual que habían hecho antes varios diputados, por haber sido citado a comparecer en la comisión parlamentaria.
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