El abogado de Juan Carlos I confirma la regularización fiscal por 4,4 millones de euros

El abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, ha reconocido este viernes, a través de un comunicado, que el rey emérito ha presentado una segunda regularización fiscal por importe de 4.395.901,96 euros, “incluyendo intereses de demora y recargos”, tal como adelantó este jueves EL PAÍS. El letrado subraya que la declaración complementaria se ha presentado “sin requerimiento previo de clase alguna”, condición indispensable para que pueda eludir una acusación por delito fiscal que de otra forma cometería, al sobrepasar la cuota defraudada los 120.000 euros en un ejercicio.

La deuda tributaria ya satisfecha corresponde, según explica el comunicado, a “las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas”, asegura el escrito. Se refiere a los vuelos con jets privados que fueron pagados hasta 2018 por la fundación propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

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Al aludir el comunicado a las “rentas”, se confirma que lo que ha presentado Juan Carlos I es una declaración complementaria al impuesto sobre la renta (IRPF) y no al de donaciones, como hizo en su primera regularización. El letrado no explica a cuánto asciende el monto no declarado al fisco, aunque se estima en más de ocho millones, ni tampoco cómo ha hecho el anterior Jefe del Estado para recaudar tan importante cantidad de dinero.

“He pagado muchos vuelos al rey emérito, pero no soy su testaferro”, declaró Álvaro de Orleans en febrero de 2020 a EL PAÍS durante una entrevista en Ginebra. El primo y amigo de Juan Carlos I aseguraba que lo hizo para proteger su vida privada y continuar con la tradición familiar de los Orleans de ayudar a la monarquía española.

El rey emérito, expatriado en Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes Unidos) desde agosto, ya abonó el pasado 9 de diciembre a Hacienda 678.393 euros. Entonces se trataba de regularizar los fondos opacos que, entre 2016 y 2018, le suministró el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, con intereses en España. Según la investigación de la Fiscalía, las tarjetas que pagaba dicho empresario sirvieron para abonar gastos diversos del rey emérito y sus familiares (entre los que no figuran los Reyes actuales), como viajes, regalos, hoteles y restaurantes.

El abogado de Juan Carlos I ha mantenido contactos con el Ministerio de Hacienda para esta nueva regularización fiscal de su cliente que se estudiaba desde hace meses y que hasta ahora no se había ejecutado.

La legislación prevé que cualquier contribuyente pueda evitar ser acusado de delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifiquen el inicio de actuaciones. El artículo 305.4 del Código Penal considera “regularizada la situación tributaria” cuando se haya procedido por el contribuyente al completo reconocimiento y pago de la deuda, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o [...] antes de que el ministerio fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el ministerio fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

El mismo artículo del Código Penal añade que la regularización “impedirá que se le persiga [al defraudador] por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización”. No obstante, la ley exige que la regularización sea “completa y veraz” para que las autoridades tributarias y la Fiscalía del Tribunal Supremo la consideren correcta, a efectos de aplicar el artículo 305.4 y exonerar al rey emérito de un posible delito fiscal.

Un equipo de cuatro fiscales investiga al rey emérito en tres causas distintas: Por el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca adjudicadas por 6.500 millones a un consorcio español; por la disposición de dinero de un empresario mexicano por parte del rey emérito; y por la supuesta posesión de sociedades en paraísos fiscales con fondos millonarios.

La defensa de Juan Carlos I confía en que la primera se archive porque los hechos se refieren a la etapa en que este aún era jefe del Estado y gozaba de inviolabilidad; la segunda, por la regularización fiscal; y la tercera, porque niega la existencia de tales cuentas. Ninguna de las tres se ha archivado aún, pero el fiscal tampoco ha dado el paso de presentar querella ante la Sala de lo Penal del Supremo, a la que el rey emérito está aforado.

La nueva regularización sale a la luz después de que Juan Carlos I fuera el protagonista ausente del acto de conmemoración del 40º aniversario del 23-F, celebrado el martes en el Congreso. Felipe VI, que había evitado mencionar expresamente a su padre desde que se marchó de España, en medio del escándalo provocado por la investigación de su fortuna en paraísos fiscales, aseguró que “la firmeza y autoridad” de Juan Carlos I “fueron determinantes para la defensa y triunfo de la democracia” frente a la intentona golpista.