Juan Carlos I paga más de cuatro millones al fisco en una segunda regularización

Juan Carlos I ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según han explicado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la operación. El rey emérito, expatriado en Emiratos Árabes Unidos desde agosto, ya abonó el pasado 9 de diciembre al fisco 678.393 euros, correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando había abdicado y perdido la inviolabilidad. Con este pago, Juan Carlos I reconocía el fraude pero, al adelantarse a presentar la regularización antes de que se le comunicara la apertura de la investigación, intentaba eludir el delito fiscal.

La defensa del rey emérito ha presentado una declaración voluntaria a la Agencia Tributaria por los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, según señalan a EL PAÍS fuentes cercanas al caso. El disfrute de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda.

La fundación Zagatka se constituyó en Liechtenstein el 1 de octubre de 2003. Su primer beneficiario es Álvaro de Orleans, un ingeniero y empresario de 73 años, primo lejano del rey emérito. Según sus estatutos se creó para ayudar al entonces jefe del Estado en reconocimiento a su contribución a la democracia en España. El segundo beneficiario era un hijo de Orleans; el tercero era Juan Carlos I y el cuarto, Felipe VI, en el supuesto del fallecimiento de los Orleans. En quinto lugar figuraban Elena y Cristina de Borbón.

El pasado mes de junio, la fundación Zagatka modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios de la misma. Desde entonces solo figuran como únicos beneficiarios de sus fondos Álvaro de Orleans y su hijo Andrés. Y su objetivo estatutario es “garantizar la asistencia financiera a la familia del fundador”. En marzo del pasado año, la cuenta de Zagatka acumulaba alrededor de 10 millones de euros, según Orleans.

“He pagado muchos vuelos al rey emérito, pero no soy su testaferro”, declaró Álvaro de Orleans en febrero de 2020 a EL PAÍS durante una entrevista en Ginebra. El primo y amigo del rey emérito aseguraba que lo hizo para proteger la vida privada de Juan Carlos I y continuar con la tradición familiar de los Orleans de ayudar a la monarquía española.

Contactos con Hacienda

Javier Sánchez Junco, abogado de Juan Carlos I, ha mantenido contactos con el Ministerio de Hacienda para esta nueva regularización fiscal del anterior jefe del Estado que se estudiaba desde hace meses y que hasta ahora no se había ejecutado. El atraso se ha debido a la dificultad del rey emérito y de sus asesores para aflorar la millonaria cantidad que ha tenido que abonar. Juan Carlos I deberá demostrar el origen del dinero con el que ha pagado a Hacienda.

La cuota defraudada a Hacienda que admite ahora Juan Carlos I supera con mucho la regularizada en diciembre pasado y también los 120.000 euros anuales que establece la ley como límite para el delito fiscal.

La legislación prevé que cualquier contribuyente pueda evitar ser acusado de delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifiquen el inicio de actuaciones. El artículo 305.4 del Código Penal considera “regularizada la situación tributaria” cuando se haya procedido por el contribuyente al completo reconocimiento y pago de la deuda, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o [...] antes de que el ministerio fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el ministerio fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

El mismo artículo del Código Penal añade que la regularización “impedirá que se le persiga [al defraudador] por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización”.

No obstante, la ley exige que la regularización sea “completa y veraz” para que las autoridades tributarias y la Fiscalía del Tribunal Supremo la consideren correcta, a efectos de aplicar el artículo 305.4 y exonerar al rey emérito de un posible delito fiscal. El hecho de que se presente una segunda regularización fiscal podría llevar a cuestionar que la primera fuera completa, pero la respuesta dependerá del análisis de si se trata de los mismos ejercicios fiscales o de las mismas materias.

La Fiscalía del Tribunal Supremo está todavía analizando si es correcta la regularización que el anterior monarca realizó hace dos meses y medio con el pago de una deuda tributaria de 678.393 euros, a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco. Entonces, se trataba de regularizar los fondos opacos que, entre 2016 y 2018, le suministró el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, con intereses en España. Anticorrupción, que ya estaba investigando estos pagos aunque no se lo había notificado al padre del Rey, interrogó en torno a los mismos al propio empresario y a Nicolás Murga Mendoza, un coronel del Ejército del Aire y ayudante de campo de Juan Carlos I durante más de una década, que actuó supuestamente como testaferro. Según la investigación de la Fiscalía, las tarjetas que pagaba Sanginés-Krause sirvieron para abonar gastos diversos del rey emérito y sus familiares (entre los que no figuran los Reyes actuales), como viajes, regalos, hoteles y restaurantes.

Tres investigaciones

Un equipo de cuatro fiscales investiga al rey emérito en tres causas distintas.

• Por el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca adjudicadas por 6.500 millones a un consorcio español.
• Por la disposición de dinero de un empresario mexicano por parte del rey emérito.
• Por la supuesta posesión de sociedades en paraísos fiscales con fondos millonarios.

La defensa de Juan Carlos I confía en que la primera se archive porque los hechos se refieren a la etapa en que este aún era jefe del Estado y gozaba de inviolabilidad; la segunda, por la regularización fiscal; y la tercera, porque niega la existencia de tales cuentas. Ninguna de las tres se ha archivado aún, pero el fiscal tampoco ha dado el paso de presentar querella ante la Sala de lo Penal del Supremo, a la que el rey emérito está aforado.

La nueva regularización sale a la luz después de que Juan Carlos I fuera el protagonista ausente del acto de conmemoración del 40º aniversario del 23-F, celebrado el martes en el Congreso. Felipe VI, que había evitado mencionar expresamente a su padre desde que se marchó de España, en medio del escándalo provocado por la investigación de su fortuna en paraísos fiscales, aseguró que “la firmeza y autoridad” de Juan Carlos I “fueron determinantes para la defensa y triunfo de la democracia” frente a la intentona golpista. En su discurso de Navidad, el pasado 24 de diciembre, Felipe VI fue menos explícito, pero nadie dudó de que se refería al rey emérito cuando dijo que los principios morales y éticos “obligan a todos sin excepciones” y “están por encima de cualquier consideración, incluso de las personales o familiares”.

Posible declaración voluntaria ante el fiscal

El pasado 3 de agosto, cuando se marchó a Abu Dabi, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, difundió un comunicado en el que aseguraba que su cliente estaría “a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”, dejando claro que no pretendía en ningún caso sustraerse a la acción de la Justicia.

Juan Carlos I está aforado ante el Supremo (igual que las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias), en virtud de una reforma legal aprobada en junio de 2014, tras su abdicación. Solo un juez del Supremo podría citarle a declarar como investigado, si se presenta la correspondiente querella y se admite a trámite. No obstante, la Fiscalía podría, según fuentes jurídicas, ofrecerle la posibilidad de declarar voluntariamente, para aclarar el origen de las rentas que quiere regularizar. Eso permitiría acelerar su regreso a España.

Cronología

Esta es una cronología de los últimos acontecimientos relacionados con el patrimonio y las decisiones de Juan Carlos I y de la Casa Real española.

9 de diciembre de 2020

Regularización de 678.393 euros

En una escueta nota de su abogado, el Rey emérito informa de que ha presentado una declaración a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Según el comunicado de prensa, el antiguo jefe del Estado ha tramitado, “sin requerimiento previo”, un documento “ante las autoridades tributarias competentes” para satisfacer una deuda tributaria “por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos”.

3 de noviembre de 2020

Las tarjetas opacas del amigo mexicano, en el Supremo

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordena remitir a la Fiscalía del Supemo la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, iniciada a finales de 2019, sobre el supuesto uso de tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause por parte del rey emérito y alguno de sus nietos.

3 de agosto de 2020

Juan Carlos I anuncia su salida de España

El rey emérito comunica su hijo, Felipe VI, su “meditada decisión” de trasladarse al extranjero ante la “repercusión pública” de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y “para contribuir” a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función “desde la tranquilidad y el sosiego” que el cargo requiere, según la carta difundida el 3 de agosto por la Casa del Rey.

15 de marzo de 2020

Felipe VI renuncia a la herencia y retira la asignación a su padre

La Zarzuela anuncia en un extenso comunicado que Felipe VI renuncia a la herencia económica que pudiera corresponderle de su padre Juan Carlos I y le retira la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa del Rey (194.232 euros anuales). La decisión llega poco después de la publicación de informaciones que señalan a Felipe VI como beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, esta última investigada por la Fiscalía Anticorrupción, por recibir supuestamente 100 millones de dólares de Arabia Saudí. Con esta decisión sin precedentes, Felipe VI se desvincula de cualquier negocio que pudiera tener su padre en el extranjero.

14 de marzo de 2020

EL PAÍS publica que el rey emérito es beneficiario de una fundación en Liechtenstein

Juan Carlos I figura como tercer beneficiario de una fundación en Liechtenstein que le pagó durante 11 años varios millones en vuelos en aviones privados. Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, y uno de sus hijos son el primer y segundo propietarios. Ese mismo día, el diario británico The Telegraph asegura que el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de otra fundación panameña que recibió 100 millones de dólares en 2008 de la casa real saudí.

3 de marzo de 2020

EL PAÍS revela que Juan Carlos I donó 65 millones a su examante

Este diario se hace eco de las investigaciones iniciadas en 2018 por el fiscal suizo Yves Bertossa, que apuntan a una donación multimillonaria que recibió Corinna Larsen, antigua amante de Juan Carlos I, desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. El abogado de Larsen dijo: “En 2012 nuestra cliente recibió un regalo no solicitado del Rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado”.

5 de marzo de 2019

El aviso de Corinna al rey Felipe

Según adelantó El Mundo, los abogados de Larsen enviaron una carta al jefe de la Casa del Rey en la que le informaban de la existencia de la fundación Lucum y de que el rey Felipe sería beneficiario de los fondos a la muerte de su padre. Semanas después, el Rey renunciaba ante notario a cualquier derecho sobre esa fundación.

Verano de 2018

Suiza prosigue las investigaciones

Mientras en España se echaba tierra sobre aquellas primeras pruebas de los supuestos delitos cometidos por el rey emérito, el fiscal suizo Yves Bertossa abría su propia investigación por blanqueo agravado de capitales. Bertossa bloqueó aquel verano las cuentas suizas de Álvaro de Orleans incluyendo las de su fundación Zagatka, y registró los despachos de Fasana y Canónica, quienes gestionaban los fondos de Juan Carlos I. Lo que encontró en esos despachos y en las oficinas de la banca suiza Mirabaud fue suficiente para agravar la sospecha sobre el patrimonio oculto de Juan Carlos I.

La documentación requisada demostraba que el rey emérito poseía una fundación llamada Lucum, cuyo segundo beneficiario era su hijo, el rey Felipe. Y que esa fundación había recibido en el verano de 2008 una transferencia de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz. Este descubrimiento motivó que el fiscal llamase a declarar a Álvaro de Orleans, Corinna Larsen, Dante Canónica y Arturo Fasana. Bertossa investiga si ese supuesto regalo de 2008 era en realidad una comisión pagada al rey Juan Carlos por las obras del AVE a La Meca, adjudicadas en 2011 a un consorcio español.

La investigación descubrió además que el rey emérito vació la cuenta suiza y donó todo el dinero a su examante Corinna Larsen en una cuenta del paraíso fiscal de Nassau. La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga desde hace más de un año estos hechos sin haber logrado acreditar el pago de comisiones ilegales a Juan Carlos I por las obras del AVE a La Meca. La documentación sobre la fundación Zagatka, en la que el rey emérito figura como segundo beneficiario, revela que durante 11 años (2009-2018) costeó decenas de vuelos privados de Juan Carlos I por cerca de ocho millones de euros.

2018

Las grabaciones de Villarejo salen a la luz

El suplicio de Juan Carlos I, rey de España entre noviembre de 1975 y junio de 2014, comenzó unos meses después de su abdicación por unas grabaciones del comisario José Manuel Villarejo a Corinna Larsen, examante del rey emérito. La conversación grabada por el policía en 2015 —hecha pública en 2018 cuando Villarejo ya estaba en la cárcel— registraba la voz de Larsen asegurando que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza controladas por un abogado, Dante Canónica, y un gestor, Arturo Fasana; que usaba testaferros para ocultar su patrimonio, entre los que citaba a Álvaro de Orleans, y que cobró comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca.

La Audiencia Nacional decidió abrir una causa por aquella grabación, pero la archivó solo unos meses después porque los indicios contra el rey emérito eran “insuficientes”, no había documentación que respaldara las acusaciones de Larsen y, además, muchos de los hechos allí citados correspondían a periodos anteriores a la abdicación de Juan Carlos I y, por tanto, no podían ser perseguibles debido a la inviolabilidad del rey.