El expresidente de la Diputación de Valencia y otros 14 cargos, a juicio por simular contratos en una empresa pública

El juez instructor del caso Alquería ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial Jorge Rodríguez y a otras 14 personas acusadas por la presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra para beneficiar a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Compromís, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para Rodríguez. Y extiende la misma petición de prisión al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, al asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). La acusación particular, que ejerce el grupo del PP en la Diputación valenciana, reclama 18 años de prisión y otros 15 de inhabilitación para el expresidente.

Rodríguez y otros 14 cargos del PSPV y Compromís están procesados por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas. Rodríguez dimitió de su cargo provincial en junio de 2018 tras ser detenido y a continuación puesto en libertad. Ahora es alcalde de Ontinyent por un partido independiente que formó cuando los socialistas le vetaron para encabezar la lista en las elecciones municipales de 2019. Rodríguez ganó por mayoría absoluta, siendo ya investigado.

El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia consideró en el auto de procesamiento de Rodríguez, dado a conocer hace unos días, que en Divalterra, empresa de la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente a personas afines al PSOE y a Compromís para ocupar altos cargos, incumpliendo la normativa. Divalterra fue la heredera de la antigua Imelsa, que tuvo un papel central en el caso Taula, supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, vinculada al PP valenciano cuando gobernaba la institución provincial.

El magistrado considera que se produjo una contratación “simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018”, lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a “unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista”. Se produjo así una “presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros”, señalaba aquel auto.

Rodríguez se manifestó tras conocer su procesamiento: “Desde el primer momento sabíamos que llegaríamos a juicio oral puesto que era imposible que el fiscal que ordenó nuestra detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, sobre todo, después de la operación policial antiterrorista que desplegaron”.

La resolución de apertura de juicio, notificada este martes, señala a la Audiencia de Valencia como órgano competente, da 10 días a las defensas para que formulen sus escritos de conclusiones, y requiere a ocho de los acusados para que depositen fianzas, que van de los 8.227 euros a los más de 194.000 euros.