La Fiscalía acepta revisar la salida de prisión del autor de la matanza de Atocha

La Fiscalía mueve ficha ligeramente y, por primera vez, se abre a que se pueda retrasar la excarcelación de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha de 1977. Esa salida está prevista para el 19 de noviembre, pero el ministerio público, a instancias de las víctimas, considera necesario revisar uno de los datos utilizados el pasado mayo para calcular el tiempo que le quedaba entre rejas. Según explica el fiscal jefe de Ciudad Real en un escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, puede haber “hasta un año y medio de diferencia” con la fecha fijada.

La batalla legal emprendida en las últimas semanas por las víctimas y la Fundación Abogados de Atocha arroja su primer resultado. La Fiscalía ha aceptado uno de los argumentos alegados por el colectivo para tratar de impedir la pronta excarcelación de García Juliá, que se adelantó al próximo noviembre después de que se recalculase la pena que le quedaba por cumplir tras su extradición a España desde Brasil.

En un primer momento, cuando el asesino ingresó el pasado febrero en la prisión de Soto del Real (Madrid) tras permanecer 25 años huido de la justicia española, la Audiencia Nacional decretó que aún tenía pendiente más de 10 años (3.854 días) de los 193 a los que fue condenado. Su abogado, disconforme entonces con el cómputo, recurrió. Y, en lugar de hacerlo en dicho órgano judicial, llevó el caso a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde se había dictado la última sentencia contra García Juliá —otros tres años de cárcel por tratar de fugarse de prisión en 1979 cuando, precisamente, aguardaba para ser juzgado por el crimen que marcó la Transición—.

En este nuevo escenario, la Audiencia Provincial revisó el cálculo y concluyó que no se tuvieron en cuenta beneficios penitenciarios que el asesino había consolidado antes de huir. Por ello, adelantó la salida al 19 de noviembre (justo un día antes del 20-N, aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco). Una decisión que las víctimas recibieron con sorpresa, por lo que tratan de revocarla.

Así, como expone el fiscal jefe de Ciudad Real en su escrito, uno de los periodos que se ha restado a García Juliá es el tiempo que estuvo en libertad condicional en la década de los noventa, antes de fugarse a Sudamérica. El ministerio público subraya que, hasta ahora, se había considerado que había estado casi cinco años en esa situación: desde que se la concede el juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid el 23 de septiembre de 1991 hasta el 14 de agosto de 1996. Pero las víctimas alegaron en su recurso que existe un auto previo, del 13 de enero de 1995, donde ya se le revoca al ultraderechista la libertad condicional a petición de la propia Fiscalía, después de que este no se presentase para su control en la embajada española en Paraguay, a donde viajó con permiso de la justicia y desde donde emprendió su fuga de más de dos décadas.

Un detalle que puede resultar “determinante”, subraya ahora el ministerio público —que ha pedido a la Audiencia de Ciudad Real que se busque ese escrito, como solicitan también las víctimas—, ya que podría “variar” la fecha prevista actualmente para la excarcelación. “Este punto deberá ser aclarado a la mayor brevedad, acudiendo para ello a los antecedentes que obren en el juzgado de vigilancia penitenciaria”, incide el fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete, que apostilla: “Por cuanto hay año y medio de diferencia entre una fecha y otra”.

Pero las víctimas y la Fundación son aún más contundentes y han expuesto al tribunal que, a la hora de adelantar su salida, no se le puede contabilizar a García Juliá ningún día del tiempo que estuvo en libertad condicional, ya que aprovechó esa situación para fugarse; ni otras de las reducciones de pena que se han tenido en cuenta, ya que “el reglamento penitenciario de la época prohíbe expresamente redimir penas a quien haya intentado quebrantar la condena” fugándose. En esto no cuentan con el apoyo del fiscal. Pero será la Audiencia Provincial la que decida.

La Audiencia Nacional rechaza el caso

El movimiento de la Fiscalía es relevante ya que, en su momento, no recurrió la nueva fecha de salida de prisión de García Juliá. De hecho, solo se ha abierto a que se estudie el caso después de que lo hicieran las víctimas y desvelasen el auto de 1995, como consta en un escrito enviado por el ministerio público a la Audiencia Provincial, donde también defiende que dicho tribunal es el que debe decidir sobre la excarcelación.

Las víctimas querían, en cambio, que fuese la Audiencia Nacional, aunque esta ya lo ha rechazado, según consta en una resolución del pasado 19 de junio. Pero, en un auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, los magistrados rechazan las pretensiones de las víctimas de devolver la causa a este órgano y sacarlo así de la Audiencia de Ciudad Real. “Nos reafirmamos en la decisión de que el órgano competente, nada menos que desde hace casi veinte años, es la Audiencia Provincial”, escriben los jueces.

García Juliá —habitual de los actos de Fuerza Nueva e, incluso, abanderado de su antiguo líder, Blas Piñar— irrumpió en la noche del 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Atocha, vinculado a Comisiones Obreras (CC OO), junto con dos compañeros: José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada. Asesinaron a tiros a Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. También hirieron gravemente a Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Miguel Sarabia y María Dolores González.