La Fiscalía retira el cargo de rebelión contra Trapero y abre la puerta a una condena sin cárcel

La Fiscalía mueve ficha casi cuatro meses después de comenzar el segundo juicio al procés, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos por su supuesta connivencia con los dirigentes independentistas en el otoño de 2017. Después de reanudarse este lunes la vista oral tras su suspensión por la crisis del coronavirus, el ministerio público ha anunciado que retira definitivamente la acusación de rebelión —en línea con la sentencia del Tribunal Supremo, donde se descartó este delito— y pide una condena de sedición o de desobediencia para el major Josep Lluís Trapero; el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig; el exdirector de la policía catalana, Pere Soler; y la intendente Teresa Laplana.

“A la vista de que consideramos que nos encontramos ante el enjuiciamiento de los mismos hechos del Supremo y sobre los que dictó sentencia firme, la Fiscalía de la Audiencia Nacional aquilata su calificación”, ha explicado este lunes el fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha planteado dos alternativas al tribunal. Como primera opción, ha pedido que se imponga por sedición un total de 10 años de cárcel a Trapero, Puig y Soler; y 4 años a Laplana. Pero, en el caso de que los magistrados descarten este delito y no lo consideren “acreditado”, el ministerio público ha propuesto que se les castigue entonces por desobediencia, lo que abre la puerta a una condena sin cárcel, ya que este cargo solo implica una multa e inhabilitación.

Aunque Carballo lo ha anunciado en público por primera vez este lunes, al comenzar el juicio ya dejó entrever que rebajaría sus pretensiones iniciales a la vista del fallo del Supremo de octubre de 2019, cuando se condenó por sedición a los líderes políticos del desafío secesionista. “La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia y en su momento procesal oportuno se calibrará”, avanzó entonces. Era 20 de enero. Ahora, 8 de junio, lo ha confirmado durante una breve sesión que ha servido para comunicar al tribunal los cambios en sus conclusiones, que incluyen esa alternativa de desobediencia y que prevén, de aceptarse solo este segundo delito, una condena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 60.000 euros para Trapero, Puig y Soler; y de 12 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para Laplana.

Pese a esta modificación, que implica una ligera rebaja en las penas solicitadas —inicialmente se pedía 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler, y 4 años para Laplana—, la acusación pública mantiene su tesis principal. Según la Fiscalía, los antiguos jefes de los Mossos colaboraron con los dirigentes independentistas para facilitar el procés; y actuaron de forma “pasiva” a la hora de cooperar con las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad del Estado. En esa tesis ahondaron durante el juicio los mandos de la Guardia Civil encargados de la investigación, que fueron aún más lejos en sus imputaciones. Vincularon a Trapero directamente con los planes secesionistas y lo situaron como “asesor del comité estratégico” independentista.

“Cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos. Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas fue imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial, como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso oponerse físicamente”, escriben los fiscales en sus conclusiones definitivas.

Toda una batería de acusaciones que las defensas han negado en la vista oral. En su declaración, el major insistió en que no actuaron con pasividad, sino con “prudencia”. “Fuimos especialmente cuidadosos, pero no para justificarnos [ante los sectores separatistas], sino porque un misto podía encender una hoguera importante en Cataluña en esos días”, sentenció, antes de aprovechar para marcar distancias con el desafío separatista. Calificó de “barbaridad” la vía unilateral, además de relatar que advirtió en varias ocasiones a los consellers que habían emprendido una vía peligrosa.

Las defensas ya han adelantado este lunes que mantienen la petición de absolución para los cuatro imputados. El juicio continuará el próximo 15 de junio, cuando los abogados de los acusados comuniquen al tribunal las últimas modificaciones de sus conclusiones. A continuación, las partes expondrán sus informes finales sobre la vista oral. Y, por último, Trapero, Laplana, Puig y Soler podrán hacer uso de su derecho a la última palabra.