Juicio a los ‘mossos’ del ‘procés’

La nueva temporada judicial comienza este 2020 con el plato fuerte: el lunes arranca en la Audiencia Nacional el segundo capítulo del juicio al procés, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos por su supuesta connivencia con los dirigentes independentistas para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y favorecer así la "hoja de ruta" para la "secesión de Cataluña del resto de España", según mantiene la Fiscalía, que atribuye a los cuatro imputados delitos de rebelión y sedición. La vista oral, que se prolongará hasta marzo, agita así, de nuevo, el escenario cuando apenas han pasado tres meses desde la condena del Tribunal Supremo a los líderes políticos y cuando el Gobierno se encuentra enfrascado en plena estrategia contra la "judicialización del conflicto".

Los acusados. El tribunal sienta en el banquillo a una de las caras más reconocibles de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero. Pero también a la intendente Teresa Laplana —responsable del operativo de seguridad en la Consejería de Economía y Hacienda durante el registro del 20 de septiembre de 2017, cuando una multitud cercó el edificio— y a dos de sus antiguos superiores, cargos de designación política: César Puig, ex secretario general de Interior de la Generalitat; y Pere Soler, director general de los Mossos. Contra ellos se perfila un contundente relato de la Fiscalía, que los considera "una pieza clave" de la trama independentista para "impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de Justicia" en el otoño de 2017. "Dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern", sostiene el ministerio público, que pide 11 años de cárcel para Trapero, Soler y Puig por rebelión. A Laplana la acusa, por su parte, de sedición y reclama una condena de cuatro años.

El papel de la Fiscalía. La sentencia del Supremo a los líderes políticos, que descartó la rebelión, no ha provocado por ahora que el ministerio público recule en su acusación contra la antigua cúpula de los Mossos. La Fiscalía mantiene la tesis más dura. "Y no está previsto en este momento procesal una modificación de las conclusiones provisionales", explicaban fuentes de la Fiscalía hace unas semanas. Eso sí, sin cerrar la puerta a un cambio de posición "tras iniciarse el juicio oral", añadían ante la posibilidad de pedir una condena solo por sedición.

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El gran debate. Durante la vista oral se espera que el ministerio público centre parte de su estrategia en demostrar la "pasividad" de los Mossos en todo el procés —negada por las defensas—. Esta es una de las grandes líneas argumentales de la acusación, que afirma que el cuerpo mantuvo esa actitud de forma "consciente e intencionada" a raíz del "plan de actuación" ideado por Trapero y Soler, junto con el exconseller Joaquim Forn, para "evitar la implicación de sus agentes en el cumplimiento de las instrucciones" de la Fiscalía y los tribunales. "Se promovió la inacción y dejación de funciones por parte de los miembros de los Mossos", incide el ministerio público sobre los registros de septiembre y el 1-O.

De hecho, aunque no entró a fondo en el asunto, el Supremo ya se refirió de pasada a este tema en su sentencia. El alto tribunal reprochó a los Mossos su "complicidad" con los votantes del referéndum ilegal, además de acusar a los mandos del cuerpo de "cinismo" por no planificar una respuesta policial adecuada para esgrimir después que se encontraban desbordados. Es más, en su fallo, los magistrados llegan a acusar a los Mossos del traslado de algunas urnas en "vehículos sin logotipos", de "permitir que particulares se hicieran con ellas y se las llevaran", o de seguir a agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Cataluña para informar sobre ellos y contrarrestar así su intervención —imputación que mantiene la Fiscalía en este segundo juicio—.

Tribunal de mayoría conservadora. El foco de atención y la crítica volverán a colocarse, al igual que en el Supremo, sobre los jueces. Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se encargará de presidir el tribunal y emular a Manuel Marchena. Enmarcada en el bloque conservador y considerada afín al PP —arrastra el “querida Concha” que le dedicara María Dolores de Cospedal, ex número dos de los populares con Rajoy—, fue apartada del caso Gürtel por su proximidad a la formación.

La terna la completan Ramón Sáez Valcárcel y Francisco Javier Vieira. El primero, que será el ponente de la sentencia, es un jurista de larga trayectoria al que se le considera del sector más progresista de la Audiencia —fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de IU—. En cambio, al segundo, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se le encuadra también en el sector conservador.

El contexto. Cataluña navega de nuevo por aguas desconocidas tras la investidura de Pedro Sánchez gracias a la abstención de ERC. Pese a que el secesionismo cerró filas tras la decisión de la Junta Electoral Central de ejecutar la inhabilitación del president Quim Torra, el acuerdo firmado por los republicanos con los socialistas ha ahondado la brecha entre Esquerra y Junts, los dos partidos que sostienen al Govern. Los efectos que pueda provocar una nueva condena son terreno inexplorado, aunque los precedentes dan bastantes pistas: la sentencia del Supremo a los líderes políticos del procés dejó varias jornadas de protestas y disturbios. Todo ello, mientras suenan desde hace meses las trompetas que auguran unas nuevas elecciones catalanas —para las que algunas formaciones, como Ciudadanos, ya se han preparado—.