La fiesta que nadie pagó
De los doce apóstoles de la insurgencia catalana temporalmente en el banquillo, Romeva y Turull eran quienes manejaban más fondos
Era el 1-O de 2017. Se montó un cafarnaúm de 2.000 colegios electorales, 6.000 urnas, centenares de miles de papeletas, dos millones de votantes. Y la fiesta no costó un duro. O al menos la anfitriona, la Generalitat, no lo pagó.
¿Truco del mágico de moda en Cataluña, el mag Lari? Muy serio, de eso pretendió ayer convencernos Jordi Turull.
De los doce apóstoles de la insurgencia catalana temporalmente en el banquillo, él y Raül Romeva eran quienes manejaban más fondos. Y por eso la hoja de la malversación se les acerca más al cuello.
Romeva repartió doctrina, sin recalar en hechos. La Fiscalía sesteaba sin dar diana. La rebelión dormía como Morfeo.
Así que con la venia del tenor de lujo Manuel Marchena, en plan repartidor de luces verdes, tarjetas amarillas (y alguna roja, al defensor de Oriol Junqueras), el papel estelar recaló en la malversación.
Y en Turull, ora vencedor a los puntos, por su aplomo; ora, desbordando el diapasón altanero propio de los monaguillos de Pujol, padre, hijo y espíritu santa. Con A.
Quedó en mera sfumatura el aval de Cristóbal Montoro a las no-cuentas del referéndum. Se discutió a fondo solo sobre dos partidas. Una, el contrato a la empresa Unipost de 977.661 euros para papeletas, cartas y sobres.
—“No se adjudicó”, aseguraba Turull. “La Generalitat practica la ortodoxia en la gestión”, aseguraba el que fuese segundo de Oriol Pujol, hoy en la cárcel por las concesiones de las ITV por la Generalitat.
—“Llevaban su logo”, replicaba el fiscal Jaime Moreno, “¿no encargó el material?”
—“No. No adjudicábamos nada desde el departamento; no sé quién lo hizo; muchas entidades querían colaborar”, se defendía con ardor el reo.
O sea que el misterio del ensobrado, no encargado, pero facturado proforma y sin factura oficial queda por dilucidar en el trámite de los testigos.
La otra partida clave es la de dos anuncios (sobre la “doble vía de tren”) emitidos por TV3 y Catalunya Ràdio: por un total de 277.804 euros. Fueron facturadas a cargo del departamento de Presidencia el 14 de septiembre y el 5 de octubre. Y de ellas se informó al ministerio de Hacienda, según las conclusiones provisionales de la fiscalía. No han sido abonadas hasta ahora.
Alegó Turull que se sufragaron merced al “contrato-programa” del Govern con el ente público y se subsumían en “la aportación” de la Generalitat a este. Por ello “no causaron perjuicio económico”: además, como “no había saturación publicitaria”, la propaganda oficial gratuita no expulsaba la publicidad privada.
O hubo encargo. O no. O hubo factura. O no. Esperemos también a los testigos.
Pero entre tanto, refresquemos que en la vida económica hay costes directos e indirectos. Y costes de oportunidad, más/menos el lucro cesante de optar por una operación en lugar de otra.
Y todos ellos, si se desvían de su destino público legítimo (arts. 252 y 432 del Código Penal) pueden dar lugar a malversación. Esto, no otra cosa, es lo que debe aclararse.
