Sagas familiares en la universidad: una polémica incómoda y convertida en tabú

El debate sobre el poder de las sagas científicas dentro la universidad pública (sufragada con los impuestos) incomoda. ¿Se debería limitar o no que un doctor dirija la tesis a un familiar o que participe en el tribunal de una tesis dirigida por su allegado? El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant no tiene “nada que decir” sobre estas cuestiones, tras la publicación de un reportaje este martes en EL PAÍS sobre las trayectorias de 50 científicos que publican constantemente con miembros de su familia, con datos de la Oficina Española de Integridad en la Investigación; mientras que los rectores no creen que sea necesario una prohibición nacional y los sindicatos mayoritarios (CC OO, UGT y CSIF) no tienen una postura consensuada. Un expolítico que conoce a fondo los campus reflexiona: “¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién está libre de pecado?”.

Un familiar de un doctorando no puede ser miembro del tribunal, pero no hay en principio veto a los parientes del director de tesis, pese a que este acumula méritos si su pupilo aprueba. Por ejemplo, en un concurso reciente de estabilización de la Xunta de Galicia, se valoró con 0,8 puntos cada tesis dirigida, frente a 0,24 puntos por cada libro entero redactado relacionado con la línea de investigación. El decreto de doctorado sí permite a las universidades poner unos requisitos adicionales

Fuentes de la conferencia de rectores (CRUE) sostienen que ya hay seguridad jurídica: “Las normas existentes para los concursos y procedimientos de selección ya prevén las causas de abstención y recusación en caso de conflicto de intereses o de interés personal en el asunto, que es aplicable en las relaciones de consanguineidad”. Y añaden: “Además, las universidades están aprobando códigos éticos o normas de doctorado, en los que se establecen limitaciones para garantizar, aún más, el principio de igualdad de oportunidades”. En un tribunal de tesis no se compite contra nadie, por lo que es inusual que se impugne el tribunal.

Los reglamentos de los que habla la CRUE tienen un recorrido muy desigual entre universidades. En la Universidad de Valladolid creen que es incompatible la dirección de tesis, porque el director tiene que evaluar anualmente al pupilo. En cambio, en la Universidad de Alcalá, el hijo de la profesora de Química Isabel Iriepa leyó una tesis el curso pasado y cofirman 14 de los 18 artículos de él, que se ha ido a Arabia Saudí. No hay ninguna ilegalidad. Alcalá, se explica desde su departamento de prensa, ultima una normativa sobre acceso a las plazas en la que se impide sin recusación que estén los familiares en los tribunales.

La Federación de Jóvenes Investigadores considera que no se debe permitir la dirección de tesis entre allegados ni la participación en los tribunales, pero cree que es más complicado legislar otras prácticas. “En convocatorias predoctorales [para hacer la tesis] se ha favorecido a personas cuyos padres eran profesores titulares. No estaban en el comité evaluador, pero el comité infla los currículums y consiguen el contrato predoctoral”, explica su presidenta, Cristina Rodríguez. “¿Pero eso cómo lo cuantificas? Porque los padres no están. No hay esa clara conexión por el apellido por el que se da un caso en el que por ser ‘hijo de’ te cargas la igualdad de oportunidades en el trabajo y en el empleo público”.

La complicación de legislar

La Facultad Invisible ―una asociación que reúne a los premios nacionales de excelencia académica― no ve problemas en la dirección de tesis si es “producto del esfuerzo del doctorando” pariente, pero sí en la composición de los tribunales. “Nos preocupa la falta de mecanismos para asegurar que los coautores han sido elegidos en base a criterios académicos y no por su vínculo familiar y que todos los firmantes han efectivamente participado en la investigación”, sostiene su presidente, Óscar García Oltra. “Si la elección meritocrática y participación efectiva se cumplen, sería injusto pensar que una investigación es de peor calidad o menos legítima. Es un tema complicado de controlar”, añade. En el departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia, por ejemplo, trabajan juntos los Llopis Morales. En seis años el hijo ha firmado con sus padres 29 de sus 31 artículos, al tiempo que montaba su negocio y se graduaba de otra carrera. El matrimonio comparte 66 publicaciones y otro hijo debutó como autor el año pasado. Tampoco ellos se saltan la ley.

Antonio Abril, presidente de los consejos sociales de las universidades ―el órgano que hace de puente entre la academia y la sociedad―, cree por su parte que “no por el hecho de tener vinculación con una persona que puede influir en una decisión profesional que te beneficia, tienes que abstenerte de postularte a ella”, pero también considera “esencial” que existan unos códigos de ética para garantizar “que no peligre la objetividad”. Y por eso recuerda a los campus que la nueva ley universitaria (LOSU) les obliga a implantar un código ético y a los consejos a velar porque se cumpla.

Jesús Escribano, responsable de Universidad de Comisiones Obreras de Madrid, argumenta que es una “cuestión más ética que laboral” y por eso para el sindicato es complicado actuar en estas situaciones. A título personal, no ve “razonable” dirigir la tesis a un familiar. “Recuerdo una investigadora francesa, hace años, que estaba muy sorprendida de que, en una tesis, fuesen hermanos el director y la autora. Es algo ético. Es como los profesores que no son tribunal de la selectividad el año que se presenta su hijo”. Escribano, matemático en la Universidad Complutense, cree que en “España se viene dando cierta tradición de dejarnos llevar por ciertos amiguismos y eso ha llevado a evaluar por criterios en principio “objetivos”, como el número de artículos, no por su calidad o por los conocimientos de los candidatos. Y eso favorece un tipo de publicaciones en los que no se sabe quién hace qué”.

La CRUE coincide con Escribano y anuncia que este viernes se presentará la iniciativa europea de la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) ―en un acto junto al ministerio, el CSIC y la agencia de evaluación ANECA― para establecer “una reforma alineada con la filosofía de la ciencia abierta, en la que se prime la calidad sobre la cantidad de publicaciones”, para lo que será necesario diseñar modelos de evaluación.

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