Sagas familiares en la universidad: 50 carreras científicas construidas con un pariente

José Antonio Sotelo, catedrático de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resume en una frase la trayectoria de su familia: “Todo lo relacionado con nuestra actividad profesional se halla sustentado en la estricta legalidad vigente”. Él coordina un doctorado del Instituto de Ciencias Ambientales que dirigió y que ahora lidera su hijo Ignacio. Este, licenciado en Derecho aunque con sendas tesis en Derecho (2019) y Geografía (2020), una codirigida y otra dirigida por su padre, trabaja como profesor ayudante doctor, un puesto abajo del escalafón académico pero suficiente para ocupar el cargo directivo. “Fue un proceso electoral en toda regla, con calendario, presentación de candidaturas, día de votaciones...”, explica la UCM. Según el portal de la universidad, ha firmado 13 de sus 38 artículos con su padre y su hermana María, y otros 17 solo con ella, ahora profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. María, por su parte, signa otros 12 artículos con su padre entre otros autores. Los tres aparecen como vocales de la Real Sociedad Geográfica.

La ley española permite que un alto porcentaje de la producción científica de un investigador sea hecha junto a los familiares más próximos, como en el caso de los Sotelo, que un familiar le dirija la tesis doctoral o que lo incluya en su grupo de investigación de una universidad pública. No avala, sin embargo, que le evalúe la tesis, sea miembro del tribunal de una plaza o de un concurso de adjudicación de recursos (sufragados con los impuestos). La Oficina Española de Integridad en la Investigación (OEII), conformada por investigadores que persiguen malas prácticas científicas, se plantea si no hay un trato de desigualdad ―y, por tanto, la universidad debería limitar estos hábitos―, y ha recopilado y cruzado con datos públicos las trayectorias de más de 50 personas que cofirman de forma constante con sus familiares. Las prácticas recogidas en este reportaje se enmarcan en la legalidad, pero plantean debates sobre la meritocracia y la igualdad de oportunidades.

La física Teresa Serrano, exdirectora general de Investigación y Transferencia del Conocimiento de Andalucía con el PP, tiene una extensísima red de publicaciones con su familia. Ahora es directora de un instituto del CSIC en Sevilla, puesto que antes ocupó su pareja, Bernabé Linares; ambos dan clase en la Universidad de Sevilla. Según el catálogo OpenAlex, ella comparte 21 artículos con su hermano ―que ahora está en la empresa privada―, 215 con su marido y 15 con su cuñado Alejandro, catedrático de la misma universidad. Los hermanos entre sí colaboran en 25, y Linares con su cuñado, en 14. Al grupo se suma ahora, con tres artículos en común, su hijo, quien, tras ganar el premio de mejor trabajo fin de grado de una ingeniería de Andalucía y tener un contrato en prácticas en el instituto de sus padres, hace el doctorado en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, donde trabajó el matrimonio.

Linares explica que su mujer fue su primera doctoranda y firman con muchos hermanos porque todos estudiaron lo mismo. “En nuestro instituto hay varios casos de parejas que colaboran y forman parte del mismo grupo. Es verdad que somos muy productivos [su pareja y él], y llama la atención el elevado número de publicaciones en común, pero es tan solo el reflejo de colaboraciones reales”. A su mujer le preocupa que se ponga en duda su reputado trabajo y recuerda al matrimonio Curie: “Es frecuente que entre los científicos se termine compartiendo trabajos y vidas, quizá por su sacrificio en horas, que hace que muchas veces no sea fácil de compartir vida”.

La colaboración entre miembros de una familia puede resultar muy fecunda, de hecho en Estados Unidos se fomentan las carreras de matrimonios (dual career). Hay al menos cinco parejas que han ganado el Nobel (dos de Medicina y una de Física, Química y Economía) y hay científicos más brillantes que sus padres. Pero, ¿dónde está el límite que separa la cooperación del trato de favor? En el sector privado hay medidas para prevenirlo en sus códigos de ética y conducta. En el Grupo FCC se necesita autorización de recursos humanos. En Nestlé y el BBVA, un trabajador no puede postularse a un puesto en el que el familiar es jefe. “Si en una unidad coincides con un familiar y alguno de vosotros sois el superior jerárquico o funcional del otro, trasladaremos a uno de vosotros”, dice el reglamento interno del Banco Santander.

La ley española permite que los campus impongan requisitos adicionales para ser director de tesis, y la Universidad de Valladolid prohibió hace un par de años que este sea pariente del autor. “Un director no solamente dirige, sino que también evalúa anualmente al doctorando, y ahí los servicios jurídicos veían motivo de incompatibilidad”, cuentan desde su escuela de doctorado. Almudena Recio, experta en marketing y ahora en la empresa privada, no tuvo ese problema. Se formó fuera de la Universidad de Almería, pero su madre, Victoria Román, exdirectora general de Universidades de Andalucía con el PSOE, le dirigió la tesis. “Accedió [a la escuela de doctorado] cumpliendo las normas”, explica su madre. Ambas, con su padre, Manuel Recio, también profesor titular allí de Economía y exconsejero de Empleo de Andalucía (está imputado en el caso de los ERE), cofirman sus nueve artículos, según Google Scholar, y cuatro de ellos conforman la tesis por compendio de la hija. “Ella no ha hecho toda su carrera a la vera de su padre y de su madre, si con ello ha de entenderse que ha recibido un trato de favor”, asegura la madre.

En la Universidad de Granada también han puesto un freno: “No se aceptarán propuestas de tribunales cuando alguno de los miembros presenten con los autores de las tesis o los directores un vínculo matrimonial (...) o parentesco de consanguinidad”. Eso no ocurre en la Universidad de Valencia, donde los catedráticos Guillermina Font y Jordi Mañes se han jubilado en el departamento de Medicina Preventiva, en el que su hija Lara Manyes i Font es profesora titular desde los 37 años. Ella, que se doctoró en Salamanca (2012), entre 2015 y 2022 ha participado como directora o coordinadora de ocho tesis ―dos con su madre y una con su padre como codirectores―y siempre ha estado al frente del tribunal el otro progenitor. “Estuve en el paro al acabar la tesis, trabajando para una empresa relacionada con la investigación un año, y luego cuatro años de investigadora junior con contrato a media jornada en los años más duros de la crisis”, relata Manyes, quien en las últimas elecciones municipales ocupó el puesto número dos de la lista de Podem y Esquerra Unida PV a la alcaldía de Valencia tras Pilar Lima.

Esta implicación en la dirección de ocho tesis puede suponer para Manyes, que ha sido presidenta del comité de empresa de la Universidad de Valencia (CC OO), puntos en cualquier concurso de méritos. Ella ha publicado, según RerearchGate, 47 artículos, papers y pósters de congreso con su madre, 16 con su padre, 2 con ambos y 30 con otros autores. “En los proyectos de investigación [dirigidos por mis padres] participábamos una media de 10-12 investigadores predoctorales, investigadores posdoctorales, profesores titulares y catedráticos del departamento, publicando todos prácticamente al mismo nivel”, relata Manyes. Los progenitores contestan a preguntas de este diario con un resumen escrito de sus reputadas trayectorias científicas.

Se suele repetir el mismo patrón dentro de la legalidad. El familiar de más edad es el director del grupo de investigación o departamento y tiene a sus órdenes a personas que se sientan junto a su hijo o hermano y comparten quehaceres. El joven pronto firma artículos y esos méritos les abren la puerta de una beca para hacer la tesis, un contrato temporal o una estancia en el extranjero. Y a medida que teje su red de contactos, suele publicar menos con sus parientes y lidera sus propios proyectos.

En 2010, Luis Sanz Menéndez, profesor de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, publicó un estudio en el que casi uno de cada cuatro científicos encuestados (un total de 1.583) tenía un familiar de primer grado trabajando en su misma universidad pública o el CSIC. “Lo que está claro es que hay un origen social en el proceso de acceso a la universidad o el CSIC como lugares de empleo”, concluye. Y añade: “Hay mucho parentesco entre las élites científicas, básicamente porque el proceso de reclutamiento es bastante consanguíneo, no digo endogámico. En otros países se ha estudiado. Imagino que hay un proceso de acumulación, en el que cada vez más gente con parentesco trabaja en el mismo campo”.

Lucía Sánchez se graduó en Derecho en la Universidad de Salamanca (USAL) en 2019, pero desde antes de terminar mostró un “interés en la susceptibilidad genética en el desarrollo del cáncer”, lo que la llevó a hacer una estancia ese verano en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca “para familiarizarse”, cuenta su padre, Isidro, su jefe en un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). En ese momento decidió que su tesis versaría sobre la implicación legal de esta susceptibilidad, y así lo manifestaba antes ella en LinkedIn. Luego cursó un máster en derecho privado y otro en biotecnología y leyes, al tiempo que empezaba a firmar artículos con su progenitor, que nada tienen que ver con el derecho. No es “culpa” de ella que su padre sea “uno de los mayores expertos del mundo” en ese campo, se defiende el investigador.

Los tres artículos le han valido a la hija un contrato como “investigadora predoctoral en formación” en el IBSAL (temporal). En el directorio aparece como adscrita a la escuela de doctorado en derecho privado, pero su lugar de trabajo está desde 2020 junto a su padre. Isidro aparece como primer firmante de la “recomendación de contratación” y junto a él, una técnica de recursos humanos y una investigadora del IBSAL con la que él firma constantemente. Lucía logró 10 puntos por su “experiencia en derecho sanitario” y otros 10 por “conocimiento sobre las implicaciones de la susceptibilidad genética en el desarrollo de la leucemia mediante publicaciones científicas”. Él no tuvo que entrevistarla, pues la diferencia con sus contrincantes era insalvable. El padre argumenta que su hija no trabaja con él, pues los tres artículos firmados “son de revisión [recopilan la información más relevante de un tema], no experimentales y se escriben muy rápido”.

Desde el IBSAL afirman que revisarán los hechos “para valorar si es necesario poner en marcha algún procedimiento para evitarlos en el futuro”. Y añaden: “Los investigadores con conflictos de intereses deberían abstenerse en los procedimientos de selección, pero es difícil garantizarlo desde la institución debido al número elevado de contrataciones que se hacen”.

La mayoría de los nexos familiares recabados son de la Universidad de Valencia (UV), aunque desde la OEII no consideran que en ella haya más casos que en otras universidades, sino que es donde más han aflorado. Anna Llorca es contratada doctora en el departamento de Psicología Básica de esta universidad al que pertenece su madre, Mavi Mestre ―rectora y antes vicerrectora de profesorado y decana―, aunque defendió la tesis en otro (2017) con un codirector que ahora es delegado de la rectora. Su entorno ―a través del cual Llorca se pronuncia― precisa que podía haber estado también en otro departamento, porque su doctorado es interuniversitario, pero la vacante del departamento materno salió con anterioridad y aceptó. Primeramente, obtuvo un contrato predoctoral de la Generalitat Valenciana, cuenta su círculo, y renunció al del ministerio, pues con su brillante expediente ―premio extraordinario de carrera, máster y tesis― pudo elegir.

Llorca ha suscrito 11 de sus 29 artículos con su madre y dos capítulos de libros. Varias de sus publicaciones ―no todas firmadas con Mestre― concluyen con un mensaje en el que dice que su investigación ha sido financiada con un proyecto que el Ministerio de Ciencia concedió a su madre. La investigadora argumenta que esta no la colocó allí y su sueldo no estuvo a cargo de ese proyecto.

La carrera de Rosa Micol Ponce también está intimísimamente ligada a la de su familia. Trabaja en el grupo del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche que dirige su padre, José Luis ―en la lista de los científicos más citados del mundo―, y en el que está su madre, Rosa. Ella es su directora de tesis (2017) y con la que ha firmado 25 artículos de los 31 que posee. Volvió a Elche como profesora ayudante doctor en un concurso público en el que dos de los cinco miembros del tribunal estaban directamente a las órdenes del padre en el instituto. Desde la UHM explican que nadie impugnó: “Nosotros cumplimos todos los procesos que la legislación marca. No le puedes prohibir a alguien que ya tiene una vinculación presentarse a un concurso concurrente”.

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