La gran brecha autonómica en los presupuestos de las universidades: de sobrevivir a contratar premios Nobel

En pocos años casi todos los trabajos van a exigir una cualificación superior, y los expertos insisten en que si España, volcada en el turismo y la construcción, no quiere perder comba en la sociedad del conocimiento, tendrá que invertir más en educación e investigación. Hoy las diferencias de los presupuestos universitarios entre autonomías son abismales. Mientras la Universidad del País Vasco pudo permitirse el pasado noviembre contratar para su campus de San Sebastián a dos físicos premios Nobel, otros campus se las ven y se las desean para contar con lo básico para seguir investigando.

Carmen Pérez-Esparrells, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en financiación universitaria, opina que “en España no hay universidades de primera y segunda en cuanto a la docencia, pero en investigación hay universidades de primera, segunda y tercera”. Y prosigue: “Los rankings universitarios, sobre todo los globales, llevan años potenciando la investigación y los grupos de élite. Todos los países necesitan universidades altamente competitivas, y eso implica mucho presupuesto. Los Gobiernos vasco y catalán han apostado por sus universidades porque son sus buques insignia. Están haciendo políticas de país”.

En 2013, durante la anterior crisis, el Gobierno (del PP entonces) forzó a las autonomías a subir el precio de las matrículas universitarias ―y quienes más lo hicieron fueron Madrid y Cataluña, las menos damnificadas económicamente durante ese periodo―, pero esta recaudación extra de un 31% no fue capaz de compensar la bajada del 27% de la financiación pública entre 2009 y 2015, según los datos oficiales. Incluso en 2017, con unas perspectivas económicas ya halagüeñas, se invertía 192 euros menos por alumno que en 2012 pese a la inflación.

El socavón persiste. La Universidad del País Vasco cuenta con un presupuesto de 437 millones (76% fondos autonómicos, el porcentaje más alto junto a La Rioja) frente a los 297 millones de la Universidad de Málaga o los 384 millones de la de Valencia, dos instituciones de tamaño medio (entre 30.000 y 40.000 alumnos). Pero solo con euros ―condición sine qua non― no es suficiente, se necesita un ecosistema de trabajo que seduzca a los grandes genios con medios, equipos e ilusión.

Competencia mundial

El funcionamiento de las universidades cada vez depende más de la capacidad de obtener proyectos compitiendo en el mercado mundial. En la presentación virtual de uno de los dos premios Nobel ―el estadounidense George F. Smoot; el otro que se ha incorporado es el francés Albert Fert―, Jokin Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco, fue al grano: “Que nadie piense que estas contrataciones son una cuestión de dinero, que se les ofrece un contrato y vienen. Cuando un investigador de este nivel apuesta por un proyecto, es porque valora el nivel científico e investigador que se le ofrece”.

El científico asturiano Hugo Gutiérrez de Terán, profesor titular de la prestigiosa Universidad de Uppsala (Suecia), vuelve ahora a España para ocupar un puesto de científico titular en un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Pese a su extenso currículum, solo hubiera podido opositar a una plaza en universidades de Cataluña ―con su propio sistema de acreditación de méritos― porque no está acreditado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Investigadora), un paso que Gutiérrez de Terán considera un “tedioso e imprescindible requisito”. El sistema, piensa el también secretario general adjunto de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Extranjero (Raicex), está hecho a la medida de quienes investigan en España. Raicex calcula que hay entre 15.000 y 20.000 científicos españoles fuera del país.

Para Gutiérrez de Terán, experto en Bioquímica Computacional, el problema no solo estriba en contar con el dinero. Cataluña, País Vasco y Madrid disponen de unas fundaciones ―ICREA, Ikerbasque e IMDEA, respectivamente― que pueden contratar a expertos sin las ataduras (sueldos tasados y categorías laborales muy rígidas) de la función pública. “La oferta pública de las universidades solo puede ser atractiva para gente que esté empezando y quiera volver a España. Pero con esas condiciones no regresa alguien que gana el doble, tiene un equipo de investigación detrás...”, dice Gutiérrez de Terán. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) sedujeron con esta vía paralela a dos de los científicos españoles más reconocidos en el mundo, Valentín Fuster y Mariano Barbacid, para que los pusieran en marcha.

Pérez-Esparrells opina que “sin figuras así, las universidades no tienen ni financiación ni estructura legal para contratar investigadores de alto rendimiento”. “En el futbol tú necesitas un Messi y un Ronaldo para competir en la liga mundial y, si tu limitación presupuestaria no te permite contratarlos, tienes que buscar otra manera, porque si no te vas a quedar con clubs de fútbol de tercera.”

Gutiérrez de Terán, que anteriormente trabajó en la Universidad de Santiago de Compostela, sostiene que hay que contar también con financiación privada. En Suecia, por ejemplo, hay contratos de investigación de seis años en los que gran parte del sueldo lo sufraga la fundación familiar Wallenberg, y hay un compromiso de la universidad de sacar una plaza con ese perfil cuando acabe ese periodo. En España, con un tejido de pequeñas empresas, los proyectos privados son aislados e infrecuentes. Pérez-Esparrells dice: “Las universidades españolas, y hacen bien, son reticentes a que los grandes mecenas condicionen sus líneas de investigación”.

En Cataluña, el espejo en el que el resto se ha mirado durante años, llegó a desatarse el pánico cuando la Generalitat pasó de invertir 900 millones en 2010 a 760 millones en 2017. En 2019, los ocho rectores de las universidades de la comunidad reclamaron: “Hoy decimos basta. Somos una parte esencial del país. Nuestra supervivencia está en juego por falta de inversión”. Ahora las aguas parecen calmarse. En Cataluña, el Pacto Nacional de la Sociedad del Conocimiento prevé llegar en 2024 a invertir 2.000 millones al año en financiación básica de las universidades y en I+D.

En Madrid ―junto con Cataluña y Andalucía, el sistema universitario más grande, como corresponde a las comunidades más pobladas―, los seis campus públicos llevan años penando y la salida de Ciudadanos del Gobierno autonómico, cuando estaba ultimando una ley para el sector, ha parado los planes de su Ejecutivo. La Comunidad de Madrid les ha devuelto los 325,8 millones que el Tribunal Supremo forzó a pagarles después de que Esperanza Aguirre incumpliese su Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010, pero poco nuevo más. Mientras, en Andalucía la Junta ha probado un nuevo modelo de financiación plurianual, de 2022 a 2026, que permite a las universidades ―al borde de la ruina― que elijan a qué destinan el 10% de los fondos.

No estar en la primera línea no significa tener que abandonar la investigación. Algunas universidades la focalizan en las necesidades locales. Pérez-Esparrells pone como ejemplo que “las universidades canarias y la de Baleares están apostando por investigaciones relacionadas con el entorno, con la economía del turismo, y en Extremadura se están centrando en temas de ingeniería agraria”.

Sistema al borde de colapso

El presidente de los rectores y dirigente de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, hizo un llamamiento de auxilio en la Comisión de Reconstrucción en junio de 2020: “No les oculto que el sistema está al borde del colapso y una situación como la que se ha producido ahora [la pandemia] agrava mucho más el escenario. La voluntariedad y la solidaridad tienen un límite”. Aunque reconoció que algunas autonomías “están aumentando una inversión en I+D”. Las comunidades más generosas han sido, según el rector, Castilla y León, País Vasco y Cataluña.

Por suerte, Bruselas ha salido a socorrer a España con una lluvia de millones. Los primeros 400, para adaptar la docencia presencial a la pandemia, finalmente fueron a la educación superior, aunque “tres o cuatro comunidades” ―Gómez Villamandos no quiso detallar cuáles― trataron de maniobrar para dedicar esos fondos a sanidad. Madrid utilizó parte de estos fondos covid para sus becas universitarias, aunque ese no era el objetivo. Luego han llegado otros 387 millones para atraer 700 talentos de fuera y para estancias en el extranjero de 3.200 investigadores jóvenes, y otros 142 millones para digitalización.

El Gobierno español invirtió, por otro lado, en 2020 unos 2.658 millones de euros en investigación científica, desarrollo e innovación (I+D+I) ―cuya columna vertebral es la universidad―, casi un 42% menos que en 2009, según los datos del Ministerio de Ciencia. En este 2021 la previsión es un 60% mayor por los fondos comunitarios, pero estos caducan en tres años. ¿Y después qué?

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