Los precios de los másteres obligatorios para ejercer bajarán con el único voto en contra de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha quedado solo este lunes en la Conferencia General de Política Universitaria en su rechazo a que las tasas de los másteres habilitantes ―los estudios que hay que obligatoriamente cursar para ejercer de abogado, psicólogo o profesor de secundaria― se reduzcan hasta equipararse con las matrículas de las carreras del curso 2022-2023, que están en proceso de descenso en las regiones más caras. El resto de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ―Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia― se han mostrado partidarias de la propuesta hecha por el Ministerio de Universidades a las autonomías, que son las competentes para establecer los precios. La operación tiene un coste reducido, 10,57 millones de euros. El País Vasco (PNV y PSOE), como siempre por motivos competenciales, se ha abstenido. Los másteres no habilitantes, mayoritarios y más costosos (1.920 euros de media frente a los 1.440 de los profesionalizantes) no se tocan. La iniciativa ha salido adelante con 15 votos a favor.

La Consejería de Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ya no está en manos de Ciudadanos, sino del popular Enrique Ossorio, el responsable de la consejería de Educación. El rechazo de Madrid, que tendrá que desembolsar casi cuatro millones de euros, solo tiene un carácter simbólico porque rige lo acordado en la Conferencia General de Política Universitaria, y el gobierno autonómico tendrá que bajar los precios de estos másteres, aunque no quiera, en los próximos dos cursos. En Madrid, los inscritos en un posgrado habilitante pasarán de pagar de media casi 1.800 euros a abonar 1.100 por año. Mismas cifras en Cataluña, donde la matrícula viene condicionada por la renta familiar (muchos alumnos pagan menos). Los recortes se apreciarían menos en posgrados de regiones con cuantías más bajas —en Andalucía se pasa de 821 a 754 euros— y no afecta a los másteres impartidos en Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias, que cuentan con unas tasas bajas como los grados.

La comunidad que tendría que desembolsar más es Madrid ―tendrá que reservar una partida extra de casi cuatro millones de euros―, seguida de Cataluña (2,5 millones) y Castilla y León (1,2 millones). La noticia ha sorprendido al ministerio, pues el pasado mayo propuso una bajada gradual de los precios de las carreras hasta el nivel de 2011 ―anterior al tasazo― y en ese caso Castilla y León, Andalucía y Murcia sí se posicionaron en contra, alegando falta de recursos, aunque están forzadas a bajar los precios de grado. Galicia, que tiene las tasas universitarias más bajas de España, no entró en una guerra que no le afectaba.

El gasto lo asumen las comunidades dentro de los presupuestos y las transferencias normales, y compensan de esta forma el desequilibrio a las universidades, que son muy partidarias de que los alumnos abonen menos tasas ―España se sitúa entre las comunidades con las tasas más altas de Europa―, pero no a costa de su presupuesto, que está muy mermado. “Hemos votado en contra porque no garantizan la financiación adicional a las universidades”, señala un portavoz de la Consejería de Universidades madrileña. “Y la regulación sobre financiación autonómica establece que, cuando una actuación del Gobierno de la nación suponga un mayor gasto o un menor ingreso para la comunidad autónoma ―y en este caso es un menor ingreso para las universidades― debe financiarlo el Estado”.

Por la pandemia de coronavirus, los campus han recibido grandes partidas de fondos comunitarios ―400 millones para hacer frente a los cambios imprevistos o 124 millones para mejoras informáticas― y el Gobierno central se ha comprometido a ir aumentando el gasto en universidades, que bajó un 21% en una década. En noviembre resultó controvertido que Madrid, que a diferencia de otras comunidades no beca a sus alumnos erasmus, gastase su fondo covid en pagar becas universitarias con dinero del Estado.

El pasado jueves en el Senado, el ministro Manuel Castells reprochó a Madrid ser la única comunidad de España que no ha empezado a bajar el precio de las carreras, a diferencia de Cataluña (ha reducido este curso un 30%) o Aragón. Y emplazó al Gobierno gallego, el único con mayoría absoluta del PP y con tasas muy bajas, que enseñe la senda a la Comunidad de Madrid.

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