Los fondos que Sánchez quiere duplicar suponen solo el 0,3% de la financiación de las comunidades

Las comunidades reciben cada año los recursos que necesitan para poder costear los servicios y las políticas en las que tienen competencias a través de diferentes vías. En este amplio conglomerado se encuentran, entre otros, el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales (FGSPF) y los de convergencia, pero también los fondos de compensación interterritorial (FCI), pensados para intentar corregir los desequilibrios económicos que hay entre unas autonomías y otras. Esta última palanca es la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido duplicar con el fin de aplacar las críticas que ha desatado la financiación singular catalana pactada entre PSC y ERC y la aparente salida de la Generalitat del régimen común. Sin embargo, a juzgar por los números oficiales, el impacto de la medida será completamente residual, ya que estos recursos suponen únicamente el 0,3% de toda la financiación con la que cuentan los territorios.

En España, el dinero que reciben las comunidades de régimen común para costear servicios como la sanidad y la educación llega a través de diferentes aristas. La más importante es el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, el principal pilar del modelo de financiación. En el año 2022, según la última liquidación definitiva del sistema, esta vía superó los 113.000 millones de euros. A ella se le unen otras partidas menores como el fondo de suficiencia global, el fondo de competitividad y el fondo de cooperación, que suman en conjunto más de 10.000 millones de euros adicionales. En total, casi 124.000 millones en recursos. Sin embargo, los FCI que quiere duplicar el Gobierno (y que técnicamente no forman parte del sistema de financiación) mueven únicamente 432 millones de euros cada ejercicio. Por eso, el efecto de doblar esta cifra, por muy grandilocuente que pueda parecer en un principio, es “irrisorio”, “testimonial” o “residual”, opinan varios expertos en la materia consultados.

Los FCI, explica Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador en Fedea, “no tienen que ver con la financiación autonómica, sino con la política y el desarrollo regional”. Son, por así decirlo, unos recursos que funcionan de forma paralela y que están mandatados por la Constitución con el objetivo de hacer efectivo el principio de solidaridad. Por eso, añade, solo pueden acceder a ellos las comunidades que tienen una renta per cápita por debajo del 75% de la media de la Unión Europea. En la práctica son todas salvo Madrid, Cataluña, Baleares, Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Cada año, prosigue Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y también investigador de Fedea, los Presupuestos cuantifican la cifra que se destina a esta partida, cuyo cálculo teórico corresponde al 30% de la inversión del Estado en obra civil. En 2008, “el volumen superó los 1.000 millones de euros, pero a partir de entonces fue bajando y desde hace 10 años se sitúa escrupulosamente en los 432,4 millones”. Es curioso que la cifra sea idéntica cada ejercicio, añade Martínez López, “ya que la inversión estatal va cambiando”.

Al margen de esta peculiaridad, recuerda el catedrático, a los 432 millones habituales se le sumaron en 2023 unos 115 millones adicionales en concepto de remanentes que quedaron sin ejecutar en ejercicios previos. Es decir, los fondos de compensación interterritorial alcanzaron en el último año los 547 millones de euros, por lo que, de salir adelante la medida que estudia el Gobierno con esta referencia, la partida superaría los 1.000 millones de euros, una cantidad que, de nuevo, “sería insignificante”.

Las dudas sobre el alcance de la medida van más allá del potencial volumen de recursos y están relacionadas también con el destino del dinero. Los FCI, apuntan los expertos, están divididos en dos ramas: por un lado está el fondo de compensación general y por otro, el fondo complementario. Las comunidades beneficiadas deben destinar el primero exclusivamente a la inversión, mientras que el segundo está vinculado al gasto corriente ligado a esas inversiones. “No se trata solo de construir un polideportivo o una carretera, sino de mantenerlos en el tiempo”, resume Martínez López. Por eso, añaden los dos expertos, al margen del agujero que provocaría la salida de Cataluña del régimen común, no tiene sentido incluir estos fondos en el debate de la financiación autonómica, cuyos recursos, esta vez sí, permiten sufragar los servicios públicos en los que las comunidades tienen gestión y competencia.

El acuerdo firmado entre PSC y ERC para asegurar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat contempla que Cataluña recaude todos los tributos generados en su territorio a través de una Agencia Tributaria catalana y pague al Estado una aportación, además de una cuota de solidaridad destinada a las autonomías. A falta de otros detalles técnicos, no se conoce ni la cuantía ni el cálculo de esa cuota interterritorial, por lo que muchos expertos temen que el modelo de financiación actual se quede sin buena parte de sus recursos al ser Cataluña una de las regiones que más contribuye. La capacidad tributaria de la Generalitat, señala García Díaz, es de 27.784 millones, “una cifra muy superior a los 864 millones con los que contarían los FCI si se duplica su cuantía”.

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