La financiación singular de Cataluña enfrenta por primera vez al Gobierno y la oposición en el Senado

El Gobierno afronta este miércoles su primer debate parlamentario por la financiación singular de Cataluña. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece por primera vez en el pleno del Senado para dar cuentas sobre los acuerdos entre PSC y ERC que facilitaron la presidencia de la Generalitat a Salvador Illa. Montero se enfrenta a la pinza que han conformado PP y Vox, que acusan al Ejecutivo de Sánchez de haber cedido al “cupo separatista”, junto a Junts, que le afea todo lo contrario al considerar que ha engañado a los catalanes con “un concierto inexistente” que los republicanos vendieron a bombo y platillo. El Gobierno ya se ha anticipado este martes a las críticas del PP al recordarle de nuevo que carece de una propuesta alternativa de financiación.

La alianza del PP, Vox y Junts no consiguió que Montero tuviera que explicar los pactos sobre la financiación catalana en el Congreso. La mayoría absoluta del PP sí forzó, en cambio, su comparecencia en el Senado. Montero casi dio el pistoletazo de salida al curso político cuando en Rota (Cádiz) trató de tranquilizar a las voces más críticas de su partido –entre ellos, el comisario José Borrell, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el de Asturias, Adrián Barbón— al señalar que el sistema de financiación pactado para Cataluña “no es un concierto”. Montero, además, acusó al PP de “mentir” y usar a Cataluña para atacar al Gobierno.

Las palabras de la ministra soliviantaron a los partidos independentistas, pero especialmente a Junts, que todavía está digiriendo la victoria de Salvador Illa y la rápida acumulación de poder institucional de los socialistas catalanes. El Gobierno ahí trata de poner al partido de Carles Puigdemont frente al espejo: si bien le da la razón en que no es un concierto, el acuerdo firmado por Illa —y que Haciendo ha dicho que cumplirá— es idéntico a la propuesta que el Parlamento catalán aprobó en 2005 con el apoyo de CiU, PSC, ERC e ICV y que luego fue rebajado por el Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional. Con esa fórmula, que da la llave de la caja de los impuestos a la Generalitat, los partidos esperaban alcanzar los resultados del concierto vasco de forma progresiva en un periodo de 10 años.

El PP buscará acorralar al Gobierno con la pérdida de recursos que ese pacto puede suponer para otras comunidades, metiendo más presión a los barones socialistas en vistas al Consejo Federal del PSOE del próximo sábado. Frente a esos ataques, el Gobierno insiste en que en ningún caso pondrá en riesgo la igualdad en la prestación de los servicios públicos. A la vez, el Ejecutivo de Sánchez busca vender las bondades del acuerdo: Cataluña ha recuperado la “normalidad institucional” y ha dejado atrás el Espanya ens roba para hablar de un sistema que incorpora la “solidaridad interterritorial”. El ministro de Industria, Jordi Hereu, puso este martes como ejemplo el saludo que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el president Salvador Illa brindaron al Rey durante la Copa del América. “Es una normalidad que creo que es un gran activo, no solo para Cataluña, sino para toda España, porque es la base que nos permite al desarrollo social, económico y hay mil cosas a impulsar a partir de la Generalitat”, afirmó. “Esto era literalmente imposible hace siete años”, agregó.

El Gobierno, además, reprocha al PP que sus barones estén reclamando una reforma del sistema de financiación, pero que carezcan de una propuesta única que plasme una fórmula concreta. “Escuchamos a Feijóo que vuelve de vacaciones sin propuesta, como se marchó. Y cada líder de una autonomía pide lo suyo: Juanma Moreno, la quita; Azcón dice a sus compañeros que no se fíen del Gobierno y, por otro lado, el presidente valenciano [en alusión a Carlos Mazón] pide más recursos y financiación”, afirmó la ministra portavoz Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. Feijóo reunirá a sus barones el próximo viernes para hacer un frente común ante la financiación autonómica, sin que del encuentro se espere un documento con una hoja de ruta concreta dada la disparidad de sus demandas.

Disposiciones de los estatutos

El Ejecutivo de Sánchez viene insistiendo en que varias autonomías tienen ya recogidas sus singularidades, como Baleares o Canarias, ambas dentro del régimen común. Es más, la portavoz del PSOE, Esther Peña, incluso se refirió a las especificidades de provincias como Soria, Teruel o Cuenca, lo cual provocó estupor entre algunos partidos de esos territorios. Montero ya avisó de que la nueva reforma del sistema de financiación no será “al uso”, sino que profundizará en una “mayor federalización del Estado” y una “mayor concesión de autogobierno”.

Peña abogó por abordar la reforma del sistema de financiación desde la “bilateralidad”. Y no solo con el Govern. “Cataluña ha abierto la brecha”, sostuvo. Los Estatutos de Aragón y Andalucía, por ejemplo, contienen disposiciones similares al de Cataluña sobre la agencia tributaria, mientras que el de la Comunidad Valenciana dispone de forma explícita un “mecanismo de nivelación”. Es decir, también comunidades gobernadas por el PP pueden ampliar sus competencias en financiación con el despliegue de sus estatutos. El PP, sin embargo, ha pedido a sus barones que no entren en ese tú a tú con el Gobierno, por mucho que esa sea la manera de superar los vetos cruzados que en una negociación multilateral puedan imponer otras autonomías, incluso del PP.