El cupo vasco y el navarro aportaron al Estado 2.565 millones en 2023, un 23% más

Las aportaciones que realizan cada ejercicio País Vasco y Navarra al Estado alcanzaron los 2.564 millones de euros en 2023, un aumento del 23,3% anual que lleva este pago a un nuevo récord. Estas contribuciones se enmarcan en las leyes del concierto económico vasco y del convenio económico navarro, las cuales establecen una aportación base que va actualizándose cada año en función de una serie de factores. En la práctica este sistema supone un trato fiscal favorable para estos dos territorios, según la postura mayoritaria de expertos en financiación autonómica. En las últimas semanas, el cupo ha vuelto a cobrar protagonismo ante la propuesta de la Generalitat, que defiende un esquema similar para Cataluña.

Según las últimas estadísticas de ejecución del Presupuesto de la Administración General del Estado, publicadas esta semana por el Ministerio de Hacienda y correspondientes al cierre de 2023, Euskadi aportó 1.682 millones en concepto de contribuciones concertadas —el famoso cupo— y otros 58,6 millones por las compensaciones financieras. Estos últimos pagos, según explica Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, están ligados a traspasos muy particulares y minoritarios, relacionados con las políticas activas de empleo o con Muface, entre otros. Por su parte, la aportación de Navarra vinculada al convenio ascendió a los 765 millones de euros, a los que se le suman otros 58,6 millones de las compensaciones financieras.

El cupo vasco y el concierto navarro funcionan diferente al sistema de financiación que tienen el resto de autonomías. Las aportaciones que realizan País Vasco y Navarra están vinculadas a los servicios que el Estado sigue prestando en esos territorios y a otros servicios comunes para todos los ciudadanos. Estos suelen estar ligados al presupuesto en Defensa, a las relaciones exteriores, a las labores ligadas a la pertenencia a la Unión Europea, el servicio de la deuda o a la corrección del déficit de la Seguridad Social, aunque también tienen relación con ciertas cargas generales no asumidas.

Todo este dinero —al contrario de lo que en ocasiones suele pensarse— no va al sistema de financiación que dota de recursos a las comunidades autónomas, y cuya reforma está pendiente de ser abordada por haber quedado totalmente desfasado y crear distorsiones entre los 15 territorios de régimen común. Es decir, las aportaciones que salen de las arcas vascas y navarras van exclusivamente al Estado. De ahí, una parte va al fondo de compensación interterritorial (que no forma parte del sistema de financiación) y el resto se divide entre diferentes partidas.

La cifra conjunta que alcanzan los dos territorios es la más alta de la serie. Tradicionalmente, se movía en torno a los 1.800 millones de euros y llegó a superar tímidamente los 2.000 millones de euros en 2022. Sin embargo, tal y como detalla Martínez López, es lógico que vaya creciendo año a año. En el caso vasco, la metodología que establece el cupo fija una cifra como base, que ronda los 1.400 millones de euros. Esta se actualiza cada ejercicio con un índice que está vinculado esencialmente a los impuestos que se recaudan en el País Vasco y en el resto del Estado. Algo similar sucede con la comunidad foral, aunque con una cifra base sustancialmente menor, de unos 500 millones. Por eso, a mayores ingresos —el año 2023 cerró con una recaudación tributaria récord de 271.935 millones—, mayores aportaciones. “También puede haber ajustes en el sentido contrario, porque hay traspasos que reducen el cupo, pero si los tributos crecen lo normal es que el cupo vaya al alza”, añade Martínez López.

Financiación de las comunidades

La financiación autonómica forma un esquema por el que se reparten una serie de recursos públicos entre las comunidades de régimen común. Se nutre de los recursos que aportan tanto el Estado como las propias regiones y, en esencia, funciona como una suerte de bolsa que reparte los ingresos siguiendo criterios de población, nivel de renta, inversión en servicios o dispersión demográfica. La idea es que haya una distribución más o menos simétrica para que todas las autonomías puedan ofrecer en las mismas condiciones los servicios públicos que de ellas dependen, como sanidad y educación.

País Vasco y Navarra, prosigue Martínez López, realizan aportaciones al Estado, pero no participan en la bolsa del fondo de garantía de los servicios públicos, “en la que sí deberían estar porque su capacidad fiscal es superior a sus necesidades de gasto”, opina Martínez López. Por eso, los principales expertos en financiación autonómica han cargado contra la última propuesta del cupo catalán que se inspira en los casos vasco y navarro, la cual supondría dejar al sistema sin una región que tiene un margen fiscal positivo.

A las contribuciones estatales de las que se nutre el modelo se le suman lo que ingresan las comunidades por los tributos que comparten con el Estado (50% del IRPF e IVA y 58% de los impuestos especiales) y los que tienen cedidos totalmente (como transmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones o patrimonio). A día de hoy solo Madrid, Cataluña y Baleares son aportadores netos, por lo que quitar de la ecuación a la Generalitat supondría dejar al sistema sin unos 20.000 millones de euros.

Nuevos impuestos

Esta semana, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el proyecto de ley que renueva el cupo vasco para el quinquenio 2022-2026, además de las modificaciones del concierto y el convenio vasco y navarro para fijar la cesión de nuevos impuestos. Así, las haciendas vascas pasarán a gestionar el gravamen especial sobre el plástico no reutilizable y el impuesto sobre las grandes fortunas. En el caso de Navarra se incluye la concertación sobre el gravamen a banca y energéticas y sobre el plástico no reutilizable.

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