Los ingresos por impuestos marcan un récord de 271.935 millones pese a bajar la presión fiscal

El año pasado cerró con un déficit público dos décimas mejor de lo esperado (3,66% del PIB, equivalente a 53.556 millones) y una recaudación de impuestos en máximos: 271.935 millones, un 6,4% más que el ejercicio previo. Aun así, la presión fiscal ha caído tres décimas, del 38,3% al 38%. Así lo ha detallado este jueves la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha hecho gala de la salud económica y financiera del país y ha defendido la gestión del Ejecutivo, alegando que cada año ha cumplido con las tasas de referencia comprometidas con Bruselas. También ha asegurado que este año se cumplirá la meta del 3% que marcan las reglas europeas, y que se logrará sin ajustes.

Pese a los buenos datos lucidos por la vicepresidenta primera, acaban de abrirse varios frentes espinosos en materia de finanzas públicas: el Ejecutivo ha renunciado a los Presupuestos de este año, debido a la convocatoria adelantada de elecciones en Cataluña, tiene que lidiar con las exigencias de la Generalitat, que acaba de presentar una propuesta de financiación singular, y deberá volver a enfrentarse a la mayoría del PP en el Senado para aprobar una nueva senda de déficit y deuda.

Montero ha insistido en el modelo de financiación, pendiente de una reforma desde hace una década, estará fundamentado en los recursos de los que deben disponer las comunidades para garantizar los mismos servicios a los ciudadanos, vivan donde vivan. “El modelo ya recoge alguna singularidad”, ha destacado en referencia a la propuesta de la Generalitat, por ejemplo en el caso de las islas. “Y esta es la dificultad que tenemos para encontrar el consenso. Aquí la cuestión estriba en el peso que pueda tener cada una de ella”. Sobre la financiación singular que exige Cataluña no ha dado sin embargo una opinión clara, más allá de insistir en que “el modelo tiene que garantizar la suficiencia de recursos en cada territorio. Cada uno puede poner a discusión su propia variable, pero yo ya advierto de entrada”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había avanzado el miércoles que el déficit público había cerrado el ejercicio con una mejora sobre lo previsto (un 3,7% en lugar de un 3,9%) y un punto por debajo que hace un año (4,7%), una cifra que ahora deberá confirmar Eurostat, la oficina estadística europea, a la que Hacienda enviará la información el próximo día 27. “Gracias al buen desempeño económico del país ya le puedo garantizar que en 2023 vamos a cerrar con un déficit público del 3,7%”, dijo Sánchez en la sesión de control celebrada en el Congreso.

“Hemos batido ampliamente todas las previsiones”, ha remarcado Montero este jueves. “El déficit se ha reducido 6,4 puntos desde el máximo que se alcanzó en 2020″. Una rebaja de 60.000 millones en tres años, ha subrayado, añadiendo que este ajuste se produce con las reglas fiscales suspendidas y pese al despliegue de un escudo social de 120.000 millones de euros desde la pandemia, excluidos créditos y garantías. Sin las ayudas puestas en marcha para mitigar la subida de precios, el desfase hubiera bajado hasta el 2,5% de PIB. “Esta mejora del saldo fiscal se ha conseguido sin recorte alguno”, ha zanjado.

La mejora del déficit se explica en gran medida con el crecimiento robusto que ha mantenido la economía, de un 2,5% en 2023, y la fuerte creación de empleo, además del bálsamo que la inflación ha seguido ejercitando sobre los ingresos fiscales: un tercio del aumento se debe a la subida de precios. La Administración central asumió la casi totalidad de la reducción del déficit en 2023: sus números rojos bajaron del 3% al 2,1%, equivalente a 30.828 millones y 5,6 puntos porcentuales por debajo de la marca de 2020. También fue el subsector que asumió el mayor coste del escudo social desplegado desde la pandemia, por ser el que tiene más músculo con diferencia.

Las comunidades, aunque hayan rebajado el agujero en sus cuentas en dos décimas, del 1,1% del PIB al 0,9%, han incumplido con su objetivo, del 0,6%. Según la ministra, la reducción del déficit autonómico responde los recursos récord que les ha repartido el sistema de financiación. “En los seis años del Gobierno Sánchez, las comunidades autónomas van a recibir un 40% más de recursos que durante el Gobierno de Mariano Rajoy”. Solo cinco comunidades cerraron con superávit. En el caso de las entidades locales ha habido una leve mejora, del 0,11% al 0,09%; la Seguridad Social cerró con unos números rojos con un ligero aumento, hasta el 0,56% del PIB.

“Los datos avalan nuestras políticas económicas”, ha insistido Montero, quien ha destacado las cifras “de empleo récord”, “un crecimiento económico que el año pasado multiplicó por cinco la media de la zona euro” y una transformación decidida del tejido productivo a través de los fondos europeos. “La receta austericida que proponen los gobiernos de derechas es un error. (...). España es un país estable”, ha agregado en referencia a las críticas de la oposición y parte del sector empresarial.

La recaudación por IRPF creció un 9,9%, hasta un récord de 120.280 millones. “Es lógico que el estado recaude más con la creación de empleo y las subidas salariales”, ha defendido la ministra, quien ha recordado que el resultado se produce pese a la rebaja para las rentas más bajas, que ha tenido un impacto de 1.700 millones de euros. También han influido en el resultado unos precios que siguen en cotas superiores a lo deseado y el hecho de que Hacienda haya descartado deflactar el impuesto.

Los ingresos por el impuesto de sociedades también repuntaron con fuerza, un 9%, empujados por la mejora de los beneficios empresariales, hasta los 35.060 millones. El IVA, en cambio, moderó su avance: brindó solo un 1,6% más (83.909 millones), un frenazo que Montero ha achacado a las rebajas de la fiscalidad energéticas y de los alimentos, aunque también ha impactado la moderación de los precios. Los impuestos especiales, por su parte, subieron un 2,6%. La ligera reducción de la presión fiscal, es decir la ratio entre ingresos fiscales y cotizaciones y PIB, se debe, según Hacienda, a la menor presión de la imposición directa gracias a las rebajas fiscales, sobre todo, a la energía.

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