Trabajo dice que la reforma de la indemnización por despido es “imprescindible”

“El régimen jurídico de la indemnización por despido en España difícilmente cumple con la Carta Social Europea”, ha dicho este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. El número dos del Ministerio de Trabajo ya había emitido esta opinión en el pasado, pero el momento en que la repite es importante. Lo hace después de que fuentes conocedoras de la resolución adelantaran a EL PAÍS el fallo del Consejo de Europa respecto a la indemnización por despido improcedente en España tras una denuncia de UGT: el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) cree que el sistema español, que establece un máximo de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no se ajusta a la Carta Social Europea. Esto, en opinión de Pérez Rey, haría “imprescindible” una reforma del sistema.

El secretario de Estado ha indicado varias veces que no puede desvelar cuál es la decisión del CEDS —que todavía no se ha pronunciado oficialmente—, pero la conoce. “Hasta que el Comité de Ministros del Consejo de Europa no emita su oportuna recomendación, que se espera en junio o julio, no puedo pronunciarme”. “Lo que sí diré”, ha añadido, “es que la posición del Ministerio de Trabajo es nítida” al respecto. Esto es, que la normativa actual no cumple “los estándares previstos en la Carta Social Europea”.

El sindicato UGT había presentado una reclamación ante el CEDS en 2022 porque, en su opinión, las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y ese máximo de 33 días por año del sistema tasado español, interpretaba el sindicato, no siempre es “adecuado” o “reparador”. El CEDS les da la razón.

“Fue este Gobierno el que ratificó la versión revisada de la Carta Social Europea”, ha comentado Pérez Rey. Esta asunción del texto internacional se dio en 2021. Justo ese compromiso es el que muchos especialistas mencionan para destacar la importancia de la decisión del CEDS, lo que le da carácter vinculante: en cuanto se haga pública la resolución se abre una vía para que muchos jueces concedan indemnizaciones superiores a los 33 días, siempre que crean que el daño no ha sido reparado por las circunstancias del empleado despedido. Esto ya había sucedido alguna vez, pero ahora se puede generalizar. Insisten en que el Tribunal Constitucional ha establecido en varias ocasiones que los tratados internacionales, si son asumidos, son de obligado cumplimiento.

Reformas comprometidas

“La vicepresidenta ha señalado la falta de ajuste del despido como está configurado, sobre todo en dos elementos clave: los que tienen que ver con el efecto reparador de las sanciones derivadas del despido injustificado, que no siempre atienden a la realidad del daño que causan; y también a su carácter disuasorio”, ha comentado Pérez Rey, que también ha destacado el compromiso de PSOE y Sumar en el programa de coalición al respecto: “Las dos formaciones políticas hablan expresamente de que una de las reformas comprometidas con la ciudadanía es el cambio en el despido para mejorar la protección de las personas trabajadoras y dar cumplimiento a la Carta Social Europea”

“En la medida en que está resolución se sitúe en la línea de lo que ha hecho el CEDS con los casos de Finlandia, Francia o Italia [donde emitió un fallo parecido en circunstancias similares] haría imprescindible una reforma para cumplir con nuestros compromisos internacionales”, ha finalizado Pérez Rey. La pregunta también ha sido dirigida al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, de la parte socialista del Gobierno. Ha preferido no pronunciarse: “No tengo nada que añadir. Soy muy celoso de las competencias de mi departamento”.

Aunque el compromiso de reformar el despido en línea con lo que establece la Carta es de los dos partidos, el PSOE viene mostrando una posición muy diferente a la de Sumar. En sus alegaciones al CEDS el Ministerio de Justicia defendía el actual sistema de indemnización en nombre del Reino de España, en una posición parecida a la de la patronal CEOE. Asimismo, en la pasada legislatura, el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que estaba “muy cómodo” con el sistema “en los términos en los que está en este momento”.

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