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La Fiscalía mantiene que Fernando Roig lideró una “trama de facturación inflada” con las obras del campo del Villarreal CF

La defensa del empresario alega que las acusaciones de fraude fiscal se basan un informe sesgado de la Agencia tributaria

Fernando Roig
El empresario y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, durante un receso del juicio celebrado en Castellón.Andreu Esteban (EFE)
María Fabra

El juicio al empresario y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ha queado este viernes visto para sentencia tras cinco jornadas en las que se ha debatido sobre la legalidad de los pagos de las obras realizadas en el campo de fútbol, ahora llamado de la Cerámica, en 2004 y 2005. Según la Fiscalía, Roig lideró una “trama de facturación inflada” por gastos sobredimensionados o inexistentes que supuso un incremento artificial del IVA soportado para una menor tributación hasta defraudar sobre este impuesto 187.840 euros en 2004 y 337.600 durante el ejercicio siguiente, ambas superiores a los 120.000 euros a partir de los que se considera delito fiscal. La Abogacía del Estado también ha considerado probada la comisión de los dos delitos de fraude fiscal y de falsedad, por los que ambas acusaciones piden seis años de cárcel para el también presidente del grupo Pamesa y el pago de una multa de más de un millón de euros.

La defensa de Fernando Roig ha mantenido que ambas acusaciones se sostienen en el informe de un perito de la Agencia Tributaria que tiene un defecto de sesgo, que pretendía, desde el inicio, probar que el Villarreal CF participó en una trama y que utiliza “argumentos contrarios a la lógica”.

El juzgado número 1 de la Penal de Castellón ha sido escenario del juicio en el que se sientan además otros 14 acusados, entre los que se encuentran dos consejeros del club de fútbol a los que se considera coautores y los responsables de las empresas que realizaron las obras, acusados de cooperadores necesarios.

En su informe final, la Fiscalía ha señalado que Fernando Roig fue quien acordó verbalmente la ejecución de las obras necesarias para la participación del Villarreal en la Champions League. Según la fiscal, “él fue también quien dio conformidad a los pagos” en una “trama de facturación inflada”, en la que todos los acusados actuaron “en connivencia” para “hacer creer que había más gastos que los reales”. Según el relato de la Abogada del Estado, Roig cerró un acuerdo verbal, por nueve millones de euros, a una empresa constructora, EVC, que ya había hecho obras en el campo de fútbol. Esta empresa elaboró facturas falsas y, para no asumir la carga impositiva que esa mayor facturación suponía, se proveyó a su vez de otras facturas falsas de mercantiles supuestamente subcontratadas hasta llegar al escalón más bajo de las empresas “que no percibieron el dinero pretendidamente pagado por las obras”. Según esta acusación, existen tanto facturas que no se corresponden con trabajos realizados, otras que asumen precios “disparados” y de un tercer tipo, duplicadas.

La defensa de Fernando Roig ha basado su intervención en el informe del perito de la Agencia Tributaria “en el que han basado las acusaciones su tesis” que, a su juicio, es improcedente. El letrado ha negado tanto la facturación falsa, ya que los trabajos se hicieron, como la facturación hinchada, “porque no se ha estudiado cuál era el valor de mercado”. “El Villarreal pagó por lo que vale la obra”, ha concluido. Para la defensa de uno de los consejeros del Villarreal, Miguel Pérez, ha señalado que, en el peor de los casos, las irregularidades no superan las cuotas que las convierten en delito.

Las defensas han hecho referencia al hecho de que el TEAR de la Comunidad Valenciana resolvió en su día que el Villarreal CF podía deducirse como gasto las facturas sobre las que no hizo ninguna consideración negativa. El club, que tras la denuncia de Hacienda emitió un comunicado asegurando que había pagado totalmente el IVA, anunció que declinaba comparecer para intentar un acuerdo de conformidad señalado para hace casi tres años.

La letrada de la empresa ejecutora de las obras ha señalado que se trató de un acuerdo entre dos entidades privadas con un precio estipulado y un trabajo hecho. “La Agencia Tributaria ha construido una trama que ha vestido de su teoría de que esto era una trama”, ha concluido.

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