La Audiencia de Castellón obliga a volver a imputar al empresario Fernando Roig, acusado de ayudar a Carlos Fabra a ocultar su patrimonio

La Audiencia de Castellón ha anulado la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital de La Plana y obliga a la jueza instructora a incluir entre los imputados al empresario y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, en la causa que investiga que al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, por ocultar presuntamente patrimonio para impedir la ejecución de su condena por cuatro delitos fiscales.

Roig fue inicialmente imputado por los presuntos delitos de cohecho y colaboración en la frustración de la ejecución de la sentencia por la que fue condenado Fabra y obligado a pagar una multa de 1,3 millones de euros, de los que debía cerca de un millón pese a que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), recibió una docena de “préstamos personales” procedentes de empresarios y políticos y manejó 2,7 millones de euros en dinero en efectivo que realizó Fabra entre 2007 y 2017, además de otras cantidades “no aplicadas finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía Anticorrupción. Ante el juez, el presidente del Villareal C.F. y del grupo Pamesa declaró en 2020 que había prestado dinero a Carlos Fabra porque era su amigo. Posteriormente, el juez procesó tanto a Fernando Roig como a otros empresarios por su participación en la trama diseñada por Fabra, que implicó además a varios miembros de su familia. Pero la Audiencia halló un defecto de forma en su declaración y la jueza que poco antes había accedido al juzgado número 4 decidió archivar la causa respecto a Roig al considerar que “ningún indicio permite vincular los préstamos realizados con otra operación más allá de la decisión de Fernando Roig de ayudar a Carlos Fabra”, con lo que consideró que no había indicios de que ese dinero que Roig entregó a Fabra pueda vincularse con los contratos que el empresario consiguió de la Diputación Castellón o “que hayan realizados en atención a su influencia política” y por los que estaba acusado además de cohecho.

Ahora, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la sección Primera de la Audiencia de Castellón ha ordenado que se vuelva a incluir al empresario entre los imputados y que dicte un nuevo auto de procedimiento abreviado que incluya todas las imputaciones, un proceso que tardará meses de tramitación.