La ley educativa del PP y Vox “invoca la libertad para arrinconar al valencianohablante”, según la Universitat de València

Un informe de la Universitat de València, aprobado por unanimidad por el Consell de Govern de la institución, critica duramente la proposición de ley de Libertad Educativa que promueven en las Cortes Valencianas los grupos del PP y Vox, partidos que sustentan el Gobierno de la Generalitat. “En resumen, vista desde la triple perspectiva sociolingüística, pedagógica y jurídica”, la propuesta constituye un “claro retroceso” en el ordenamiento de la educación plurilingüe, afirma de manera taxativa. “Invocando el valor supremo de la libertad de elección lingüística, arrincona en la práctica a los valencianohablantes, que no pueden hacer valer sus derechos”, prosigue el informe, coordinado por la también académica Vicenta Tasa, con la participación de los expertos en distintas disciplinas afectadas Rafael Castelló, Alfons Esteve, Alícia Martí, Miquel Nicolás, Manuel Pérez-Saldanya y Manel Perucho.

“Es una norma innecesaria, discriminatoria y recesiva, que rompe el consenso conformado en torno a la LUEV a lo largo de 40 años”, prosigue el texto en alusión a la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. La propuesta de ley resulta “inadecuada e inapropiada” por varias razones y parte de “dos premisas erróneas”: que el valenciano es una lengua normalizada que convive armónicamente con el castellano en una situación de bilingüismo simétrico, y que en el ámbito educativo, con la ley vigente, la Llei de Plurilingüisme de 2018, promulgada por el anterior gobierno de izquierdas “se ha discriminado a los castellanohablantes de manera genérica, sin indicar las circunstancias ni los hechos concretos”.

El informe critica la propuesta de una nueva norma, antes de que se haya evaluado los resultados de la aplicación de la anterior. Recuerda que diversas “investigaciones rigurosas” constatan que los alumnos escolarizados con programas en los que el valenciano es la lengua vehicular mayoritaria obtenían mejores resultados que los de castellano, lengua dominante en todos los registros. Además, incide en que la propuesta entra en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, especialmente en la zona de predominio lingüístico castellano, en relación con “el derecho del alumnado a conocer las dos lenguas oficiales” de manera efectiva.

El informe hace hincapié en que la propuesta de ley, que está en plena tramitación parlamentaria, “invoca el derecho de les familias o los tutores legales a escoger la lengua vehicular o de instrucción, pero la libertad de elección lingüística solo se hace efectiva para los castellanohablantes, mientras que la elección del valenciano se ve entorpecida por una serie de trabas y condicionantes que no se aplican al castellano”. “Además, se excluye al resto de la comunidad educativa del proceso de decisión”, añade el texto, que se pronuncia en la misma línea que las observaciones aprobadas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ente normativo oficial, incluido en el Estatut d’Autonomia.

En definitiva, el informe universitario insiste en sus conclusiones en que la nueva propuesta “rompe el consenso social establecido” y es un retroceso evidente. “Lejos de contribuir a una idea equívoca de libertad individual y colectiva, abrirá una fractura social entre territorios y grupos de hablantes”, apunta. Ante este perspectiva, “la decisión más razonable es la retirada de la proposición de ley y la apertura de un proceso de diálogo sereno, meditado y constructivo entre todos los agentes políticos, sociales y académicos, con el fin de relanzar un nuevo consenso a favor del valenciano y del ordenamiento del plurilingüismo educativo en nuestro país”.