El Gobierno rechaza la acusación de UGT de “interferir” para retrasar la sentencia europea sobre el despido en España

Uno de los debates más agitados de los últimos meses en materia laboral es el de la normativa del despido en España. Los sindicatos creen que el sistema tasado en días no protege adecuadamente a los despedidos tras relaciones laborales cortas, que no repara de forma suficiente, como reclama la Carta Social Europea. Este texto es vinculante para España desde que lo refrendó en 2021, argumento al que se agarró primero UGT, y después CC OO, en sendas reclamaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Se esperaba que hubiera respuesta a la denuncia de UGT en noviembre del año pasado, pero de momento no hay resolución, un retraso que se ha colado este miércoles en el Congreso de los Diputados. El diputado de ERC, Jordi Salvador, ha trasladado al Gobierno la queja de este sindicato, que observa “interferencias” del Ministerio de Justicia. El responsable del departamento, Félix Bolaños, rechaza esas injerencias y a la vez reclama “garantizar la plena legitimidad de la decisión que se adopte”.

“Hemos recibido una información importante que hemos contrastado con los sindicatos mayoritarios”, ha indicado el parlamentario catalán, “acerca de posibles movimientos por parte de gente española en el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende directamente del Ministerio de Justicia”. El representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales es Alfonso Brezmes, cargo que ostenta desde marzo de 2018, cuando aún gobernaba el Partido Popular. Salvador ha comentado que esos movimientos habrían consistido en “tratar de influir en esta decisión, y eso sí que sería grave”.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, cree que Salvador ha dado unos datos “muy preocupantes”. “Nuestra reclamación debería haber salido en el mes de noviembre, y eso no ha sido así en función de la actuación de la gente de España ante el Comité. Esperamos que por parte del superior jerárquico en España, que es el ministro, se den instrucciones para que esto se resuelva, que se libere de injerencias”, añade este sindicalista, que considera “más que contrastadas” esas interferencias. El líder del sindicato, Pepe Álvarez, ya se pronunció en la misma línea en hace dos semanas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo no señalan directamente a Justicia, pero dejan caer una posición parecida a la de UGT y ERC: “Lo que creemos es que se tienen que dar todas las garantías posibles a esta reclamación colectiva. No compartimos en ningún caso actuación alguna que impida al Comité resolver sobre una cuestión sobre la que además ya se ha pronunciado en Francia, Italia o Finlandia. Tiene que resolver la justicia”.

Bolaños ha contestado a Salvador que “no hay ninguna interferencia a la labor que está haciendo el Comité en este momento”. “Lo que sí queremos garantizar”, ha matizado, “es la plena legitimidad de la decisión que se adopte. Por nuestra parte, estamos esperando a que se produzca la decisión del Comité para que se aclare la cuestión planteada por los sindicatos mayoritarios”. Además, ha dicho que espera que el Comité “resuelva cuanto antes y sepamos cuál es su criterio”. Ha puesto como ejemplo del compromiso del Gobierno con la Carta Social Europea el empeño en acompasar el salario mínimo con el 60% del salario medio, como recomienda este texto.

“No discutía el salario mínimo, sino los despidos improcedentes. Saben que no cumplen con la Carta Social Europea en este punto. Sencillamente, pedimos que la cumplan. Ahórrense ser condenados, hagan una ley que cumpla, que haga el despido reparador y disuasorio”, le ha contestado Salvador. La Carta reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Algunos expertos, en línea con los sindicatos, creen que el tope de 33 días por año no tiene por qué coincidir con lo que un juez considere “adecuado” o “apropiado” ante el daño causado, un análisis para el que se deberían tener en cuenta las circunstancias personales de la persona despedida.

Compromiso de Gobierno

PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de Gobierno a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Sin embargo, los socios vienen expresando opiniones divergentes. ”No se puede saber con anticipación cuál es el valor de esa indemnización porque va a depender de muchos factores. La clave está en la reparación adecuada y que el despido sea disuasorio”, dijo recientemente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En su departamento, en línea con los sindicatos, también se viene hablando de la posibilidad de una indemnización mínima que sirva como suelo. Son posiciones que no entusiasman al PSOE, que no tocaba el tema en su programa electoral. “El Gobierno español cumple al completo con la legislación europea en materia laboral. Vamos a ver qué resuelve en Comité y a partir de ahí vamos a ver qué dicen los tribunales españoles”, ha finalizado Bolaños. Trabajo plantea la posibilidad de formar un grupo de expertos que recomiende cómo emprender esta reforma.

Los especialistas consultados por este periódico vienen dando por hecho que el Comité fallará a favor de los sindicatos españoles. En julio de 2022 dio la razón al sindicato denunciante francés porque el sistema de este país de indemnización por despido sin causa justificada “establece tramos indemnizatorios obligatorios, según la antigüedad del trabajador y el tamaño de la empresa (lo mismo que España), considerando que contravenía el derecho a la protección en caso de terminación del empleo, tanto en lo que respecta a la indemnización adecuada en caso de despido improcedente como al derecho a la readmisión obligatoria”. El Comité también ha fallado a favor de las reclamaciones sindicales en Italia o Finlandia. Cabe destacar que el Ejecutivo no está obligado a cumplir con lo que diga el Comité, pero el compromiso político de ambos partidos (a partir del pacto de legislatura) sí es claro.

Los empresarios suelen argumentar que el sistema tasado español fija horquillas más altas que las de otros vecinos europeos. Y no les falta razón, pero los expertos siempre recuerdan que el sistema no se puede analizar solo sobre la base de esta variable, que hay otros factores clave como cuánto protege, la fortaleza del desempleo, el tiempo de preaviso, si hay salarios de tramitación... Tomando todo en cuenta, como hace la estadística de la OCDE que mide la rigidez de la protección del empleo, España (2,43 puntos) está por debajo de República Checa (el dato más alto, 3,03), Portugal (2,87) o Francia (2,68), pero por encima de Alemania (2,33) o el Reino Unido (1,9).

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