Las grietas de la ley de la cadena alimentaria: pocas inspecciones y solo ocho multas por vender a pérdidas

Las protestas del campo se han desencadenado en las últimas semanas en Europa principalmente por las mayores exigencias medioambientales de la UE a la hora de producir introducidas por la Agenda 2030 y la excesiva carga burocrática, que se han convertido en dos de las grandes preocupaciones de agricultores y ganaderos. Pero en España también ha vuelto a poner en el punto de mira a la ley de la cadena alimentaria, cuyo objetivo es evitar posibles abusos de poder en el recorrido que lleva un producto desde la explotación agraria al supermercado. Alrededor de 470 sanciones firmes —por un importe conjunto estimado en 1,67 millones de euros— se han impuesto desde 2022, justo después de que se reformara la normativa con el objetivo de prohibir, por primera vez, las ventas a pérdidas y proteger a los eslabones más débiles de la cadena. La mayoría de las multas hasta ahora, según datos del Ministerio de Agricultura, se deben al incumplimiento de los plazos de pago y solo ocho corresponden a transacciones cerradas por debajo de los costes. El sector agrario considera que es insuficiente y que son necesarias más medidas para evitar irregularidades mientras el Gobierno insiste en que la ley funciona, aunque admite que hay que reforzar los controles.

La ley, que entró en vigor en 2014, se modificó en diciembre de 2021 para introducir más transparencia: desde entonces los contratos alimentarios deben consignarse por escrito y registrarse; tampoco se pueden cambiar las condiciones de forma unilateral ni obligar a un proveedor a vender a pérdidas. Además, desde 2023 se publica una lista con las empresas multadas trimestralmente. La encargada del cumplimiento de esta ley es la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente de Agricultura que activa el procedimiento tras una denuncia y hace inspecciones. En 2022, la agencia realizó 929 actuaciones de oficio para controlar el funcionamiento de las relaciones comerciales entre proveedores y clientes. En el primer semestre de 2023, hubo otras 475 inspecciones. Este es el último dato oficial, a la espera de que se publique la memoria correspondiente al año pasado.

En cuanto a las sanciones, solo ocho se han debido a “destrucción del valor de la cadena”, es decir, por venta a pérdidas, y todas fueron registradas en 2022. En ese año no se publicaban todavía los nombres de las empresas sancionadas; en la memoria solo se indica que son comercios minoristas y las sanciones están relacionadas con el sector lácteo. A partir de 2023 se han empezado a publicar las listas detalladas, aunque durante ese año no se han registrado multas por venta a pérdidas. Sí aparecen, entre otras empresas, sanciones a Carrefour y Dia por incumplir los plazos de pago, que están fijados en un máximo de 60 días, de 3.000 y 6.900 euros, respectivamente.

La cadena alimentaria, que va desde el productor en el campo hasta el supermercado, ya estuvo en el centro del debate durante 2022 y el primer semestre de 2023, cuando los precios de los alimentos se dispararon en toda Europa. Ahora, los precios se están moderando, pero las protestas de los agricultores han vuelto a dar protagonismo a esta habitual queja del sector: aseguran que, aunque ha habido avances con esta nueva ley, sigue habiendo abusos y sus márgenes se ven perjudicados. Esta es una de las demandas de las movilizaciones del campo, que han entrado en su tercera semana, además de pedir que se simplifique el papeleo para obtener ayudas públicas y se flexibilicen las normas medioambientales en la UE.

“Está claro que la ley de la cadena ha supuesto una influencia positiva, pero se necesitan más inspecciones de oficio”, afirma Andoni García, experto de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En esta organización agraria son partidarios de desarrollar un sistema de alertas que, de forma más automática, avise de irregularidades en niveles de precios de los contratos. “Las denuncias garantizan el anonimato y una empresa inspeccionada nunca sabe si es una denuncia de oficio o de un proveedor, pero hay miedo”, añade.

José Ugarrio, técnico de la organización Asaja experto en esta ley, explica que el problema de fondo es más complejo y está ligado a la desigualdad de poder entre quien vende, generalmente un agricultor o ganadero, y la industria, los grandes intermediarios o un grupo de distribución. Este técnico especifica que ante la gran cantidad de vendedores y el decreciente número de plataformas compradoras, sumado a que se trata de productos perecederos que no se pueden almacenar, los agricultores carecen de margen para negociar, por lo que muchas veces aceptan el precio del distribuidor, incluso si está por debajo de los costes de producción.

Durante los dos años de crisis de precios de los alimentos, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha insistido en que los controles han funcionado relativamente bien y que, aunque hay margen para mejora, las subidas de precios se han trasladado sin abusos del inicio de la cadena hasta los puntos de venta. El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido un 24% acumulado entre 2021 y 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras los precios en origen, los de campo, lo han hecho en torno al 50%, según los datos de Agricultura. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las dos evoluciones no son del todo comparables, ya que no se trata exactamente de los mismos productos.

La distribución siempre destaca que, de media, las grandes empresas tienen un margen neto sobre ventas del 2,5%. “Esto es, de cada 100 euros facturados, el beneficio final es de 2,5 euros”, explican en Anged, la patronal de las grandes superficies, que agrupa a El Corte Inglés o Carrefour. También destacan que el último Observatorio de Márgenes del Banco de España señala que “los márgenes sobre ventas en el comercio de alimentos encadenan dos trimestres de descensos, sin haber podido revertir las contracciones experimentadas durante la crisis energética”.

En la diferencia entre el precio de origen y el de venta al público, recuerdan, hay una agregación de servicios, como el transporte, almacenamiento, la gestión de las tiendas, la gestión de los desperdicios, los costes energéticos o los impuestos, entre otros elementos. Y señalan varios problemas relacionados con la ley, como que restringe la capacidad de negociación entre las grandes empresas de distribución frente a grandes empresas de la industria alimentaria.

El objetivo de Agricultura ahora es reforzar las inspecciones y anima a los productores que se sientan maltratados por la cadena a que denuncien de forma anónima. Para dar más poder a la AICA, quiere convertirla en una agencia a nivel estatal. También quiere una mayor participación de las comunidades en los controles. “La ley funciona y está dando resultados en los precios de origen”, ha dicho esta semana Planas, que considera que uno de los problemas es el cálculo de los costes en los contratos.

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