Irracional gestión de los desahucios

Decenas de miles de hogares malviven angustiados pendientes de que el Gobierno renueve la moratoria de los desahucios que impide expulsar de sus casas a las familias vulnerables. Una inseguridad que se ha cronificado tras sucesivas moratorias en la última década. Ahora están pendientes de que se renueve la última que vence en mayo de 2024.

El abogado Javier Jiménez, asociado a Adicae, explica su experiencia en Granada. “Numerosas familias viven en las casas que en su día fueron suyas. Con la crisis perdieron su empleo y no pudieron pagar la hipoteca. No los han podido echar por las sucesivas moratorias del Gobierno. Algunas llevan así ocho años. Ahora no duermen esperando una ampliación del plazo”.

Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), estima que en Catalunya hay unas 9.000 familias pendientes de la moratoria, según fuentes oficiales. Jiménez apunta que en España podrían llegar a 500.000 las personas afectadas. El último informe de la Comisión de Control sobre el Código de Buenas Prácticas indica que desde 2012 han recibido 139.795 solicitudes, de las que se han atendido un 45% (55.705 reestructuraciones de deuda; 8.324 daciones en pago y 20 quitas). El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España señala que de las 42.000 solicitudes recibidas este año, los bancos han aprobado el 9%.

Es difícil encontrar un ejemplo de mayor irracionalidad económica que la forma en que la banca ha gestionado los créditos para la vivienda impagados. A raíz de la crisis financiera se produjeron desahucios masivos. Los bancos se adjudicaron cientos de miles de inmuebles y luego tampoco supieron qué hacer con ellos. Los malvendieron a fondos especulativos a precios reventados que en ocasiones representaban el 5% de su valor.

Jiménez explica que el Código Civil “prevé la posibilidad de que los deudores se liberen de la deuda y recuperen la propiedad de sus viviendas pagando el precio que habían satisfecho los fondos, por el derecho de retracto. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado esta posibilidad cuando el crédito se ha transmitido conjuntamente con otros”. Una interpretación restrictiva sin justificación. El abogado recuerda que en las ventas en bloque, los bancos ocultan el precio de las operaciones y que los fondos especulativos, generalmente con sede en territorios de baja fiscalidad como Luxemburgo o Malta, no han suscrito el Código de Buenas Prácticas. Los bancos y fondos se resisten a ofrecer rebajas sustanciales a sus antiguos clientes como las concedidas a los especuladores. Mientras tanto, la PAH exige voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y obligar a bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales recordando que las entidades han sido rescatadas por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación.

Ha sido la gestión más inepta de esta crisis. Si al principio los bancos hubieran negociado con las familias en lugar de correr al juzgado habrían obtenido mejores resultados que en sus tratos con los especuladores y evitado un drama social.

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