1.200 millones para evitar que en España haya 28.500 personas sin hogar

Cerca de 30.000 personas carecen de un hogar en España. Este problema se ha incrementado en los últimos años pese a las recomendaciones de organismos nacionales y europeos para combatirlo. Pero el sinhogarismo, aunque sea la cara más extrema y dolorosa, no puede entenderse sin el contexto de dificultades crecientes en torno a la vivienda. Con ese enfoque, la consultora EY presenta un análisis de la situación y una primera aproximación económica a su solución: para poner remedio, estima el estudio, se necesitaría una inversión inicial de 1.200 millones de euros. A esto, luego, se sumaría un desembolso anual de entre 150 y 175 millones en políticas asistenciales para los afectados.

La estimación parte de la consideración de que en España había 28.552 personas sin hogar, según los datos del INE para 2022. Partiendo de esa base, serían necesarias unas 10.000 viviendas, que con un coste promedio de 120.000 euros (entre el valor del activo y los gastos de adecuación) elevaría la factura inicial a 1.200 millones. Pero hay que tener en cuenta que no toda esa inversión sería en dinero, una parte puede provenir de la cesión de inmuebles. Y también se puede beneficiar de subvenciones o aportaciones por parte de las Administraciones u otros propietarios. De hecho, la necesidad de financiación se estima en un máximo de 600 millones, según el informe que este lunes presenta EY, y al que ha tenido acceso por adelantado EL PAÍS.

El análisis parte de la estrategia Housing First (la vivienda primero), que consiste en dar una vivienda estable tan pronto como sea posible a las personas que carecen de una y es la que recomiendan la mayoría de expertos y el propio Parlamento Europeo. Conseguidos los inmuebles para ello (algunas personas vivirían agrupadas por ser familia o porque sus circunstancias recomiendan un piso compartido, lo que se conoce como Housing Led), posteriormente habría que pagar un alquiler. Eso, incluyendo gastos de mantenimiento e impuestos, supondría un desembolso anual de entre 96 y 120 millones. A lo que se suman los 55 millones en los que se calculan los salarios de casi 1.500 empleados cualificados para gestionar las viviendas y el acompañamiento de las situaciones de vulnerabilidad.

El músculo financiero necesario para enfilar esta solución, que se plantea como “un ejercicio generalista que requeriría un análisis cuantitativo más profundo”, podría provenir en gran parte del sector privado. La consultora recalca que España tiene 3,4 millones de viviendas vacías y “determinados actores” del mercado inmobiliario “podrían aprovechar esta solución para dar salida a parte del stock”. Además, recuerda que muchos inversores focalizan sus estrategias de sostenibilidad “en la dimensión medioambiental, mientras que tienden a no impulsar la dimensión social por el desconocimiento o falta de oportunidades en el mercado”.

“No parece que sea un problema económico o una situación que no sea viable económicamente”, abunda Félix Villaverde, quien ha participado en el estudio como gerente del área de Estrategia y Transacciones de EY. “Lo que hay que hacer es que de alguna manera el inversor privado lo vea como una oportunidad”, añade, “abrir un debate en el que los diferentes actores [inversores, organizaciones sin ánimo de lucro, Administraciones] vean que hay una oportunidad y ponerles en contacto”.

A modo de ejemplo, EY presenta el caso de techô, una socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) nacida en 2022 en la que participa junto con otras compañías del sector inmobiliario. La firma se centra en la provisión de vivienda para familias vulnerables y, partiendo de una inversión de 16 millones, aglutina ya 120 pisos que gestionan una treintena de entidades sociales. “No se busca maximizar la rentabilidad económica por la vía de las rentas”, explica también al teléfono su presidenta, Blanca Hernández. “Renuncias [como accionista] a eso por la rentabilidad social de saber que estás ayudando a la capa de tu país con mayor vulnerabilidad”.

Hernández es una de las personas que prestan su voz en el informe, en el que también participan entidades del tercer sector y expertos para aportar soluciones y ayudar a definir el problema. A su juicio, “hasta ahora las empresas no buscaban tantos proyectos propios de responsabilidad social corporativa, las Administraciones no dedicaban tantos fondos a subvencionar plazas y muchas entidades de trabajo tenían una metodología de trabajo ambulatoria [atención en la calle, lo contrario al Housing First]”. Pero el mensaje de la directiva es de esperanza: “Si todos tomamos conciencia y todos trabajamos juntos, como el modelo de techô, se puede hacer”.

Un problema en aumento

Los autores del estudio no ponen paños calientes sobre otras dificultades crecientes. “España tiene un problema con la vivienda”, dice el análisis nada más arrancar. “La vivienda es cada vez más cara y el número de personas sin hogar aumenta cada año. Los problemas con la vivienda no se están solucionando, sino que se están agravando”. Con datos de la OCDE y el Banco de España, la firma consultora destaca que hay 19 provincias donde los precios de alquiler superan el umbral de esfuerzo recomendable (que sitúan en destinar a los gastos de vivienda un 35% de los ingresos). Además, un 77% de la población española entra en los baremos que le permitirían comprar una vivienda protegida. Y más de un 60% también sería elegible para un piso de alquiler asequible. El problema es que este tipo de viviendas escasean.

Y mientras crecen los problemas de asequibilidad, se engrosa el colectivo de personas sin hogar. En la última década, estos casos se han elevado un 24,5% según el INE. El informe analiza seis de las siete comunidades autónomas más pobladas (de Galicia no da datos) para concluir que desde 2012 solo dos, Cataluña y la Comunidad Valenciana, han logrado reducir el sinhogarismo. Por el contrario, este aumentó más de un 17% en Madrid, un 84% en Andalucía, casi un 124% en el País Vasco y por encima del 150% en Castilla y León.

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