Los empleados públicos cobrarán hasta un 0,5% más con efectos desde enero para compensar en parte el alza del IPC

El dato adelantado del IPC de septiembre conocido este jueves ha activado un incremento salarial adicional de hasta un 0,5% para los más de tres millones de empleados públicos existentes en España. Este incremento adicional de los sueldos públicos está recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por UGT y CC OO en octubre. Dicho acuerdo prevé para 2023 dos incrementos salariales: una subida fija del 2,5%, que ya se aplicó en enero, y dos posibles subidas variables adicionales: una “hasta un máximo del 0,5%”, vinculada a la evolución de los precios y otra del 0,5%, ligada al PIB.

El primer incremento adicional estaba previsto si la suma del IPC armonizado de 2022 y 2023 (hasta septiembre) superaba el 6%, algo que se ha confirmado este jueves. Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública recuerdan que el acuerdo publicado en el BOE recoge “un incremento retributivo adicional máximo del 0,5%”, por lo que cada administración deberá negociar ahora qué incremento adicional aplica, con este tope de medio punto porcentual. Dicho esto, los más de medio millón de trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), sí recibirán la subida extra completa del 0,5% y lo harán, a ser posible, en la nómina de octubre, han precisado fuentes de la negociación salarial.

La segunda subida salarial incluida en el acuerdo para 2023 se aplicará si el PIB de este año alcanza el 2,1%, por lo que el incremento conocido hoy podría no ser el último para este año. De hecho, todo apunta a que la economía española crezca por encima de ese porcentaje si se atiende a las últimas revisiones hechas por la Comisión Europea, que calcula un avance del PIB español del 2,2% para este año, o por el Banco de España, que mantiene su estimación de un aumento del 2,3%.

El pacto entre Hacienda y los sindicatos indica también que esta paga extra para compensar en parte el incremento de la inflación tenga efectos retroactivos y se aplique desde el 1 de enero de 2023. Pero también señala que debe abonarse en el mes de octubre. Desde Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaban esperando a conocer el dato de IPC publicado este jueves para reunirse con los sindicatos y abordar las fórmulas concretas de pago de estas cantidades extra, algo que harán cuando reciban la confirmación oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras esa reunión, la paga extra deberá aprobarse en un Consejo de Ministros y, después, aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Solo entonces, los habilitadores de las administraciones (personal encargado de elaborar las nóminas) podrán aplicar la subida. En principio, los responsables de la Administración General del Estado (AGE) intentarán que su plantilla lo cobre a final de este mes, pero fuentes sindicales opinan que podría retrasarse al mes siguiente. En cualquier caso, estas fuentes recuerdan que el pago será retroactivo con efectos desde enero.

El momento del abono de estas cantidades en el resto de administraciones se determinará en la orden de pago que publique el BOE, ya que, por ejemplo, el pasado año se dio plazo a las administraciones autonómicas y locales para pagar los abonos extra acordados para 2022 hasta el 31 de marzo. Pero, en cualquier caso, deberán aprobar una subida adicional para compensar, aunque solo sea en parte, el incremento de los precios.

Este mismo acuerdo marco propició un incremento de los sueldos de estos trabajadores de un 3,5% en 2022 y a las nuevas alzas de 2023 habrá que sumarles las acordadas para 2024; en total recibirán un incremento de sus retribuciones del 8% como mínimo entre los tres ejercicios.

Faltas de pago

Sin embargo, no todos los sindicatos representados en la mesa de la función pública firmaron el acuerdo marco de 2022, ya que la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) se desmarcó del pacto por considerar las subidas acordadas muy insuficientes, en el escenario de inflación desbocada que vive la economía. Según los cálculos de este sindicato, los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 18,95% desde el año 2010, cuando el Gobierno recortó las nóminas de los empleados públicos entre un 2% y un 8%; y, posteriormente, en 2012, el Ejecutivo eliminó también una de las dos pagas extras de los funcionarios —que fue recuperada gradualmente a partir de 2016—.

Además, este sindicato ha denunciado que más de 11.000 empleados de algunas empresas públicas, como Paradores, Navantia, Puertos del Estado, Fundae o Incibe, todavía no han cobrado el incremento inicial del 2,5% previsto para enero pasado en el acuerdo marco firmado por CC OO y UGT y recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Es más, CSIF asegura que hay otra empresa pública, Senasa, donde sus 600 empleados aún no han cobrado tampoco las subidas que acometieron para el resto del sector público en 2023.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal