La CNMV destapa que el presidente de la energética Eidf pudo haber falseado documentos

Eidf Solar, la empresa gallega que lleva más de cuatro meses con la cotización suspendida por la falta de información sobre sus cuentas anuales, volverá al parqué el lunes 28 de agosto. La decisión fue tomada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores este jueves atendiendo a la información que la empresa publicó en las últimas semanas con la reformulación de sus cuentas de 2022 y el informe de auditoría. Sin embargo, el supervisor bursátil ha hecho pública una carta que remitió el pasado lunes a la empresa que tiene varias cargas de profundidad.

El regulador acusa a Eidf de no haber dado al mercado información completa, omitiendo el resumen ejecutivo del informe forensic que la firma encargó a la consultora Deloitte. “La CNMV considera que la información publicada no es completa e incluye omisiones muy relevantes”, expresaba la carta. El informe forensic de Deloitte, abunda, incluye un relato de hechos y evidencias “de gran trascendencia para los accionistas de Eidf”. Entre otras, habla de posible falseamiento de documentos por parte de la compañía de instalaciones fotovoltaicas que preside Fernando Romero y que en 2022 facturó 369 millones de euros. El auditor, PWC, ya señaló en su análisis las debilidades de control interno y su opinión sobre el balance del año pasado contiene importantes salvedades que alertaban de que podían surgir “otros posibles errores y/o contingencias no recogidas en las cuentas anuales”.

¿Por qué levanta entonces la cotización el regulador bursátil? Las competencias de supervisión de la CNMV sobre las firmas que cotizan “no incluyen la supervisión de la información financiera periódica ni la revisión de las cuentas”, admite el organismo, pero sí la supervisión de conductas de abuso de mercado. En la carta enviada el lunes, la CNMV requería a la empresa que publicase cierta información recogida en el informe forensic sin matizaciones ni comentarios añadidos por la compañía. Al no contestar, el organismo que preside Rodrigo Buenaventura ha decidido publicar ese contenido con numerosos indicios de irregularidades.

Documentos falsos

En sus conclusiones, el informe destaca que es Fernando Romero el que “participaba de primera mano en la práctica totalidad de las decisiones de la sociedad”. Continúa diciendo que en algunas de las actividades y operaciones con terceros “se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos”. Algunos ejemplos de estas prácticas harían referencia a la relación de la sociedad con sus clientes, deudores y socios. En relación a tres de los cuatro socios que fueron analizados, la investigación contable encontró “evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad, con el objeto de justificar la falta de control sobre las SPVs”. Las SPV o Special puppose vehicle son empresas constituidas con el único fin de ser un vehículo de la inversión en proyectos de energías renovables.

Otro de los aspectos importantes es el hecho de que todos los deudores que se analizan en el forensic “presentan una vinculación directa con Fernando Romero”, el presidente y consejero delegado de la compañía hasta la fecha. Según el informe, “se identifican numerosas incidencias relativas, entre otras cuestiones, a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados, así como a la falsificación de documentos”. En concreto, especifica que hay indicios que pondrían de manifiesto que el razonamiento de la empresa gallega para justificar ciertos créditos con determinadas sociedades no es real, “y que falseaban documentos (por ejemplo, contratos o facturas) que justificaban la naturaleza de dichos saldos para así poder cumplir con la solicitud del auditor”.

Algún deudor, incluso, habría emitido facturas “que no se corresponderían con servicios efectivamente prestados, por lo que podrían tratarse de facturas falsas”.

El informe forensic destapa más irregularidades después de analizar 51 obras de 35 clientes. Normalmente en el sector los clientes van pagando los proyectos, en este caso instalaciones fotovoltaicas de carácter industrial, a través de hitos que los proveedores van cumpliendo. Pues bien, la empresa de Romero pudo haber adelantado estos hitos sin haberlos cumplido para ir cobrando el dinero de los contratos. Así, por ejemplo, pudo ocurrir en una entrega de materiales de forma previa a la obtención de la AAC (autorización administrativa de construcción). “De aceptarse esa incidencia implicaría que Eidf estaría facturando por un hito que no estaría íntegramente completado, al no disponer de la AAC o de la licencia de obra, por lo que no habría completado la fase de desarrollo de la obra y no se podría dar por iniciada la fase de ejecución, que es cuando es posible proceder a la entrega de materiales”.

En otros casos, la empresa con sede en Barro (Pontevedra) habría facturado obras con un importe mayor, que no se correspondía con los costes a la fecha de facturación, “provocando un desajuste entre el grado de avance real de la obra y los mayores ingresos reconocidos por esta”. Por si fuera poco, en ciertos proyectos los costes carecían de “razonabilidad económica y operativa, por lo que el ingreso registrado no reflejaría la realidad de la obra”.

Materiales fantasmas

La lista de apreciaciones continúa con materiales que, pese a estar en el almacén, se imputaban en ciertas obras. También podía ocurrir que la empresa tuviese reservados en el almacén materiales que, después de levantar la reserva, no llegaban a depositarse en su destino. Hasta en 16 ocasiones se identifica esa situación, según el informe. En otros nueve casos, la compañía incumplía con alguna de las cláusulas de los contratos firmados con los clientes, ya sea por plazos de ejecución o con el calendario de facturación.

Quizá más grave sea otra de las prácticas que retrata el informe y que está relacionada con documentación “que no reflejaría fielmente la realidad, bien sea porque la sociedad habría podido falsificar o modificar dicha documentación o por otras causas (en algunos casos, según la información de Eidf, por errores humanos). En nueve obras se detectó esta práctica.

Antes de que estallase el escándalo, Fernando Romero, en una entrevista publicada el 15 de abril, señalaba a este periódico que la elevada capitalización de su compañía, de 1.721 millones, era sencillamente una consecuencia de su seriedad: “Lo que decimos, lo cumplimos, el mercado nos respalda”. Ahora quedan pocas dudas de que la fulgurante trayectoria de la empresa se verá truncada en cuanto se levante la cotización, el próximo lunes a partir de las ocho y media de la mañana.

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