España busca que ‘los halcones’ no desnaturalicen la reforma de reglas fiscales planteada por Bruselas

España ya se ha puesto manos a la obra para hilvanar un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales antes de acabar 2023. Le toca, como país que preside este semestre el Consejo de la UE, empujar para conseguirlo. Ha señalado dónde ve los cuatro escollos, o “asuntos clave”, y este viernes va a presentar un pequeño texto al resto de Estados miembro planteándoles continuar las negociaciones técnicas en esas cuatro líneas. No será fácil que lo consiga. A Alemania y sus aliados, los países más partidarios del rigor fiscal, los llamados halcones, no acaba de gustarles la propuesta legal que la Comisión Europea puso sobre la mesa en abril. A Francia o Italia, en cambio, sí. También le agrada a España, a la que le toca arbitrar el debate y no puede escorarse. No obstante, en este texto sí que se atisba que la intención del equipo que dirige la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, es “preservar los principios y objetivos clave de la reforma”, según puede leerse en uno de los puntos del texto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La propia ministra española ha acotado los cuatro “asuntos clave” a su llegada a la reunión con sus pares este jueves en Bruselas: “Estamos hablando, en primer lugar, del peso relativo, el papel y el margen de maniobra que tendrán las distintas instituciones, la Comisión y el Consejo en la aplicación de esas reglas fiscales. En segundo lugar, cuáles serían los parámetros básicos para garantizar sendas de reducción de deuda que sean creíbles, que lleven a la sostenibilidad fiscal, pero que sean compatibles con el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo. En tercer lugar, los mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo de estas normas. Y finalmente, cómo asegurarnos de que este marco fiscal va a permitir la financiación de las inversiones necesarias y los bienes públicos europeos”.

De esta lista enumerada por la ministra española, el punto de “los parámetros básicos” para reducir el endeudamiento es, probablemente, el aspecto más complejo. Poco antes de que la Comisión lanzara su propuesta de reforma de reglas fiscales, Alemania planteó unas ideas —muy contestadas desde la comunidad académica— que defendían una rebaja anual de la deuda pública equivalente a un punto porcentual de PIB para los países más endeudados. Este planteamiento para Bruselas son “recetas del pasado”, “números mágicos” o, como decían gráficamente fuentes comunitarias a finales de abril, “es como poner cemento en una tarta”. Lo señalan porque en la naturaleza del planteamiento del Ejecutivo comunitario está tener en cuenta la situación fiscal de cada país a la hora de definir los ajustes, mientras que fijar una cifra igual para todos lo desvirtúa. Y sobre esto, el planteamiento de Madrid para la discusión es “proseguir los debates sobre la idoneidad y el diseño de salvaguardias comunes que garanticen una reducción suficiente de la deuda y eviten la sobrecarga de los esfuerzos fiscales, preservando al mismo tiempo los principios clave de la reforma”.

Lo cierto es que la idea de poner números iguales en las sendas de ajuste para todos no está en la filosofía de la propuesta de Bruselas. La base de la Comisión pasa por no tocar los dos referentes numéricos que ya se implantaron en 1992 en Maastricht, un objetivo de déficit máximo del 3% del PIB y un listón de deuda pública no superior al 60% del PIB. Pero sí que cambia el camino para llegar a ellos cuando se exceden. Plantea sendas de deuda individualizadas de cuatro años para cada país que negociaría la Comisión y el Estado concernido a partir de la concreción de un índice de sostenibilidad de la deuda (algo cuya metodología está por determinar) y que podrían prorrogarse tres años más si así lo pactan las dos partes. También hay salvaguardas comunes sin fijar números: rebaja obligada del ratio de deuda durante el periodo pactado, imposibilidad de dejar para el final las reformas y ajustes pactados o que el gasto neto —concepto en el que no entran partidas cíclicas como el seguro de desempleo— no puede crecer más que el crecimiento del PIB previsto a medio plazo.

Pero esto no es suficiente para Alemania y sus aliados tradicionales en política fiscal en la UE. En junio el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, y otros 10 homólogos de Austria, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Chequia, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia y Luxemburgo publicaron un artículo en el que defendían objetivos comunes. También sugerían que la duración de los planes de ajuste podía ser excesiva, una idea a la que se sumó la semana pasada el Banco Central Europeo cuando el periodo inicial se prolonga hasta el máximo de siete años.

Al otro lado en este debate, van a estar Francia e Italia con los demás países más angustiados por la deuda: Grecia, Portugal, Bélgica, Chipre, como ya se vio el mes pasado en Luxemburgo. Ellos se alinean más con la Comisión.

En este escenario, a España le corresponde empujar el debate para cerrar el acuerdo antes de acabar el año o, de lo contrario, habrá que volver a la reglas antiguas. A partir de 2024, las normas viejas volverán a aplicarse plenamente si antes no hay acuerdo, y esas reglas no son vistas por la mayoría de países como realistas, por la magnitud del ajuste fiscal que exigirían a los Estados con deudas más abultadas. El texto de una página que abordarán durante el desayuno los 27 responsables de Finanzas pretende acotar el escenario sobre los cuatro elementos que más separan a los países y que han sido identificados por los negociadores españoles tras una docena de reuniones de los consejeros de Finanzas de los Estados miembro. Por ejemplo, cuando Calviño habla del “margen de maniobra que tendrán las distintas instituciones”, se refiere a los recelos que tiene Berlín respecto a las negociaciones de sendas fiscales entre Bruselas y las capitales de turno. No lo dice abiertamente Lindner, pero deja ver la desconfianza a que esas conversaciones acaben en una componenda. Olvida, en cambio, que esa senda pactada, con la propuesta de la Comisión, debería examinarse y ratificarse en el Consejo de la UE, es decir, por los Estados.

Otro aspecto clave que divide a los países del norte y los del sur es el “espacio fiscal para inversiones e incentivos para las reformas”. Italia, tomando otro ejemplo, pide que las nuevas normas dejen más margen para la inversión pública. En Roma ha llegado a barajarse la llamada regla de oro, que sacaría del cómputo para el déficit o el superávit presupuestario aquellas partidas destinadas a inversión productiva, una vieja idea del ex primer ministro y ex comisario europeo Mario Monti, que luego retomaron el presidente francés, Emmanuel Macron, y el también ex primer ministro transalpino Mario Draghi.

La nota española acaba preguntando a los ministros si están de acuerdo con los cuatro puntos identificados y se pone a trabajar a los técnicos para “preparar una discusión política comprehensiva y acabar el trabajo legislativo en 2023″. El objetivo es fijar un “intenso calendario de reuniones”, apunta una fuente comunitaria. Se pretende así averiguar en agosto y septiembre cuánto se puede avanzar, aprovechando la reunión informal de ministros que se celebrará dentro de dos meses en Santiago de Compostela, y testar si podría ponerse un texto sobre la mesa en octubre, algo muy complicado teniendo en cuenta el calendario electoral en España y en Países Bajos, el otro país que ha jugado con Madrid el papel de puente entre las dos orillas del debate.

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