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Bruselas exigirá un ajuste fiscal del 0,5% del PIB cuando se supere el 3% de déficit

Los países que superen el límite de deuda del 60% deberán presentar planes cuatrienales de consolidación fiscal ampliables a siete años

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.OLIVIER HOSLET (EFE)
Manuel V. Gómez

Las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea serán menos rígidas a la hora de exigir una consolidación con los países con sus cuentas públicas en peor situación. Pero eso no se traduce en que se acaban los ajustes y los recortes. Los países que, como España, superen el 3% de déficit sobre el PIB y el 60% de deuda de tendrán que presentar sendas de ajustes cuatrienales. Además, los Estados que rebasen ese descuadre presupuestario deberán hacer un ajuste anual de, al menos, el 0,5% del PIB mientras estén en esa situación, según la propuesta legal aprobada este miércoles por la Comisión Europea.

Bruselas explica que con sus propuestas dos reglamentos y una directiva sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento pone el foco en el “medio plazo”, de ahí que plantee esos planes de ajuste a cuatro años, que comenzarán a elaborarse partiendo de la “trayectoria técnica” que publicará la Comisión para los países que superen los objetivos de estabilidad fiscal fijados en Maastricht en 1992: una deuda por debajo del 60% del PIB y un déficit del 3%. A partir de ahí, los Gobiernos plantearán un plan cuatrienal que podrá ampliarse hasta los siete años si se comprometen inversiones y reformas. El resultado deberá contar con la aprobación del Consejo de la UE. No bastará con el acuerdo entre las capitales y Bruselas, como ya sucede con los planes nacionales del Fondo de Recuperación.

“Nuestra propuesta busca dar más protagonismo a los países a través de estos planes estructurales a medio plazo”, ha apuntado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, durante la presentación, que también ha apuntado que busca unas normas más creíbles que las actuales. Las vigentes, aunque suspendidas desde que comenzó la pandemia, tienen al menos un elemento que las convierte en incumplibles después de la exigencia de gasto público que ha exigido la crisis financiera, la pandemia y la invasión de Ucrania: exige reducir toda la deuda pública que supere el 60% del PIB a un ritmo de un veinteavo al año, lo que obligaría a recortes draconianos y abocaría a una recesión profunda a países como Grecia, Italia o España.

Este es uno de los elementos que buscan evitar que las sendas de ajuste se conviertan en una negociación bilateral entre el Ejecutivo comunitario y el concernido por el plan. Hay más: se exigirá una consolidación fiscal del 0,5% del PIB cada año mientras se supere el 3% de déficit anual. Las otras tres “salvaguardas comunes”, adelantadas por EL PAÍS, son: el gasto neto (excluyendo elementos cíclicos, como el desempleo) no puede superar el crecimiento previsto del PIB a medio plazo; la ratio de deuda sobre el PIB tiene que ser más baja en el cuarto año del plan que al comienzo; y, por último, los ajustes no pueden concentrarse al final de la senda pactada con Bruselas, especialmente si se acuerda una extensión a siete años, entonces 4/7 deben hacerse en el primer cuatrienio.

Estos elementos comunes, más de los que había en las ideas generales que la Comisión presentó en noviembre pasado, buscan contentar a Alemania, el país más reticente a tocar las normas actuales, y a sus aliados. Berlín había exigido objetivos “numéricos” comunes, como una rebaja anual de la deuda del 1% sobre el PIB para los países más endeudados (Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica) y del 0,5%, para el resto que supere un volumen total de pasivo del 60%. A la luz de lo presentado este miércoles por el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis y el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, no parece que el Ejecutivo comunitario haya hecho un gran hueco a la demanda alemana.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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