Escrivá apura la negociación sobre pensiones con una propuesta abierta sobre el cómputo de cotización

El calendario apremia. Bruselas sigue pendiente de la segunda parte de la reforma de las pensiones para desbloquear millones de euros del Fondo de Recuperación. El Ejecutivo comunitario advirtió hace meses de que tenía dudas sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y que estas debían despejarse con los cambios que ahora se negocian. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se reunió el lunes con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, por segunda vez en poco más de un mes. El objetivo es desbloquear el debate sobre el periodo de cómputo de las pensiones. El ministro plantea que el pensionista pueda elegir entre distintas opciones, según fuentes de la negociación.

Los agentes sociales y el Gobierno hablan de dos frentes cuando se sientan a discutir sobre pensiones. Por un lado, se debate cómo conseguir más ingresos para afrontar el desafío del envejecimiento, el objetivo detrás de medidas en discusión como el recargo de solidaridad o el aumento de las bases máximas de cotización (4.495 euros mensuales en 2023). Fuentes de la negociación insisten en que el acuerdo es “posible y sencillo” en esta materia, y que se podría cerrar “rápido”, sin contar con la parte empresarial. Por otro lado, los negociadores debaten cómo ajustar el gasto a largo plazo. La propuesta principal del Gobierno en esa línea es incrementar el periodo de cómputo (los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de la pensión). En este sentido, no hay acuerdo ni dentro del Ejecutivo, ni con los socios parlamentarios, ni con los sindicatos, ni con la Comisión Europea.

Con viajes entre Madrid y Bruselas y reuniones telemáticas, como las habidas el fin de semana, el ministro mantiene informada a la Comisión Europea sobre los cambios que plantea en el sistema de pensiones. También intercambian proyecciones de ingresos y gastos y escenarios demográficos. Los números de Madrid y Bruselas no coinciden, y esa es la parte de la negociación con el Ejecutivo comunitario. La reforma es clave para el Gobierno, ya que de ella depende recibir miles de millones de euros en subvenciones y créditos que la Unión Europea tiene reservados para España. El Ejecutivo se comprometió a asegurar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social a medio plazo y tener lista esa hoja de ruta para el cuarto pago del plan, 10.000 millones. La idea original era presentarla antes de que acabase 2022, un plazo orientativo más que incumplido con Bruselas.

La intención de Escrivá es acabar cuanto antes, dice cuando se le pregunta. Pero ahora renuncia a hablar de fechas concretas. “Estamos trabajando para que podamos hacerlo este mes. Puede ser este mes o los primeros días [de marzo]... Es un texto de más de 120 páginas con temas de mucho calado”, ha justificado, dando por seguro con mucha contundencia que este capítulo se cerrará antes de Semana Santa. Al acabar su encuentro en Bruselas con Gentiloni y los equipos técnicos de la Comisión encargados de seguir los asuntos españoles, el ministro de Seguridad Social se mantuvo firme en la defensa de su propuesta sobre el periodo utilizado para calcular las pensiones de los nuevos jubilados: “Siempre hemos creído, y además es una recomendación del Pacto de Toledo, que teníamos que conseguir un sistema más equitativo, sobre todo para aquellas personas que tienen carreras de cotización más volátiles en las que sus últimos años profesionales no son los mejores. Por lo tanto, hay que buscar una vía por la cual ellos puedan descontar años”, informa Manuel V. Gómez.

El sistema actual establece el periodo de cómputo en 25 años. Desde noviembre, Escrivá propone elevarlo a 30 años, pudiendo descartar los dos de peor cotización. Es decir, en la práctica, elevarlo a 28 años. Los sindicatos rechazaron esta posibilidad, al igual que la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo, como verbalizó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Es endurecer el acceso a la jubilación”. El ministro de Seguridad Social está planteando alternativas, como un menú de opciones de cómputo.

En teoría, los aumentos en el periodo de cómputo, de forma general, se traducen en una merma en la pensión final. Al abarcar más años, teniendo en cuenta que en el inicio de la carrera laboral los salarios suelen ser menores, la pensión resultante es menor que con un cálculo de menos años. Sin embargo, si una persona ha tenido una carrera estable sin épocas de inactividad o de menor retribución, sí podría resultarle interesante un periodo de cómputo mayor.

Fuentes sindicales se declaran “preocupadas” por la tardanza en la aprobación de la reforma de las pensiones. “Empieza a apretar el zapato. Hay unos fondos comprometidos que dependen de estos cambios, así que debemos actuar con premura”.

De partida, los sindicatos rechazan el aumento del periodo de cómputo en sí mismo, pero la razón a la que más aluden para justificar su posición contraria es la falta de consenso dentro del Gobierno y con los socios parlamentarios. “Es un elemento distorsionador”, dicen fuentes sindicales, que transmiten que se “podría hablar” de este incremento, pero insisten en la necesidad de que el Ejecutivo cierre antes una posición común que tenga garantizada la luz verde en el Congreso de los Diputados. “Todo se ha paralizado por el periodo de cómputo. Tienen que asegurar que lo que traigan a la mesa tenga apoyo parlamentario suficiente”, afirman. Más allá de Unidas Podemos, también se ha manifestado en contra del aumento del cómputo de cotización ERC, aunque el apoyo del PSC a los Presupuestos catalanes podría cambiar esa postura.

Aplazar el debate

Otra opción que apuntan fuentes sindicales es aplazar el debate sobre el periodo de cómputo y aprobar ahora la parte de los ingresos de la reforma, en la que destaca el incremento de las bases máximas. Como adelantó EL PAÍS a principios de mes, el Ejecutivo plantea añadir un recargo adicional en las cuotas de los sueldos más altos, que se sumaría al aumento progresivo del 30% en las bases máximas de cotización a lo largo de 30 años, y a las seis décimas extraordinarias en los tipos porcentuales de cotización que ya se están pagando. Los sindicatos proponen un destope completo de las bases máximas, y también insisten en la importancia de mejorar las pensiones mínimas.

El lunes, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, dijo que si la reforma se limita a la estructura de ingresos, sin tocar el periodo de cómputo, será “más sencillo” llegar a un acuerdo. “No se puede demorar más”, señalan otras voces sindicales, si bien apuntan que lo ideal sería que la reforma se apruebe al completo “ya”. Sordo también ha destacado que la negociación está “parada” desde diciembre del año pasado y ha subrayado que “reforma tiene que haber”. Aunque no hay reuniones oficiales desde finales de 2022, sí se mantienen conversaciones informales.

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