La reforma de las pensiones abre un debate sobre la justicia social en Francia

Cuando en Francia se habla de reformar las pensiones, no se habla solo de las pensiones. Se ve estos días con los centenares de miles de franceses que salen a la calle para protestar contra el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

La cuestión nunca es únicamente económica y demográfica, nunca se limita a debatir cómo financiar las jubilaciones en una sociedad que envejece y en las que la esperanza de vida aumenta. Porque en este país, cuando se habla de reformar las pensiones, se habla también de otras cosas: de justicia social, de la calidad del trabajo, del derecho al descanso (y hasta a la pereza).

Al anunciar, a principios de enero, un plan para aumentar la edad de jubilación a los 64 años en 2030, el Gobierno francés abrió la caja de los truenos. El proyecto de ley contempla también adelantar a 2027 la obligación de haber cotizado 43 años para cobrar la pensión plena, medida inicialmente prevista para 2035.

Ya se han celebrado cuatro jornadas de manifestaciones masivas, y hay más previstas. El sábado salieron a las calles de ciudades y pueblos de toda Francia, 963.000 personas, según el Ministerio del Interior, y 2,5 millones, según el sindicato CGT. La horquilla es enorme, pero en ambos casos la tendencia es parecida: más manifestantes que el martes pasado, pero menos que el 31 enero, la jornada de protestas más concurrida hasta ahora. Siete de cada diez franceses —de izquierdas y derechas, jóvenes y mayores, ricos y pobres— se oponen a la reforma.

En la Asamblea Nacional, los partidarios del presidente Emmanuel Macron carecen por ahora de una mayoría necesaria para adoptarla. Pero confían en que la derecha moderada de Los Republicanos, históricamente partidaria de esta reforma, vote a favor, sin dar nada por seguro.

El argumento del Gobierno es triple. Primero, económico: la primera ministra, Élisabeth Borne, alertó al inicio del debate que, sin la reforma, el déficit suplementario del sistema de pensiones se elevaría a 100.000 millones de euros en la próxima década. Segundo, demográfico: en los años setenta cotizaban tres trabajadores en activo por cada jubilado; en el 2000, dos; ahora, 1,7; en 2040 serán 1,5. Y tercero: político. Macron prometió subir la edad de jubilación en la campaña que le llevó a la reelección en mayo de 2022, y lo piensa cumplir. Más allá de los criterios económicos y geográficos, está en juego su credibilidad como presidente reformista.

Los detractores de la reforma —sindicatos, izquierda, extrema derecha— replican, a los argumentos económico y demográfico, que la urgencia es falsa. En 2021 y 2022 hubo, de hecho, un excedente en el sistema de pensiones. Algunos economistas señalan que los déficits previstos para los próximos años están lejos de ser alarmantes y que Francia podría tomarse más tiempo para reforma el sistema de una manera consensuada. Otros deslizan la sospecha de que Macron no reforma las pensiones por ninguna otra necesidad que la de cumplir con los criterios de déficit y deuda de la Unión Europea: culpa de Bruselas.

Pero el argumento que más ha calado es otro: el de la justicia social. Al obligar a los franceses a trabajar dos años más, quienes más lo notarán será quienes entraron más jóvenes en el mercado laboral, que suelen tener trabajos más precarios y físicamente desgastantes. Quienes entraron tarde —porque prolongaron los estudios y así tenían más posibilidades de tener trabajos mejor remunerados, y más placenteros— lo notarán menos. Otros perjudicados: las mujeres con carreras interrumpidas por bajas de maternidad y periodos de inactividad, aunque gran parte de este problema ya existe y es fruto de las desigualdades en el mercado laboral y no de esta reforma específica. Otro punto débil: los mayores de 60 años, que ya tienen dificultades para encontrar trabajo o pierde el que tenían. Se hace difícil pensar cómo los franceses trabajarán más si no encuentran empleo a esa edad.

El Gobierno no niega que haya alternativas a trabajar dos años más, pero cree que sería un error recurrir a ellas. Estas alternativas son subir los impuestos, asumir un mayor endeudamiento o reducir el nivel de las pensiones. El montante medio de las pensiones para los residentes en Francia es de unos 1.509 euros brutos, 1.400 euros netos.

Francia, gobernada por un presidente al que la oposición de izquierdas y de extrema derecha acusa a veces de ultraliberal, es el país de la OCDE con mayor gasto social y el tercero en cuanto a gasto en el sistema de pensiones. Con Macron, el gasto no se ha reducido, y con la pandemia y las medidas antiinflación más bien ha ocurrido lo contrario: la economía francesa se ha socializado todavía más.

Pero al presidente se le reprocha que haya reducido los impuestos para los más ricos con la supresión parcial del impuesto sobre la fortuna y que mantenga como un dogma la negativa general a subir impuestos. Las pensiones, en Francia, son solo una parte del problema.

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