La UE contra las compañías fantasma
Bruselas impulsa nuevas reglas, pendientes del visto bueno de los Estados miembros, para impedir que las sociedades sin actividad económica real sean utilizadas con fines fiscales indebidos
La respuesta a la crisis económica y social causada por la pandemia de la covid-19 ha sido un revulsivo en Europa. Uno de los cambios más trascendentes se dan en el ámbito fiscal. Esta vez, la respuesta europea ha sido muy distinta a la aplicada tras la debacle financiera de 2008, basada en la austeridad. Con la pandemia, la Unión tomó conciencia de la necesidad de mayores ingresos públicos para sostener la recuperación y atender a los más perjudicados. Asumió que debía actuar contra las escapatorias tributarias como los paraísos fiscales. Los resultados han sido pobres.
Estudios de la Comisión Europea estiman que la evasión fiscal en la UE supera como mínimo los 82.000 millones de euros al año, de los que entre 36.000 y 70.000 millones corresponden a las empresas y 46.000 millones a operaciones de individuos (Pieter Baert, EPRS). Cifras abrumadoras que se pueden comparar con los 98.400 millones desembolsados por la UE para financiar las prestaciones de paro (ERTE) en 19 países, de los que España ha recibido 21.324 millones.
A una mayor conciencia fiscal han contribuido notablemente las investigaciones de más de 600 periodistas coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que han puesto al descubierto las extraordinarias dimensiones de la corrupción fiscal. Especialmente impactantes fueron los casos de los Papeles de Panamá (2016), Open Lux (2021) y Papeles de Pandora (2021).
Estas investigaciones subrayaron la importancia del uso de sociedades llamadas fantasma, pantalla o ficticias para perpetrar la evasión fiscal. Se trata de entidades que no realizan ninguna actividad económica real y se utilizan para evadir impuestos.
A instancias del Parlamento Europeo, la Comisión Europea elaboró una directiva en 2021 que trata de impedir que las entidades que carecen de sustancia mínima y de actividad económica real sean utilizadas con fines fiscales indebidos. Se quiere evitar que se produzca “un desplazamiento de la carga fiscal a expensas de los contribuyentes honestos y se distorsionen las decisiones empresariales en el mercado interior”. La directiva establece un mecanismo de intercambio automático de información fiscal y un sistema de sanciones. El pasado enero, los eurodiputados respaldaron mayoritariamente la directiva añadiendo mayores exigencias.
Ernest Urtasun, eurodiputado de Catalunya en Comú, integrado en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha señalado que “se trata de una legislación innovadora importante”. Significa que “la UE será pionera en todo el mundo en este tipo de legislación, por lo que apoyamos mucho este texto y nos hemos esforzado por elevar el listón”. Entre los avances destaca “el fortalecimiento de las sanciones y la posibilidad de auditorías conjuntas”. De todas formas, Urtasun lamenta que la norma “deja fuera la mayoría de vehículos involucrados en los servicios financieros. Para Luxemburgo y Holanda nada cambiará significativamente”. Todo queda ahora en manos del Consejo (representantes de los Estados) de quien depende el texto final. Poco a poco, las necesidades fuerzan cambios en la UE.
