La inversión española en paraísos fiscales se disparó el año de la covid

¿Qué tienen en común unas playas paradisíacas en medio del Atlántico, castillos medievales y praderas de color verde intenso? Más de lo que parece: representan a algunos de los territorios de bajos impuestos donde la inversión procedente de España se disparó en 2020, el año de la pandemia. Los flujos brutos dirigidos hacia los paraísos fiscales propiamente dichos, como las Islas Vírgenes Británicas o las Bermudas, se duplicaron. El repunte fue del 131%. También crecieron con fuerza los movimientos hacia los vecinos Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda, considerados —a efectos prácticos y no políticos o legales— refugios fiscales en el corazón de la UE y entre los mayores destinatarios habituales de inversión bruta española.

Estas operaciones están recogidas en la base de datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo relativa a inversión extranjera bruta con destino u origen en España. Pese al fuerte incremento porcentual, los importes que acaban en los paraísos fiscales oficiales son exiguos: 221 millones en 2020 frente a un total de 28.592 millones. El territorio donde más crecieron fueron las Islas Vírgenes Británicas, que acapararon más del 70% de los flujos hacia estas jurisdicciones en el ejercicio pandémico, al quintuplicar su importe. Siempre en el Atlántico, en una ubicación aún más remota, las Bermudas vieron triplicar las inyecciones procedentes de España en el mismo periodo.

Pese a la mala fama de los paraísos fiscales, epicentros recurrentes de grandes escándalos de blanqueo de capitales y evasión fiscal de empresas y particulares, los movimientos recogidos en la estadística del ministerio son del todo legales. Invertir o mudarse a alguno de estos lugares no supone fraude, aunque la normativa sí establece algunas cautelas, unas reglas ad hoc para garantizar un mayor control sobre la naturaleza de las operaciones que involucran a estas jurisdicciones consideradas de riesgo. Por ejemplo, las empresas españolas deben demostrar que cualquier compra o venta constituya una operación real hecha a precio de mercado, explica el inspector de Hacienda José María Peláez. Asimismo, el contribuyente que mueva ahí su residencia fiscal deberá seguir pagando el IRPF en España durante cinco años.

De hecho, la mayoría de las empresas del Ibex 35 cuentan con filiales en paraísos fiscales y territorios de tributación laxa, como Luxemburgo: eran 744 en 2020, según los datos que cada año recopila Oxfam Intermón. Banco Santander, ACS, Ferrovial, ArcelorMittal y Repsol son las compañías que más presencia tenían en estas jurisdicciones, aunque año tras año la van reduciendo.

“En estos casos [las inversiones reflejadas por el ministerio] no hablamos de fraudes, sino de inversiones que se canalizan a través de esos territorios”, explica Peláez. Y hay razones para ello. Por ejemplo, la compra de deuda pública española desde paraísos fiscales está exenta de pagar impuestos por los rendimientos. “Otras veces, estos territorios se usan para que se pierda el rastro de los auténticos inversores”, añade. Sospecha que parte del crecimiento de los flujos hacia Luxemburgo pueda estar vinculado al endurecimiento, introducido con la nueva ley contra el fraude fiscal, para que las sicavs (sociedades de inversión colectiva) accedan a ventajas fiscales. “Pero es muy difícil saber qué hay detrás. El dinero siempre es muy miedoso. En épocas de crisis, de incertidumbre, busca sitios seguros”.

Josefa Vega, profesora en la Universidad de Valladolid, apunta a que el fuerte repunte de flujos brutos hacia las Islas Vírgenes Británicas o las Bermudas en 2020 está probablemente asociado a operaciones puntuales. “Una inversión concreta a través de una ETVE [entidad de tenencia de valores extranjeros, una herramienta fiscalmente ventajosa para atraer a multinacionales a España, que se quedó en desuso con la aparición de esquemas más favorables en el extranjero]. Además, puede que acabe en otro país. En cualquier caso, no se trata de una inversión productiva, y supone una pequeñez sobre el total. Mucho más importante es lo que ocurre con las inversiones en Luxemburgo o Países Bajos, que muchas veces no se quedan ahí, sino se van a otros lugares”.

Refugios europeos

Luxemburgo fue el país que en 2020 recibió más inversión española: 5.000 millones de flujos brutos, un repunte del 400% que el ministerio achaca, en su informe anual, a dos grandes operaciones de empresas energéticas. Esta cifra no incluye las operaciones ETVE, que en conjunto aumentaron un 92% en el año de la pandemia y que en el caso del Gran Ducado elevan el importe hasta los 6.300 millones. La cifra en 2021 se redujo, en línea con la caída generalizada de las inversiones (un 37%). Le siguen Estados Unidos, Reino Unido y Panamá. Países Bajos está en sexto lugar; Irlanda, aunque no esté en el top ten, ha experimentado un aumento del 121% en 2020.

Estos importes se refieren al país donde desembarca la inversión, y no es posible saber si el dinero sigue después su recorrido hacia otro lugar. Este ejercicio sí se puede hacer al revés, con los flujos que llegan desde el extranjero: Luxemburgo, en contraste con a su diminuto tamaño, fue el país que más invirtió en España en 2020. Si se analizan los países de origen último de la inversión, cae sin embargo al puesto 19; Estados Unidos, sede de las principales multinacionales del mundo, salta en cambio a la primera posición. “Hay países usados como intermediarios, que hacen de puente”, explica Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

En otras palabras: casi toda la inversión bruta que llegó a España desde el Gran Ducado en el año de la covid procedía de un tercer lugar. Algo parecido ocurrió con los Países Bajos. “Estas magnitudes evidencian claramente el atractivo y la importancia que tienen estas jurisdicciones en las cadenas de inversión multinacionales a la hora de vehicular la inversión directa hacia sus destinos finales”, señala un artículo del Banco de España sobre la inversión extranjera directa en 2019.

No es casual que ambos países, junto con Irlanda, sean los artífices de algunos de los esquemas fiscales más ventajosos de Europa y del mundo para atraer a grandes corporaciones. Y todo ello sin ser considerados oficialmente paraísos fiscales. Uno de los tinglados más famosos es el doble irlandés —ahora supuestamente prohibido—: una empresa de Dublín factura los ingresos generados en todos los mercados donde opera y luego transfiere el grueso de los beneficios a la sociedad dueña de los derechos de propiedad intelectual, casualmente situada en un paraíso fiscal con el cual Irlanda tiene un convenio. Otras famosas artimañas usadas por las multinacionales son el sándwich holandés, los tax ruling y los regímenes fiscales de Chipre y Malta. En todo caso, estratagemas que la comunidad internacional está intentando cerrar con unas nuevas reglas fiscales que no se basen solo en la presencia física en el territorio.

Según el estudio The Missing Profits, las multinacionales desvían cada año el 40% de sus beneficios a territorios de baja o nula tributación, sobre todo a países miembros de la UE. “Luxemburgo y Países Bajos se sitúan la mayoría de los años entre los primeros inversores en España [entre 2018 y el tercer semestre de 2022 fueron el quinto y el tercero, respectivamente], y a la vez destinatarios de la inversión española. Pero la inversión no siempre tiene su origen último en esos países. En el caso de los flujos enviados es aún más difícil saber cuál es su destino final”, concluye Vega.