Vox suprime el organismo de mediación laboral en Castilla y León y ataca a los sindicatos

La comunidad autónoma sería la primera sin este sistema de negociación extrajudicial de conflictos individuales o colectivos

Juan García-Gallardo (izquierda), vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo, el lunes en Ávila.
Juan García-Gallardo (izquierda), vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo, el lunes en Ávila.RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)

Vox ha anunciado la supresión del Servicio de relaciones laborales de Castilla y León (Serla), encargado de mediar en conflictos del ámbito del empleo, y ha provocado la reacción del Ministerio de Trabajo. El consejero regional de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha tomado esta decisión por el “endeudamiento actual y la falta de financiación”. No obstante, este recorte de los fondos públicos responde a que los Presupuestos de la coalición PP-Vox, que gobierna la comunidad, han eliminado este apoyo. La patronal y los sindicatos han criticado lo ocurrido y han pedido la intervención de Trabajo, cuya responsable, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta medida es “gravísima”. Díaz ha señalado que a la extrema derecha “le molestan los derechos laborales y los sindicatos”.

El principal cometido de este servicio, respaldado por la patronal, consiste en la mediación en conflictos laborales individuales o colectivos para evitar que se judicialicen. Sin la ayuda de este organismo se produciría una ralentización de la justicia, mayores gastos y una mayor saturación de los procesos judiciales. El presupuesto retirado ascendía a casi un millón de euros anuales. La consejería ha atribuido esta decisión a motivos económicos. Vox lleva desde que entró en el Gobierno autonómico, en abril del año pasado, cargando contra los sindicatos. En verano anunció un recorte de 20 millones de euros a los sindicatos, lo cual no llegó a producirse, pero finalmente se ha traducido en menos apoyo laboral para las mujeres víctimas de violencia machista o reducciones presupuestarias en la prevención de riesgos. Fuentes sindicales afirman que tras ese anuncio sorpresivo hubo consejerías del PP que trataron de tranquilizarles.

El Serla tramitó en 2022 hasta 3.534 conflictos individuales, la cifra más alta de sus 25 años de historia, un 30% más que en 2021. Asimismo, intervino en 341 conflictos colectivos (un 17,6% más que en 2021) que implicaron a 259.700 trabajadores de 19.142 empresas. CC OO y UGT han escrito una carta al Ministerio de Trabajo censurando que esta actuación podría contravenir jurisprudencia del Tribunal Supremo e incumplir normas esenciales de la Constitución y del Estatuto de los trabajadores. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, acusó así a Vox al conocer lo ocurrido: “A la extrema derecha le molesta la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios”. Díaz ha tildado lo sucedido de “gravísimo”. También espera una respuesta del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, pues de mantenerse esta supresión “se verían vulnerados en el caso de la inaplicación de una parte de la legislación que es competencia del Estado”.

Portavoces de la Junta de Castilla y León remiten al consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que a finales de 2022 aseguró que el servicio seguirá realizándose con “medios internos o se puede externalizar” y prometió que seguiría existiendo este año, aunque los sindicatos lo cuestionan por carecer de fondos. El pasado jueves se le volvió a preguntar por ello y, como sostiene la gerencia de Vox, garantizó el cumplimiento de estas prestaciones, aunque no precisó cómo se llevarían a cabo.

Pérdida de inversiones

El secretario general de la patronal en la comunidad, David Esteban, atribuye la iniciativa a la voluntad política contra el Serla: “Un acuerdo entre patronal y sindicatos para mediar, algo que hay en todas las comunidades, no es un chiringuito o capricho de los sindicatos, como dice Vox”. Esteban afirma que esta medida “puede ocasionar pérdida de inversión” porque las empresas evitarían una autonomía sin la paz y diálogo social que históricamente la abanderaban: “¿Dónde voy a instalar mi empresa si se están cargando las relaciones laborales? Las empresas no son tontas”. El director general de Trabajo de la Junta, Fernando de la Parte, insiste en que “el servicio queda garantizado si se extingue el Serla”, al que achaca un “alto sobrecoste, quejas de usuarios y déficit de 71.000 euros”. Según el alto cargo, estas mediaciones las realizará la “ágil y eficaz” Administración contra los sindicatos, “acostumbrados a recibir financiación pública a paladas”. Este argumento lo critica Esteban, que ensalza la eficacia del órgano porque “acorta los tiempos y los funcionarios pueden conciliar pero no mediar ni acudir a reuniones hasta muy tarde”.

Los planes contra el Serla indignan a los sindicatos. Raúl Santa Eufemia, encargado de acción sindical y Diálogo Social de UGT en la comunidad, explica que la gran virtud de este mecanismo consiste en “bajar al mismo grado a las partes para que negocien el tiempo pertinente para resolver conflictos”. El sindicalista valora que el Serla busque “salidas extrajudiciales para evitar huelgas, reducir costes y ganar rapidez” y evitar los tribunales y la “saturación de la justicia”. Los sindicatos aseguran que hay 13 mediadores que no saben si van a cobrar el próximo mes y que quedan más de 300 casos “pendientes de resolución, de cerrar el servicio tendrían que judicializarse y saturar los juzgados de lo social”.

Santa Eufemia reprocha que la iniciativa de Vox suponga “salirse de la norma europea”, ya que existen entes como la Organización Internacional del Trabajo que reivindican este mecanismo. “Los mediadores trabajan bien, se entra con el DNI entre los dientes y bajan las fuerzas al mismo nivel”, añade. Fernando Frailes, secretario de acción sindical de CC OO, tilda esta iniciativa de la extrema derecha como “medida sin precedentes en el panorama de solución de conflictos, una aberración que harán por las bravas” e insta a la Junta a “recuperar la cordura”. “Si hay que llevarlo a los tribunales, lo llevaremos. Hemos escrito al Gobierno para que actúe con contundencia”, advierte, pues “ningún gobierno nacional o autonómico de cualquier color ha hecho nunca algo así”.

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Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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