Mañueco se lanza contra Sánchez después de que el Gobierno plantee una tregua por las medidas antiabortistas pactadas por el PP y Vox

El Gobierno plantea una tregua en el conflicto con el Ejecutivo de Castilla y León por la medidas antiabortistas, pero el PP parece decidido a elevar la tensión con Pedro Sánchez por este asunto y por las consecuencias de la ley de solo sí es sí. El presidente de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, después de que el Ejecutivo anunciara en la mañana de este viernes tanto en un comunicado como en una carta que está dispuesto a dejar en suspenso la vía jurídica al constatar que el protocolo con medidas antiabortistas ilegales como promover que se escuche el latido fetal a partir de las seis semanas no se ha aprobado, recrudeció su ataque. “El comunicado es la prueba de la mentira de Sánchez, es un hombre sin escrúpulos, capaz de arrodillarse ante quienes atacan la unidad de nuestra nación. No se va a hacer nada, ha sido todo una burda manipulación. Castilla y León está en la vanguardia de la defensa de las mujeres. Quienes son responsables de la ley del solo sí es sí, que ha puesto a más de 200 agresores sexuales en la calle, no pueden dar lecciones a nadie y menos al Gobierno de Castilla y León, de defender a las mujeres. Sánchez ha querido utilizar electoralmente a las mujeres, no es digno del cargo que representa”, lanzó Mañueco en Fitur, donde recibió el respaldo en modo de abrazo de Alberto Núñez Feijóo, también presente en la feria de turismo que se celebra en Madrid.

Sin embargo, durante toda la semana, hubo mucha tensión en el PP precisamente porque Mañueco no acababa de desautorizar a su vicepresidente, Juan García Gallardo, que anunció en una rueda de prensa oficial del Gobierno regional con el portavoz al lado que a las mujeres que quieran abortar se les iba a ofrecer escuchar el latido fetal antes de tomar la decisión, una medida que se ha promovido en países gobernados por la ultraderecha como Hungría y que el Gobierno considera radicalmente ilegal en base a la ley del aborto, por lo que estaba dispuesto a llegar al conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional. El Gobierno está convencido de que el PP tiene pactado con Vox este tipo de medidas, aunque cree que la presión social y la propia acción del Ejecutivo, que mandó un requerimiento formal a la Junta, han logrado de momento frenar los planes. Pero se mantiene alerta.

De hecho, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, envió este viernes una carta a Mañueco en la que le anuncia esa tregua porque entiende que la carta en la que le garantiza que no se va a hacer nada es suficiente, también le dice algo relevante: “Sin embargo, ayer jueves, en la comparecencia pública oficial tras el Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta expresó ante los medios que las medidas anunciadas el pasado 12 de enero siguen adelante, en evidente contradicción con la documentación oficial remitida. Le traslado la honda preocupación del Gobierno de España. Le recuerdo que resulta contrario a la legalidad vigente que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a una mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la utilización de cualquier prueba ecográfica (como la eco doppler o la ecografía 4D) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de la práctica clínica”, señala Bolaños. El ministro de la Presidencia avisa de que si la Junta hace cualquier movimiento en sentido contrario a la ley del aborto, el Gobierno actuará jurídicamente.

Fuentes del Ejecutivo explican que no se podía seguir adelante con el conflicto de competencias en el Constitucional si la Junta no toma alguna decisión formal que se pueda recurrir, y por eso se ha mandado esa carta para suspender el proceso. Si en un mes no había respuesta, el Gobierno tenía que presentar el recurso, y no tenía material de momento para hacerlo. Así que con esta decisión se ha quitado ese plazo de encima, pero todo sigue en el aire a la espera de que la Junta haga cualquier movimiento, y entonces se volvería a esta vía del conflicto.

En el escrito del Gobierno central se asegura que el Ejecutivo de Castilla y León, formado por PP y Vox, les envió el jueves por la tarde una carta de respuesta en la que declaraban que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”. La contestación llegó a La Moncloa después de que la Junta declarase que había “inadmitido” el requerimiento del Gobierno central en el que le instaba a abstenerse de poner en marcha el protocolo antiabortista. Este, según una nota oficial del Ejecutivo regional, consistía en ofrecer a las mujeres que han decidido interrumpir el embarazo ayuda psicológica, una ecografía 4D (con movimiento) y escuchar el latido fetal. Desde entonces, la comunidad ha negado reiteradamente que fuera a cambiar nada en la atención a las mujeres embarazadas.

El Gobierno entiende que ha conseguido su principal objetivo político y jurídico, esto es, frenar las medidas antiabortistas, con la presión tanto en declaraciones como en el requerimiento formal, paso previo a abrir un conflicto de competencias con esta comunidad en el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo cree que ha quedado muy clara su posición y, sobre todo, que hará todo lo necesario para defender los derechos de las mujeres y para garantizar que se cumple en toda España la ley del aborto. Aun así, el capítulo no se ha cerrado del todo. El Gobierno no insiste de momento en la vía legal, porque cree que la carta de respuesta de Castilla y León muestra que han conseguido parar el protocolo, que era el principal objetivo, pero mantiene la vigilancia porque está convencido de que detrás de todo este movimiento hay un pacto entre el PP y Vox que implica promover medidas antiabortistas impulsadas por la formación de extrema derecha.

En La Moncloa están convencidos de que hay un acuerdo, verbal o escrito, entre el PP y Vox para llevar adelante estas medidas, y en algún momento pueden ponerse en marcha aunque se intente hacer con menos ruido. Por eso estará muy vigilante. De hecho, el jueves, el portavoz de la Junta, del PP, señaló la intención de aplicar “mejoras” en las prestaciones sanitarias para las embarazadas, que para el Gobierno es una forma de ocultar la intención que hay detrás de colar medidas antiabortistas. En cualquier caso, el Ejecutivo decide frenar la escalada del conflicto y darse por satisfecho, al menos de momento, con las respuestas de la Junta, a la espera de nuevos movimientos.

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de “inexistente” el conflicto por el derecho al aborto y ha pedido al Gobierno que lo dé ya por cerrado. En declaraciones a los periodistas, también en Fitur, Feijóo ha matizado que las medidas anunciadas por el vicepresidente de Vox no cambian los planteamientos del PP: defender que todas las embarazadas puedan seguir con su embarazo y “nunca jamás” “coaccionar” a aquellas que quieran interrumpirlo adecuándose a la legislación vigente”, informa Mariel Delgado. Feijóo también ha subrayado que si el Gobierno quiere hablar de sanidad lo que tiene que hacer es incrementar el número de plazas MIR, y si quiere proteger a las mujeres debe enmendar “de una vez por todas” la “chapuza jurídica” de la ley del solo sí es sí y parar la “sangría” de rebajas de penas a agresores sexuales.