La brecha de temporalidad entre España y la UE cae al mínimo histórico con la reforma laboral

El paro y la elevada temporalidad conforman un ancla que a lo largo de los años ha impedido al mercado de trabajo español navegar en sintonía con la corriente europea. La última reforma laboral nació con un doble objetivo: acabar con una cultura de contratación basada en la eventualidad e instaurada en la mayoría de los sectores y abandonar la sombra estadística en la comparación con los países del entorno. Nueve meses después de su despliegue completo —aunque entró en vigor a finales de 2021, no fue hasta marzo de este año cuando se implementó el nuevo esquema de contratación—, el renovado marco legislativo empieza a recoger algunos frutos. La tasa de temporalidad se ha rebajado en cuatro puntos en los tres primeros trimestres de 2022 (del 24,2% al 20,2%), y la diferencia con la media europea en el segundo trimestre del año está en ocho puntos (22,4% y 14,4%, respectivamente), la más corta de la serie histórica.

“Los efectos de la reforma laboral sobre la temporalidad están siendo muy intensos y extraordinariamente rápidos”, señala un documento interno del Ministerio de Trabajo al que ha tenido acceso EL PAÍS. En él se compara, de acuerdo con las últimas gráficas recogidas por el organismo europeo de estadísticas, Eurostat, la evolución de las tasas de temporalidad de distintas actividades en los segundos trimestres de 2021 y 2022, y la diferencia con respecto a la media europea. Mientras que la distancia hace un año entre ambos promedios era de 11,1 puntos (25,2% y 14,1%), 12 meses después se ha recortado en tres puntos, gracias también a que el dato europeo se ha elevado ligeramente.

“En el análisis comparado por sectores aparecen resultados muy destacados y positivos, porque la temporalidad en España se está reduciendo de forma especial en los sectores que más empleos tienen y en los que más temporalidad había”, indica el documento de Trabajo. Es lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, donde la tasa de temporalidad —intrínsecamente asociada con la estacionalidad del campo— se situaba en el ecuador de 2021 en el 53,9%, la más alta de entre todas las actividades, y que un año después se ha rebajado hasta el 45,4% (8,5 puntos). Algo que ha permitido que la diferencia con Europa haya pasado de 20,8 puntos a 14,9 (45,4% y 30,5%, respectivamente).

Algo parecido sucede con la construcción —disparada con los contratos por obra o servicio—, donde los empleos de duración determinada se han reducido en nueve puntos (36,4% y 27%) y la distancia con respecto a Europa es de 13 puntos, ocho menos que hace un año. “A pesar de la gran mejora en la construcción y la agricultura, la distancia inicial era tan elevada que aún hace falta más tiempo para que vayan aproximándose al nivel medio europeo”, remarca el informe. “Esta intensa reducción de la temporalidad acerca las tasas sectoriales españolas a la media comunitaria”, añade.

Según los datos facilitados mensualmente por el Ministerio de Trabajo, a lo largo de los 11 meses de 2022 se han firmado más de 17 millones de contratos, de los que 6,5 millones han sido de carácter indefinido (el 38,3%). De entre todos ellos, el 71% se han producido dentro del sector servicios, seguido de los recogidos en agricultura (12%), construcción (9%) e industria (8%). Sin embargo, a pesar de esta reformulación del sistema de relaciones laborales, la temporalidad en todos ellos sigue siendo más elevada que la de la media europea. De hecho, la única rama que presenta una tasa más baja es la de actividades financieras y de seguros: 6,1% por el 7,2% europeo (-1,1 puntos).

Aunque la mejora de los valores sectoriales ha impactado sobre la tasa de temporalidad, esta sigue situándose como la segunda más elevada de la Unión Europea, solo por detrás de Países Bajos (28,3%). Como impulsor de la burbuja de la temporalidad se presenta el sector público, donde los registros apenas han variado a lo largo del último año. “La Administración pública, la educación y la sanidad son actividades con fuerte presencia en el sector público y que tienen características propias que las hacen menos dependientes de la reforma laboral”, justifica el documento de Trabajo. En todos ellos la diferencia respecto a Europa alcanza las dos cifras.

A pesar de que cada mes se siguen firmando más contratos temporales que indefinidos, la restricción de las circunstancias laborales para utilizarlos está funcionando como cortapisa. Los contratos de duración determinada siguen siendo posibles, pero solo de dos tipos: el estructural (por circunstancias de la producción); y por sustitución de otro trabajador. El primero solamente podrá extenderse hasta los seis meses de duración, o a un año si lo permite el convenio de la actividad que se desempeñe. En el sector de la construcción la modalidad ordinaria de contratación ha pasado a ser la de tipo indefinido. Además, una vez terminada la tarea asignada, la empresa deberá recolocar al trabajador en otra obra.

Polémica estadística

Para no coartar (del todo) la flexibilidad interna de las empresas, la reforma laboral les ofrece la posibilidad de recurrir a la contratación temporal para hacer frente a situaciones en las que se requiera de un apoyo extra, como las campañas de Navidad o agrícolas. Sin embargo, para cubrir esas vacantes dispondrán de un periodo máximo de 90 días para contratar a un trabajador a lo largo del año. Eso sí, este no podrá encadenar todo ese periodo de manera continuada, y, además, en el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual realizada por las empresas para llevar a cabo estas contrataciones. Algo que critican los empresarios.

Pero la figura contractual que más peso ha adquirido con la nueva norma es la del fijo discontinuo, la fórmula destinada a cubrir los trabajos estacionales. Sin embargo, el hecho de que no se compute a estos trabajadores —que se han triplicado en el último año— como parados cuando se encuentran en situación de inactividad ha generado críticas políticas y de organizaciones económicas como Fedea, que denuncian que impide llevar a cabo una radiografía adecuada de la situación actual del mercado de trabajo. El Gobierno se defiende argumentado que la norma que regula su contabilidad se ha mantenido intacta desde 1985 y rechaza cualquier acusación de “maquillaje”.