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La abogada de la UE enfría las expectativas de las grandes operadoras sobre futuras fusiones

La alemana Juliane Kokott cree que el contencioso entre Bruselas y las firmas de telecomunicaciones debe volver a ser revisado por el Tribunal General de la UE, que había dado la razón a las empresas

Vista en la Gran Sala de Tribunal de Justicia de la UE.
Vista en la Gran Sala de Tribunal de Justicia de la UE.TJUE
Álvaro Sánchez

Seis años después, la decisión de Bruselas de vetar la venta de 02, filial británica de Telefónica, al grupo hongkonés Hutchison, sigue rebotando por los tribunales europeos. El acuerdo está definitivamente enterrado, pero tras las denuncias y apelaciones cruzadas entre las operadoras y la Comisión Europea existe una batalla en torno al derecho o no de las compañías de telecomunicaciones a emprender nuevas fusiones en determinados mercados europeos, aun a costa de reducir el número de opciones para los consumidores, algo que las autoridades de Competencia comunitarias ven con muy malos ojos.

La abogada general de la UE se ha expresado sobre la cuestión este jueves, y ha propuesto que se anule la sentencia del Tribunal General en la cual se rechazaba el veto de Bruselas. Además, pide que le sea devuelto el asunto para que se pronuncie de nuevo sobre el litigio. Se trata de una mala noticia para las grandes operadoras, porque si así ocurriera, se daría marcha atrás en una resolución que les beneficia. Telefónica, Vodafone y Orange cotizaban con pérdidas mediada la sesión, tras un comienzo de jornada en verde.

Las compañías del sector consiguieron en primera instancia el respaldo del Tribunal General de la UE en mayo de 2020, y ahora, la abogada general, la alemana Juliane Kokott, cree que debe ser revisado, lo que hace peligrar ese logro. El precedente que sienten los tribunales puede influir en que se cierren con éxito fusiones como la del grupo francés Orange y el español MásMóvil, pero la respuesta de Kokott no cierra la disputa: el próximo paso será la sentencia del Tribunal de Justicia el próximo año. La Corte con sede en Luxemburgo suele seguir las recomendaciones del abogado general en la mayoría de casos, pero no siempre.

En juego está el modo en que Bruselas dirime los riesgos para la libre competencia empresarial. Cuando en mayo de 2016 echó abajo el acuerdo entre O2 y Hutchison, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, argumentó que permitirlo “era malo para los consumidores británicos”. El razonamiento se basaba en que el mercado de la telefonía móvil quedaría reducido a tres únicos competidores en suelo británico (British Telecom, Vodafone y Hutchison), con efectos negativos sobre la competencia y la innovación, lo cual probablemente causaría un aumento de las tarifas. En el lado opuesto, las empresas rebatían que no tienen el tamaño suficiente para competir con otros gigantes globales, y que el mercado europeo está demasiado fragmentado.

La abogada general no da la razón a uno u otro sobre el fondo de la cuestión, sino que se adentra en elementos más técnicos. En su exposición, esgrime que la competencia del Tribunal de Justicia de la UE es determinar si se cumplen las leyes de competencia y analizar si las pruebas presentadas por la Comisión Europea contienen “errores manifiestos de apreciación”, pero cree que no se pueden aportar pruebas objetivas contra la prohibición de una fusión por futuros problemas de competencia, ya que esta decisión Bruselas la tomó basándose en previsiones y probabilidades siempre sujetas a incertidumbres y dudas.

Vestager, más restrictiva

El mercado español está especialmente pendiente de lo que digan los jueces europeos. Orange España y el Grupo MásMóvil anunciaron en julio el cierre de su fusión para crear la mayor compañía de telecomunicaciones española por número de clientes de telefonía móvil y banda ancha, 31 millones de líneas, por delante de Telefónica España, que conservará el liderazgo del mercado español por ingresos y beneficio. La nueva compañía estará repartida a partes iguales entre ambos grupos, con una valoración de los activos de la joint venture de más de 18.600 millones de euros. El tamaño del nuevo operador puede provocar recelos en las autoridades de competencia españolas o europeas, lo cual se traduciría en trabas o exigencias de desinversiones, pero si la justicia europea acaba dando la razón a las firmas de telecomunicaciones, el camino quedaría más allanado.

La Comisión Europea dio un viraje a su posición con la llegada de Vestager a los mandos de la todopoderosa cartera de Competencia en 2014. Su predecesor, el español Joaquín Almunia, aceptó los procesos de consolidación en varios países, aunque supusieran la desaparición de uno de los principales contendientes. El límite que consideraba inadmisible era el duopolio. Con Vestager, en cambio, esos requisitos se endurecieron. Para la guardiana de la competencia, ni siquiera la presencia de tres operadoras bastaría, como ya demostró al impedir la fusión de Telenor y TeliaSonera en Dinamarca porque el país se hubiera quedado con ese número de rivales.

Un informe de la agencia Moody’s publicado a comienzos de este mes señalaba que una sentencia de la justicia europea favorable a las operadoras crearía el escenario idóneo para reducir la actual fragmentación del mercado y propiciaría nuevas fusiones que ayudarían a las compañías implicadas a reducir costes. Además, la agencia alegaba que la relajación de los criterios para aprobar estas fusiones puede apoyarse en que el mercado de banda ancha ha ganado peso respecto al de móvil, y cuenta con más actores que los tres o cuatro que suelen prestar servicio con sus propias redes móviles en los mercados europeos.

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Sobre la firma

Álvaro Sánchez
Redactor de Economía. Ha sido corresponsal de EL PAÍS en Bruselas y colaborador de la Cadena SER en la capital comunitaria. Antes pasó por el diario mexicano El Mundo y medios locales como el Diario de Cádiz. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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