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Bruselas se abre a negociar con los países los planes de ajuste para reducir la deuda pública

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, anuncia las líneas básicas de la propuesta de la Comisión Europea para revisar las reglas fiscales

El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni.
El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni.REUTERS
Manuel V. Gómez

Bruselas ya sabe cómo quiere revisar las reglas fiscales de los países. Pretende que los Estados miembro con grandes volúmenes de deuda pública y la Comisión Europea concreten planes de reducción de deuda a “medio plazo”, según ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, este miércoles. El político italiano, además, ha señalado cuál es el ejemplo que le gustaría que se siguiera: “El diseño, la gobernanza y el funcionamiento del Fondo de Recuperación [de la pandemia] es un modelo útil”. Con este mayor protagonismo de los Gobiernos, en la capital comunitaria se busca huir de la idea de diktat sin espacio para la política nacional y reforzar la legitimidad democrática de las sendas de ajustes fiscales.

A cambio de este “mayor margen de maniobra” para los Estados en el diseño del plan de rebaja de deuda, la Comisión plantea una mayor protagonismo de la UE en el examen sobre su cumplimiento, “por ejemplo, con sanciones de reputación en caso de incumplimiento de los planes nacionales, así como procedimientos creíbles de déficit excesivo basados en la deuda”.

La Comisión Europea retomó la revisión de las reglas fiscales hace un año, como ha recordado Gentiloni, y ha recogido diversas propuestas. España, por ejemplo, lanzó un documento conjunto con Holanda en el que se recoge esta misma idea que el Ejecutivo comunitario haría suya, ya que en ese texto se habla de planes nacionales de reducción de deuda pública que contemplen “las circunstancias adecuadas de cada país”. Asimismo, el acuerdo de Madrid y La Haya -un pacto que sorprendió por ser dos países que suelen situarse en posiciones distintas en este tipo de políticas- recogía una regla de gasto “simple” que sustituyera las complicadas normas actuales. Y eso también ha aparecido en el discurso del comisario de Economía en un acto organizado por el think tank Bruegel: “Un único indicador de gasto podría contribuir en gran medida a simplificar el sistema, sin dejar de centrarse en los riesgos fiscales”.

No solo España y Holanda presentaron su propuesta. Francia e Italia plantearon la suya a través de un artículo publicado por el presidente galo, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, con un artículo en Financial Times. Incluso Alemania fijó su posición hace unas semanas, cuando los tres socios del Gobierno de Berlín pactaron una posición conjunta ante este debate.

La propuesta esbozada por Gentiloni se parece más a lo que ha llegado desde Madrid, La Haya y Berlín, que a lo planteado por París y Roma, que querían que no se tuviera en cuenta algunos gastos a la hora de calcular el límite máximo de déficit del 3%. No es que Bruselas haya hecho oídos sordos, pero no en la vía que planteada por el eje francoitaliano. “Los planes macrofiscales a medio plazo también podrían incluir compromisos de inversión y reforma que reflejen las prioridades nacionales y de la UE”, ha subrayado el comisario.

Tanto el responsable de Economía comunitario como el vicepresidente ejecutivo al cargo del área, Valdis Dombrovskis, han advertido, cada vez que han hablado sobre la revisión del pacto de Estabilidad y Crecimiento, que el objetivo de este proceso es simplificar las normas. Además, añaden, quieren combinar un equilibrio muy complejo: la necesaria inversión para que las economías europeas se adapten a la transición ecológica y la revolución digital (500.000 millones de euros al año) con la reducción de la deuda en los países con pasivos más altos sin que eso les obligue a ajustes excesivos, lo que conllevaría una contracción importante de la actividad.

Aunque Gentiloni no lo ha dicho abiertamente, esta propuesta acabaría con la regla actual que obliga a rebajar todo el volumen de deuda pública que supere el 60% del PIB de un país al ritmo de un veinteavo al año. Si esta norma no se aplica ahora, es porque las normas fiscales actuales están suspendidas desde 2020 a causa de la pandemia. Pero si se activara, países con deudas altas (Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Francia), tendrían que rebajarla a una velocidad tan grande que les abocaría, sin duda, a una recesión profunda.

Lo que sí parece que se mantendrá son los dos números semisagrados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nombre oficial de las reglas fiscales: el déficit público no puede superar el equivalente a un 3% del PIB en cada presupuesto anual y el volumen de deuda debe converger hacia el 60% del PIB. Fuentes comunitarias explican a este diario que hay dudas jurídicas -o al menos no hay unanimidad- sobre si para variar esos números es necesario o no modificar los tratados de la Unión Europea, lo que supondría un cambio de muchísimo calibre porque requiere una compleja aprobación en cada uno de los Estados miembros.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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