El Gobierno trata de cerrar un paquete de choque para aplacar los efectos económicos por la crisis de Ucrania

La escalada de los precios energéticos puede hacer mucho daño a la economía española. Tradicionalmente se calculaba que para un encarecimiento del petróleo del 10%, el PIB perdía entre una y dos décimas. Y eso era sin contar con el gas y la importancia que este ha tomado como energía de último recurso en la transición energética. En principio, el rebote de este año era robusto. Pero la invasión de Ucrania ha dado un vuelco. Todo dependerá de la evolución del conflicto y de cuánto dure. Tanto el presidente Pedro Sánchez como la vicepresidenta Nadia Calviño han puesto ya la venda señalando en público que vienen tiempos difíciles. Desde que empezó la invasión el gas se ha disparado de 90 dólares a 200. Y el petróleo, de 98 a 125.

“Somos todos más pobres, una parte de nuestras rentas se está yendo fuera para pagar la energía. La cuestión ahora es cómo hacemos el reparto de esa menor riqueza y cómo se amortigua. Si seguimos como si no pasase nada, caminaremos al desastre”, explica una fuente gubernamental. De ahí que el Gobierno busque una respuesta con varias patas.

La primera es poner coto a la fuerte subida de los precios de la energía. La reunión del sábado con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, versó sobre este asunto. El Ejecutivo español presionó mucho para que se tomen medidas contundentes que rebajen el coste de la energía. “El 85% de nuestras fuentes de energía está a precios razonables. El gas solo supone un 10% pero está definiendo el conjunto. Desde septiembre estamos reclamando medidas. Pero la Comisión solo elaboró una caja de herramientas muy limitada. Sin embargo, con la guerra de Ucrania la situación ha virado hacia las posiciones españolas”, subraya esta fuente. El Ejecutivo espera que este martes la Comisión anuncie medidas de mayor calado. Se prevé que prescriba un recorte de los beneficios extraordinarios que se están produciendo sometiéndolos a una mayor fiscalidad. Hasta hace muy poco España estaba sola defendiendo esta postura. Pero la crisis con Rusia ha roto tabúes. Urge desacoplar los precios de la energía de lo que está haciendo Putin, según explicaba este lunes Calviño en una entrevista en TVE.

Otro eje esencial para responder a esta crisis es un pacto de rentas. Este lunes los sindicatos y la patronal se reunieron con el presidente Sánchez y varios ministros económicos. Tras la cumbre en Moncloa, tanto CEOE y Cepyme como UGT y CCOO se desligaron del Gobierno diciendo que los acuerdos salariales son una cuestión bipartita en la que el Ejecutivo no tiene voz. No obstante, la intención del Gobierno es lograr un gran pacto político en el que se acuerde una moderación salarial a cambio de la contención en los beneficios empresariales. Se trataría de emular algo parecido a los pactos de la Moncloa de hace cuatro décadas. El contenido está completamente abierto y por definir. Nada se concretó durante la reunión. De este pacto luego derivaría el acuerdo de negociación colectiva que firmarán patronal y sindicatos. A pesar de estas declaraciones, fuentes gubernamentales sostienen que la acogida a la idea fue buena y que los agentes sociales mostraron responsabilidad. “Teorizar es fácil y todos estamos de acuerdo. Pero la divergencia vendrá luego en la cantidad que haya que subir”, señala una fuente sindical. En dos años los trabajadores van a perder más de un 10% de poder de compra. Cuánto se dejará sin compensar para evitar una espiral inflacionista será un asunto espinoso que deparará negociaciones arduas.

“Lo que eliminaría muchísima tensión sobre la subida salarial es la garantía de recuperar las cláusulas de garantía salarial para que en los próximos tres años el poder adquisitivo no merme e incluso se pueda mejorar”, dijo el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una comparecencia tras la reunión en Moncloa. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez indicó que los porcentajes de subida de sueldos dependerían de “la pureza” de las cláusulas de revisión salarial que se incluyan en el acuerdo. Ambos líderes sindicales mencionaron que estos pactos deberían estar vinculados a cuestiones como la fiscalidad de las empresas, donde consideran que todavía hay margen para recaudar más.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, replicó que no compartía estos planteamientos y que difícilmente se atajaría con cláusulas de garantía un problema de inflación. Además añadió que era simplista limitar los dividendos, ya que la valoración de las empresas en Bolsa dependía de estos y son el salario de muchos empresarios. “La inflación perjudica al trabajador, al consumidor, pero también de forma agresiva a la empresa. La pyme no puede trasladar los precios porque saldríamos del mercado”, apuntó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

La otra pata consistirá en analizar la forma en que se puede ir compensando el daño que inflige esta crisis. En este capítulo entrarían las ayudas a los consumidores vulnerables o la activación de los nuevos ERTE, ahora llamados Red. Quizás para los sectores más afectados. También se tratará de aplacar el golpe que pueda sufrir la industria, muy dependiente de la energía. Se sumarán préstamos europeos del Fondo de Recuperación para acelerar la transición energética. Se busca financiación comunitaria para el gasoducto de los Pirineos y se habla de un fondo de resiliencia europeo.