El juez sienta en el banquillo a Rato por delitos contra Hacienda y blanqueo en la gestión de su patrimonio
El magistrado reclama una fianza de 65 millones al exvicepresidente del Gobierno con el PP por defraudar más de 8,5 millones de euros
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro de Economía Rodrigo Rato (Madrid, 72 años) por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. El magistrado entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, de los que le acusaba la Fiscalía, por lo que no será juzgado por estos tipos. La Fiscalía podría pedir alrededor de 60 años de prisión por todos los delitos, si bien no lo ha determinado todavía.
El magistrado propone juzgar a Rato y a otras 15 personas, así como a dos empresas de publicidad, Publicis Comunicación y Zenith Media, y a un bufete de abogados, Plazas Abogados, como personas jurídicas, por la supuesta trama de corrupción organizada por el político, por fraude a Hacienda entre 2006 y 2015, así como otros delitos, en 2011 y 2012, cuando era presidente de Bankia. Rato, según el juez, habría creado una trama societaria para repatriar fondos a España y ocultarlos al fisco, delitos que él que fuera ministro de Hacienda entre 1996 al 2000 con José María Aznar, siempre ha negado. El expolítico asegura que nunca ha sacado su dinero de la Unión Europea.
El magistrado describía en el auto final de la investigación la operativa supuestamente utilizada por Rato para introducir en España, a través de sociedades bajo su control registradas en varios países, 7,28 millones, de los que algo más de la mitad (3,69 millones) es catalogada por la policía como de “de origen desconocido”. “Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito”, señaló el auto.
Además, se le acusa de realizar contratos de publicidad, mientras presidía Bankia, de los que se beneficiaban sociedades propias. Publicis y Zenith supuestamente habrían pagado por los contratos una comisión ilegal de 2,02 millones de euros. Hasta hace unas fechas, las dos piezas (la gestión de su patrimonio y la de la publicidad de Bankia) estaban separadas, pero la Audiencia Provincial de Madrid decretó que se unieran en una sola causa. En esta resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.
El juez pide una fianza de 65,13 millones para Rato, así como otros 31,5 millones para otros cooperadores necesarios, a los que les acusa de diferentes delitos, como Domingo P.R. A Ramiro S. de L. G, le reclama 10,3 millones, mientras que a Miguel Ángel M. Q, le pide 14,3 millones. A que fuera su secretaria personal durante décadas, Teresa Arellano, le exige una fianza de 4,5 millones. La justicia realizará un embargo preventivo de los bienes de los acusados ante sus posibles responsabilidades civiles, hasta que se dicte sentencia.
En libertad condicional tras el juicio de Bankia
A lo largo de la investigación judicial se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.
El juez Serrano- Arnal ha notificado su decisión a todos los acusados requiriéndoles que designen abogado en el plazo de tres días o les designará letrado de oficio, y les da veinte días más para presentar escrito de defensa proponiendo “las pruebas de que intenten valerse”.
“Dada la naturaleza de la pena solicitada”, el magistrado ha citado a todos los acusados el próximo 11 de junio ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado para que le sea notificados personalmente los requerimientos acordados. El auto también declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los investigados, Miguel Ángel Furones, que ha fallecido.
Rato se encuentra en libertad condicional desde el pasado 12 de febrero tras cumplir parte de la condena de cuatro años y seis meses que le impuso la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas black de Bankia en febrero de 2017. En septiembre, el expolítico fue absuelto por la Audiencia Nacional, junto a los otros 33 acusados, de otra causa judicial abierta contra él: la de la salida a Bolsa de Bankia, que él encabezó y por la que la Fiscalía le reclamaba ocho años y medio de prisión por estafa y falsedad contable.
Esta causa lleva más de seis años de investigación y se conoció cuando en abril de 2015 la policía detuvo a Rato en su domicilio de Madrid. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria entregó el 23 de enero de 2017 un informe de 634 folios al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, al que tuvo acceso EL PAÍS, en los que detalla todas las actividades supuestamente ilícitas realizadas con el entramado de sociedades del exvicepresidente del Gobierno y exministro de Hacienda. Desde esta fecha, cuando se hizo famosa la foto con uno de los agentes colocando su mano sobre la nuca del expolítico al introducirle en el coche, la vida de Rato ha sido un continuo paseo por juzgados y tribunales, así como dos años y medio de prisión que pasó en Soto del Real.
Sobre la firma
