El ingreso mínimo vital llega al rescate de 850.000 familias
La medida que el Gobierno aprueba esta semana pretende ayudar a 2,3 millones de personas y supondrá un coste de 3.000 millones
España tiene una asignatura pendiente cuando se compara con otros países desarrollados: la pobreza y cómo la combate. No es solo que cuando se observan las estadísticas internacionales suele aparecer mal parada, el 21,5% de la población está en riesgo de pobreza frente al 17% del área euro. Además, las políticas que implanta para corregirlo no son eficaces. El objetivo del ingreso mínimo vital que el Gobierno va a aprobar esta semana es solucionar estos problemas, según ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá reiteradamente. Desde que se supo que el Ejecutivo pretendía tener lista su medida estrella este mayo, los grandes números han cambiado. Al principio se habló de un millón de hogares como potenciales beneficiarios en los que vivirían unos tres millones de personas, estos días se ha quedado en 850.000 familias con algo más de 2,3 millones de personas. El coste estimado, por su parte, asciende a unos 3.000 millones de euros.
Todavía no está definitivamente cerrado que se vaya a aprobar en el Consejo de Ministros de mañana. Pero sí está decidido, como anunció el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el ingreso mínimo vital vea la luz esta semana. Es decir, que podría aprobarse en un Consejo extraordinario. Era la medida estrella que el Ejecutivo pretendía desplegar a lo largo de la legislatura, pero a diferencia de lo que ha pasado con otras (reformas laboral, fiscal o de pensiones), la crisis del coronavirus la ha acelerado.
El acelerón no ha sido pacífico dentro del Gobierno. En abril, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pretendía una renta extraordinaria para ayudar a las víctimas de la crisis desencadenada por la pandemia que no tuvieran otros ingresos. Escrivá, que tenía un proyecto listo de su etapa como presidente de la Autoridad Fiscal, respondió que el trabajo para desplegar un ingreso extraordinario o uno estructural era el mismo; y que la mayor parte del colectivo al que iba dirigido ya lo estaba pasando mal antes de que llegara el coronavirus. Se impuso esta postura a cambio de un acelerón para que se aprobara en mayo y pudiera solicitarse en junio.
Muchos detalles de la medida ya se han ido conociendo. Se sabe que esta ayuda garantizará a los hogares una renta mínima según la situación familiar. Los borradores del texto legal definen hasta 14 tipos de familia, y así lo confirmó el domingo el ministro Escrivá en una entrevista en El Periódico de Cataluña. El umbral más bajo será 462 euros para los adultos que vivan solos; el más alto, 1.015. La renta completará los ingresos familiares hasta llegar a esa cantidad, no dará una prestación por esa cuantía.
Hasta las 65 años
Para poder cobrarla, los titulares de la “unidad de convivencia”, según la terminología utilizada en el texto legal, deberán ser mayores de edad y menores de 65 años (a partir de esa edad ya existen las pensiones no contributivas, cuya prestación mínima es de 462 euros mensuales). Si los beneficiarios viven solos, deberán haber estado emancipados desde al menos tres años antes y tener una edad mínima de 21 años, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS (hay otras versiones que sitúan este listón en los 23 años).
A la hora de medir la renta, los planes iniciales del Gobierno consisten en tomar las declaraciones de ejercicios anteriores de los beneficiarios. Pero fuentes de la Seguridad Social apuntan que están tratando de buscar referencias más recientes para incluir a quienes hayan sido golpeados por las consecuencias económicas del coronavirus. También se tendrá en cuenta el patrimonio, y a la hora de contabilizarlo no computará la residencia habitual.
Cuando entre en vigor, el ingreso mínimo no será la única ayuda que habrá en España contra la pobreza. Todas las comunidades autónomas, a las que la Constitución les otorga la competencia de la asistencia social, tiene algún tipo de renta. Llega a unos 300.000 hogares, pero su distribución es muy desigual. Según los datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el País Vasco la renta llega a algo más del 70% de pobres, y en Navarra, a dos tercios. En cambio, en Castilla-La Mancha y Andalucía se queda en el 2%. La media en España no llega al 10%.
Ambas ayudas serán compatibles. Este encaje es uno de los que más trabajo está suponiendo. Hay comunidades recelosas de que sea la Seguridad Social quien vaya a administrar este derecho. No es descartable que una vez se apruebe el decreto ley y aunque pase las bendiciones parlamentarias, haya recursos ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno defiende que tiene margen para actuar en este campo y cita las prestaciones por hijo a cargo, que también paga la Seguridad Social.
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