La hora de la flexiseguridad

La combinación entre flexibilidad en el mercado de trabajo y seguridad social de las personas permite a las empresas adaptarse ante las crisis y a los trabajadores tener rentas públicas de protección en situaciones adversas. Es el denominado modelo europeo de flexiseguridad laboral. La crisis sanitaria del coronavirus está activando, al máximo, estos mecanismos, que van a salvar muchas empresas y empleos.

En este marco, los efectos laborales del coronavirus y las consecuencias en el mercado de trabajo de las medidas de salud pública del estado de alarma, son supuestos de fuerza mayor. Esta fundamentación jurídica está permitiendo gestionar expedientes temporales suspensivos y de reducciones de jornada, a solicitud de la empresa con autorización de la autoridad laboral, ahora agilizados y automatizados. Estas herramientas permiten mantener vivos los contratos de trabajo durante la crisis sanitaria, sin prestación laboral temporal ni devengo de salarios, garantizando la protección social del desempleo de los afectados, con reposición de prestaciones tras la reanudación de actividad.

El impacto económico de la crisis sanitaria también es colateral, en numerosos sectores donde la disminución de demanda es ya muy significativa. El tratamiento de estas situaciones exige altas dosis de flexiseguridad laboral. Las empresas tendrán que utilizar todas las herramientas de adaptación que ofrece nuestro ordenamiento y la Seguridad Social asumirá costes necesarios de protección de las personas. Es de esperar que las empresas utilicen la flexibilidad laboral interna como alternativa a despidos. Pero no hay que olvidar que este cauce opera mejor en trabajadores fijos que en contratos temporales, donde los ajustes de empleo son más fáciles y menos costosos. Habrá, por tanto, que proteger específicamente a los más vulnerables.

El teletrabajo, como herramienta de flexibilidad tecnológica en nuestra sociedad digital, está adquiriendo un enorme protagonismo en esta crisis sanitaria. El trabajo a distancia está cumpliendo funciones de salud pública, al reducir los admitidos desplazamientos a trabajos presenciales, y, a la vez, funciones de conciliación familiar, ante el decretado cierre de colegios. Es esencial que se dé prioridad a esta forma de trabajar y las empresas deben recibir incentivos públicos para las inversiones tecnológicas que sean convenientes.

Estamos mejor preparados que en la crisis económica de 2008 porque tenemos más flexiseguridad laboral. Es la hora de combinar al máximo flexibilidad en el trabajo y protección social para salvar empresas y empleos.

Jesús Lahera Forteza es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid