Un grupo de expertos defiende la creación de una renta básica universal

“Los canales básicos del sistema de bienestar han saltado por los aires”, ha afirmado Sevilla en la presentación del informe Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica, publicado por el Observatorio Social de la Caixa. Este documento concluye que hace falta una reforma en profundidad del sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades.

Según cifras de la Comisión Europea, España es uno de los países cuyas transferencias sociales benefician menos a las rentas bajas. El decil más pobre solo recibe un 4% del total. Además, según datos del servicio público de empleo, cuatro de cada diez desempleados han agotado sus prestaciones y subsidios. Ante esta realidad, Jordi Sevilla propone que se redefina el sistema de cobertura social. La mayoría de las ayudas que brinda el sector público en realidad se focalizan en rebajas del IRPF. Sin embargo, ¿qué sucede con los cuatro millones de personas que están fuera del IRPF y que, por tanto, no las reciben?, se pregunta el exministro de Administraciones Públicas.

Los más pobres ni cotizan ni tributan por renta. En consecuencia, no adquieren derechos y no se benefician del sistema social. Curiosamente, según denuncia Jordi Sevilla, ahora la ayuda social por hijo que brinda la Seguridad Social es menor que la desgravación que se puede obtener en el IRPF. Además, cada vez hay más gente en esos grupos. Por todos estos motivos, Sevilla aboga por un sistema en el que se incluyan a todos: los que tributan y los que no.

De hecho, recuerda que el Estado ya incluye en el IRPF un mínimo vital exento del impuesto porque considera que esa es la cifra mínima para subsistir. Esa cantidad se sitúa en unos 5.500 euros en la actualidad y va aumentando por tener hijos u otros motivos.

Bajo el nuevo esquema que propone Sevilla, el ciudadano que esté por encima de un mínimo vital exento —cuya cifra estaría por definir— pagaría su contribución del impuesto de la renta, mientras que el que esté por debajo recibiría un dinero hasta cubrir ese mínimo. Sería una especie de complemento a las rentas de aquella persona que no tenga los recursos suficientes. Lo que en la jerga se llama impuesto negativo o crédito fiscal. Y podría cobrarlo de forma mensual o al cabo del año igual que se hace ahora con la ayuda por hijo en el IRPF. Por tanto, todos tendrían que hacer la declaración de la renta.

En cuanto al hecho de que la competencia sobre estas ayudas sociales esté en manos de las comunidades, Sevilla apunta que sería una forma de dar un paraguas único en el que gradualmente se integren todas las políticas sociales públicas, brindando una cierta coherencia. Y sugiere que las comunidades podrían participar como ya lo hacen en el IRPF con tramos.

En opinión de esta decena de autores, el modelo actual de subsidios concedidos bajo condiciones no ha funcionado, y explican que entre las razones se encuentra la insuficiente cobertura o el fuerte desincentivo para buscar un trabajo si se pierde el subsidio. Tampoco ayuda el hecho de tener 17 programas distintos por comunidades con regulaciones y niveles de generosidad dispares, dicen.

Este sistema organizado a través del IRPF también beneficiaría en realidad a los que más tienen porque estarían teniendo exentas las rentas del mínimo vital, apostilla Sevilla, quien fue coordinador del programa económico del PSOE en las elecciones de 2015. Además, acabaría poco a poco con la incoherencia de tener pensiones o subsidios que son inferiores a ese mínimo esencial para la subsistencia que fija el Estado. Respecto a si establece o no unos incentivos correctos, Sevilla ha negado que bajo esta fórmula se desincentive el trabajo.

Los académicos reconocen que no es fácil aplicar una renta básica universal, y que ningún Estado ha conseguido implementarla por sus elevados costes. Sin embargo, sí que se han implantado experiencias piloto positivas de prestaciones de ingresos mínimos, y ponen como ejemplo la de Nueva York. En el caso de España, se destaca el relativo éxito de la renta mínima del País Vasco. No obstante, los expertos afirman que un obstáculo importante para poner en marcha una prestación de ingresos mínimos radica en que las Comunidades Autónomas tienen la competencia.