El conflicto del taxi se aplaza hasta septiembre

Con la decisión de Fomento el conflicto del taxi se aplaza hasta septiembre. El Ejecutivo ha habilitado a las comunidades autónomas que así lo quieran la capacidad regulatoria del sector en ámbito territorial. Sin embargo, una parte de estos territorios entienden que el Gobierno quiere salir del paso y lamentan que no haya concretado una norma legal para hacer cumplir la ley de una licencia de VTC por cada 30 de taxis.

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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha insistido este jueves en que la respuesta al conflicto debe ser de carácter estatal. "Queremos que lo solucionen ellos, vamos a ver qué son capaces de hacer de aquí a septiembre y luego volvemos a hablar", ha comentado Garrido, según informa Europa Press. La Comunidad de Madrid también ha indicado que si las competencias son transferidas deberán ir acompañadas de un presupuesto correspondiente. El mismo requisito solicitaron Extremadura, Cataluña y Andalucía, que piden financiación adicional para llevar a cabo la transferencia. Esta última, junto con la gallega, ha demandado concreción sobre la reforma legislativa que pretende el Gobierno antes de pronunciarse al respecto.

Por otra parte, Baleares se ha situado a favor de que el Gobierno delegue las competencias sobre VTC a las comunidades y la Comunidad Valenciana ha celebrado la propuesta del Ejecutivo. Canarias también se ha mostrado conforme con la medida y ha asegurado que "puede ser una solución de futuro" para alcanzar el ratio una licencia de VTC por 30 de taxis. Por su parte, el País Vasco pide "competencia plena".

El Ministerio, en contra de lo que dice ahora, ha propuesto durante toda la semana "la transferencia de competencias" normativa de las VTC a las comunidades autónomas tanto en un comunicado tras la reunión con los taxistas, como en varias declaraciones del ministro Ábalos y del secretario de estado Pedro Saura. "La propuesta del Ministerio, ya anunciada por el ministro en su comparecencia en el Congreso del pasado 12 de julio, es transferir la competencia de las VTC a las Comunidades Autónomas, para que sean las administraciones autonómicas las que tengan la capacidad para regular en este sector, incluyendo la posibilidad de una licencia", decía la nota oficial del lunes.

El Ejecutivo mantiene que debe ser regulado "en el ámbito autonómico y local", pero después de que varias comunidades manifestaran sus reticencias a que se les traspasen las competencias ha optado por dar de plazo hasta septiembre para que estudien su proposición y avancen en una solución negociada. "Hay un anacronismo por el que el taxi tiene una regulación y las VTC, otra", ha indicado el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio, Pedro Saura. Saura además ha defendido en una entrevista en Onda Cero que la cesión a las comunidades autónomas no conlleva más necesidad de financiación.

Un nuevo objetivo

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, ha anunciado que "si la administración no lleva a cabo las medidas acordadas se retomarán las movilizaciones en septiembre" con más fervor. "El colectivo ofrece un gesto al Gobierno al ver que hay voluntad de encontrar una solución. Estamos pendientes de si se cumplen los plazos", ha explicado. "Si desde alguna comunidad autónoma, teniendo ahora la potestad de hacerlo deciden no regularlo y continúa el problema, el objeto de la protesta se dirigirá hacia ellos", ha sentenciado Sanz. De hecho, cuando los taxistas madrileños anunciaron el desbloqueo del Paseo de la Castellana, aseguraron que con la decisión de Fomento, ahora tenían "un nuevo objetivo", refiriéndose a la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, Fedetaxi, la asociación mayoritaria del sector, ha enviado un comunicado en el que explica que considera "insuficientes" las propuestas planteadas por el Ministerio de Fomento, pero que respeta la decisión de las asambleas de taxistas de suspender los paros a fin de mantener la unidad del colectivo. "Creemos que esta salida en falso no aporta una solución real y efectiva y no atiende verdaderamente nuestras demandas", ha señalado la asociación en un comunicado.

Antaxi calcula que el sector ha perdido de media diez millones de euros diarios en España con las movilizaciones, pero aseguran que "es una cantidad insignificante" en comparación con lo que se jugaban. "Estamos luchando por la supervivencia del sector", afirma Sanz. Sin embargo, al término de la huelga, muchos conductores respiraron aliviados por poder retomar su actividad económica al día siguiente. "Este mes mis padres me han prestado algo de dinero para poder tirar por las pérdidas que voy a tener al estar aquí", explica Enrique Martín, taxista desde hace cuatro años.

Esta pérdida de dinero contrasta con el empuje que el parón del taxi ha supuesto para las descargas de Cabify y Uber. En los dispositivos de Apple se han convertido en la primera y la cuarta aplicaciones gratuitas más descargadas, mientras que un día antes de que comenzase el paro de los taxistas, las aplicaciones se encontraban en los puestos número 29 y 33. En los móviles Android han subido hasta los puestos noveno y décimo, cuando se encontraban en los puestos 77 y 76.

Así, la patronal de las VTC, Unauto, no se ha tomado la decisión de Fomento como una derrota. "Unauto valora positivamente que se abra un periodo de diálogo y no se ceda al chantaje del taxi", ha explicado en un comunicado. El ministro José Luis Ábalos declaró el miércoles a la salida de la reunión con las comunidades autónomas que no se trataba de transferir las competencias porque las comunidades ya las tienen. "Por la Constitución les corresponde la competencia de transporte terrestre dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma, por lo que no estamos traspasando ninguna competencia, sino habilitando la capacidad regulatoria a las comunidades que lo quieran regular".

Sin embargo, Unauto difiere y explica en su comunicado que las competencias son estatales. "Unauto aplaude el sentido común mayoritario mostrado por los Gobiernos autonómicos al exigir que no se les imponga aceptar la transferencia de legislar sobre el sector, que debe ser competencia del Estado como recoge la Constitución Española, y tendría un corto recorrido legal", reza el documento.