La economía más próxima

En España hay algo más de 8.000 municipios y una cincuentena larga de provincias y circunscripciones insulares. Ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares forman parte del núcleo básico de corporaciones locales que tienen en los servicios de proximidad los referentes principales de su actividad.

En un contexto como el occidental de amplia intervención pública del Estado en la economía, la mayor o menor eficiencia con la que se suministran estos servicios puede suponer desde un lastre para la economía productiva y una pérdida de bienestar colectivo, hasta el mejor cauce para la competitividad económica y el desarrollo social. De aquí la importancia de que todos los entes públicos cumplan su misión con la máxima efectividad posible y con la utilización adecuada de recursos.

Para ello hace falta 1) cerrar la brecha entre la eficacia y la efectividad; entre lo que se sabe que podría funcionar mejor y lo que no se consigue hacer funcionar bien por falta de incentivos y motivación en la aplicación concreta de las políticas, y 2) conjugar efectividad y eficiencia a la vista de acabar asignando los recursos efectivos en impactar los objetivos deseados, al menor coste posible.

La Guía de la política pública local, ya en su cuarta edición, es un buen manual al respecto. Se lee con facilidad, dado su formato de anotaciones en el margen lateral de la página, que localizan rápidamente los argumentos y la organización de apartados para ubicar las áreas temáticas principales. No tiene pretensiones de detalle científico: comenta leyes, competencias o prácticas, etcétera, pero sin reproducir literalmente sus articulados. Describe instrumentos complejos sin sofisticación, con ejemplos. No pretende ser una guía exhaustiva, pero recorre desde aspectos contables, organizativos o de contratación, hasta cuestiones de planificación urbanística, tesorería local y gestión de calidad de los servicios.

Para los estudiosos que, inmersos en la literatura comparada, pierden conocimiento local, o para aquellos con responsabilidad directa política o de gestión en entidades locales (una empresa proveedora, un concejal o diputado provincial que gestione los servicios locales o, desde la oposición, haga un seguimiento de la gestión local), encontrarán en la guía los puntos básicos del estado de situación, actualizado hasta las leyes más recientes. Se incluyen entre ellas la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su reforma de 2006, el Estatuto Básico del Empleado público (ley de abril del 2007), la de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos o la misma Ley del Suelo de mayo del año en curso.

Son particularmente clarificadores los capítulos relativos a las modalidades de contratación administrativa que rigen los suministros de las entidades locales, las modalidades de gestión directa e indirecta de los servicios, por la claridad con la que se exponen, y la descripción de los procedimientos administrativos vigentes, un tema farragoso muy bien resumido en el texto. Algo complicado continúa siendo la gestión económica presupuestaria, financiera y de tesorería en los apartados de instrumentos de cobertura o derivados (swaps de tipo de interés, collars, etcétera) y de garantías crediticias y avales. Y algo incompleto por el mayor detalle requerido en los aspectos de tributación y planificación urbanística.

En cualquier caso, es más que probable que las opciones de los autores estén bien tomadas, sobre lo que debe contener un máximo común denominador o un mínimo común múltiplo, según pretensión del lector. Estando la guía en su cuarta edición, a buen seguro han podido Consultores de las Administraciones Públicas, sus autores, contrastar experimentando en su práctica profesional cotidiana lo que en un tamaño de texto manejable supone lo más relevante para una buena (Guía de) gestión pública local.

Guillem López Casasnovas es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.