Demanda contra el plan de derribar parte de Tabacalera en Valencia

El polémico plan del Ayuntamiento de Valencia de convertir la antigua Tabacalera en centro administrativo y permitir el derribo de dos naves laterales para la construcción de viviendas deberá superar el examen de los jueces. Salvem Tabacalera ha presentado una demanda contencioso-administrativa en la que pide al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anule el proyecto por falta de cobertura legal y proteja de la piqueta el edificio.

El gobierno local de Rita Barberá formalizó en octubre de 2006 una operación que reportará beneficios millonarios al grupo Ballester, que entregó al Ayuntamiento mediante una permuta la Tabacalera y 14,3 millones de euros, a cambio de un edificio municipal en la plaza de América -en uno de los puntos más caros de la ciudad- y el derecho a construir 300 pisos en el suelo de dos naves laterales de la industria. De la oposición a este proyecto surgió la plataforma Salvem Tabacalera, que presentó en marzo la demanda, en la que asegura que el plan carece de cobertura legal e implicará la destrucción de un patrimonio histórico de la ciudad.

La demanda aporta informes de arquitectos y expertos que rebaten la postura del PP de considerar como elementos impropios del inmueble las naves laterales que se pretende derribar. Los estudios destacan el valor patrimonial y cultural del edificio modernista, que reconocía el propio Ayuntamiento cuando acordó en 2001 adquirirlo sin cambiar su nivel de protección para uso administrativo, "pero en ningún caso residencial". También recuerda que la Comisión Nacional de Patrimonio Industrial propuso en 2002 incluir Tabacalera en el catálogo nacional por su relevancia. A pesar de ello, la Generalitat no dio pasos para declarar el entorno Bien de Interés Cultural, aunque sí exigió al Consistorio que incluyera en su catálogo de edificios protegidos bienes de relevancia local como Tabacalera. El catálogo aún espera una aprobación definitiva que sólo protegerá la parte de Tabacalera que no está previsto derribar.

Destaca la plataforma que el convenio urbanístico del Ayuntamiento con Ballester no tenía base legal al firmarse porque se apoya en preceptos derogados en ese momento por los cambios introducidos por el Consell en la legislación del urbanismo valenciano. La demanda analiza asimismo con detalle la valoración de los inmuebles objeto de la permuta, y concluye que conculca claramente los intereses económicos del Ayuntamiento con precios por debajo del mercado. Además, sostiene que la permuta no cumple el requisito legal que prevé que la enajenación de un bien municipal tenga como destino un interés social o la vivienda protegida. Según el contencioso, el edificio de la plaza de América debió subastarse. El texto impugna la edificabilidad concedida a Ballester, que calcula excesiva.

Los magistrados rechazaron la paralización cautelar del plan, por lo que el contencioso inicia su andadura al tiempo que el Ayuntamiento impulsa la rehabilitación del inmueble. La denegación de la suspensión provisional, objeto de una queja ante el Supremo, obligará a Salvem Tabacalera a recurrir futuras licencias de obra.