El pacto nacional para la vivienda propone construir 160.000 pisos protegidos hasta 2016

El Gobierno catalán entregará hoy a Convergència i Unió un documento de 38 páginas que define los retos a lograr por un pacto nacional para la vivienda. El objetivo es que este pacto abarque un periodo bastante más amplio que el de una legislatura y se prolongue hasta 2016. En esos años, el Ejecutivo marca como deseable la construcción de 160.000 viviendas protegidas, de las que 50.000 se situarían en esta misma legislatura. Algunas de las partidas del documento se hallan en blanco para no prefigurar el resultado final de la negociación con los grupos parlamentarios.

Cataluña tiene hoy 7,2 millones de habitantes. El documento del plan estima que serán 7,6 millones en 2010 y llegarán a 8,2 millones en 2.016. Durante estos años se generará la necesidad de 236.000 nuevas viviendas, de las que 141.600 deberían tener algún tipo de ayuda. El objetivo del plan propuesto por el Gobierno catalán es que se construyan 160.000 viviendas con diversos tipos de protección.

El documento que recibirán los partidos define cinco retos para los 10 años de vigencia que se proponen. El primero es el más detallado y hace referencia al programa general de construcción de viviendas protegidas, así como a la obtención del suelo necesario para ello. El punto de partida es la movilización durante los 10 años de vigencia del plan de suelo suficiente para poder construir 400.000 viviendas, de las que 250.000 deben ser protegidas.

El texto que debe ser objeto de negociación no olvida que la burocracia es un gran enemigo para la vida, en general, y para las decisiones de los gobiernos, en particular. De ahí que se proponga, como primera medida, agilizar el proceso de obtención de suelo.

El Instituto Catalán del Suelo deberá destinar entre el 50% y el 75% del nuevo suelo que consiga a vivienda protegida y los ayuntamientos deberán comprometerse a aportar los mismos porcentajes. Paralelamente, el Gobierno catalán tratará de lograr convenios con otras administraciones y empresas públicas no municipales a fin de que llegue al mercado de alquiler protegido tanto suelo como viviendas que no estén siendo usadas. El Ejecutivo aumentará las subvenciones para urbanizar suelo con destino a vivienda de protección hasta los 24 millones de euros en 2016, al tiempo que abrirá una línea de préstamos sin intereses para financiar tanto la compra de suelo como la de edificios que tengan como destino una política social de vivienda.

Alquiler

De las 160.000 viviendas protegidas a construir hasta 2016, 50.000 deberían hacerse en esta legislatura. Un 40% de estas viviendas deberían ser de alquiler con tiempos diferenciados: desde los 10 años a otros de 25 y otros más que tengan mayor duración.

El 60% restante estará destinado a la venta en modalidades diferentes: régimen especial (para los que tengan mayores problemas de acceso a la vivienda), régimen general (vigente en el conjunto del territorio) y precio concertado (con la modalidad de un precio concertado específico para Cataluña, dado que el coste de la vivienda es superior a otras zonas españolas). Además, se incluirá una posibilidad de viviendas de alquiler con opción a compra.

Una de las propuestas del plan es el control escrupuloso de las transmisiones de viviendas protegidas, actuando desde el propio municipio.