Ayudas para instalar ascensores en 100.000 pisos
El primer punto del pacto es la construcción de viviendas para cubrir las nuevas necesidades y reducir las ya existentes. El punto de partida es la existencia de 200.000 familias que necesitarían ayudas a las que hay que añadir una media de casi 25.000 anuales hasta 2016. Además, el Ejecutivo propone cubrir otros retos que son la rehabilitación, las ayudas a las personas de edad con necesidades específicas, las familias con riesgo de exclusión y las que habitan viviendas infradotadas.
En materia de rehabilitación, el plan proyecta otorgar 4.000 ayudas para instalar ascensores en otros tantos edificios, lo que beneficiaría a unas 100.000 familias. El número total de viviendas a rehabilitar alcanza las 435.000, de las que 167.500 se beneficiarían de ello en la presente legislatura. El plan no pierde de vista las ayudas que se puedan producir por la vía de la reforma de barrios.
En lo referente a las personas mayores, el objetivo es garantizarles la autonomía. Para ello, se propone establecer 20.000 ayudas al alquiler, potenciando también las hipotecas inversas (el inquilino cobra de una entidad un tanto por su piso y, cuando fallece, sus herederos pueden recuperarlo abonando la deuda o permitir que se haga con él la entidad financiera). La oferta de vivienda dotacional para personas mayores debería situarse en las 10.000.
Riesgo de exclusión
20.000 es también la cantidad de ayudas previstas para las personas en riesgo de exclusión, además de otras 15.000 ayudas personalizadas para gente que no pueda hacer frente al coste del alojamiento. En este ámbito, el documento sugiere la necesidad de actuar de forma coordinada con los municipios.
El objetivo declarado es "erradicar el fenómeno de los sin techo", reza el documento en su página 35. Y sugiere la necesidad de disponer de 12.500 viviendas para actuaciones urgentes y de viviendas para acoger hasta 5.000 personas. Además, habría que batallar contra el acoso inmobiliario y contra los pisos patera con diversos instrumentos legales.
El plan no hace referencia a la hipotética expropiación de viviendas, a diferencia de la posibilidad recogida en la ley que se halla en el Parlament. Esta omisión ha sido especialmente bien acogida por los promotores inmobiliarios que han tenido acceso al documento.
La oposición expresó ayer dudas sobre el plan, sugiriendo que el primer problema empieza cuando no se ha cumplido lo prometido por el primer tripartito: 42.000 viviendas. Las cifras son interpretables. En los tres años de Gobierno de Maragall se terminaron unas 20.000 viviendas (49% de las anunciadas), pero si se incluyen las que se hallan ya proyectadas se alcanza el 85% del compromiso, teniendo en cuenta que la legislatura terminó un año antes.
