El Gobierno juzga "inamistosa" la visita de Hoon a Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaró anoche que el Gobierno está "profundamente decepcionado" por la visita del ministro de Defensa británico, Geoffrey Hoon, a Gibraltar, prevista para la próxima semana en el marco de las celebraciones del tercer centenario de la ocupación del Peñón, y expresó un "profundo rechazo" de lo que Madrid considera "un gesto profundamente inamistoso".

Previamente, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había calificado la visita de Hoon de "más bien inoportuna", y anunciado que "Exteriores iniciará de inmediato las actuaciones que correspondan por la vía diplomática".

Moratinos informó que su departamento transmitió ayer el malestar del Gobierno durante un encuentro hispano-británico celebrado a nivel de secretarios de Asuntos Europeos. Pero, además, al no recibirse "explicaciones suficientes", convocó anoche al embajador británico en Madrid para insistirle en la protesta.

El ministro comentó a la prensa que "cuando se conmemoran hechos históricos entre aliados en el siglo XXI, se hace de forma positiva, como ocurrió con el desembarco de Normandía", e hizo votos porque este incidente, tercero entre Madrid y Londres desde que gobierna el PSOE, "sea el último".

El Gobierno británico no confirmaba anoche la visita de Hoon a Gibraltar. "Como regla general, por razones de seguridad, no confirmamos estos viajes hasta el último momento", señaló un portavoz de la sección naval del ministerio, informa Lourdes Gómez.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de Carlos Westendorp como embajador de España en Washington, y el de José María Ridao como embajador permanente ante la Unesco.

El acuerdo del Consejo que más destacó la vicepresidenta primera es la aprobación del reglamento de la Ley Penal del Menor, que establece el régimen disciplinario de los centros de internamiento y determina las reglas para ejecutar las medidas impuestas por los jueces a los menores delincuentes, así como las funciones de los equipos técnicos que los atienden.

Fernández de la Vega aclaró que el Gobierno modificará algunos aspectos de la Ley Penal del Menor de enero de 2000, como, por ejemplo, la gradación de las penas y la posibilidad de que las víctimas puedan personarse en el procedimiento contra menores.

Sin embargo, aseguró que era necesario cubrir el vacío legal que suponía la falta de desarrollo reglamentario, atendiendo sobre todo a la petición formulada por las comunidades autónomas.

También informó la vicepresidenta que en el aspecto económico son los gobiernos autónomos los que tienen que hacer frente a sus competencias que están transferidas en esta materia.

Entre otros muchos aspectos del reglamento la portavoz del Gobierno destacó que se regula la detención de los menores, a cargo de la policía judicial, de la forma que menos les perjudique; se establece la periodicidad de los informes sobre la evolución de internados, el derecho de las madres a tener a sus hijos menores de tres años, o las normas de vigilancia y seguridad.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, respondió a una pregunta sobre las discrepancias entre el Gobierno central y el autonómico vasco en torno al cupo y dijo que son "técnicas y jurídicas". El descuento de 32,5 millones que se ha aplicado lo explicó porque "una decisión unilateral no es válida y es imprescindible otra decisión unilateral del Estado".

Más tarde, Solbes negó que no hubiese habido conversaciones entre Madrid y Vitoria sobre este asunto y se mostró convencido de que puede lograrse una solución.