Un edil malagueño, imputado en un caso de falsificación de permisos de trabajo

A Francisco José Molina Olmos, un empresario agrícola de 24 años apodado el cabrero, le puede costar muy cara su osadía y la burda trama para legalizar los contratos de trabajo de 26 jornaleros bolivianos de la que la Guardia Civil le considera principal urdidor. El cabrero es administrador único de Arroyo Alto S.L., en la que tiene como socio a Antonio Moreno Pedrosa, de 67 años. Ambos están imputados de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, estafa y falsificación de documento en una causa que instruye una juez de Loja. También están imputados el primer teniente de alcalde de la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas, David Granados, y un funcionario de la Junta que hace las veces de gestor administrativo en el pueblo, Antonio Serrano Cobos.

La sociedad Arroyo Alto pretendió tramitar ante la delegación de la Seguridad Social de Loja los contratos de los 26 jornaleros bolivianos, pero aportó resoluciones de permisos de trabajo falsas. Según la Guardia Civil, todas ellas eran copias de una original a las que se la alteró el número de registro de salida. Fuentes próximas al caso explicaron además que incluso el número de NIF de los jornaleros era el mismo en los 26 casos.

Las fotocopias de estas resoluciones falsificadas habían sido compulsadas para avalar su credibilidad en el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, trámite que hizo Antonio Serrano Cobos, según ha reconocido él mismo en las declaraciones que obran en el sumario.

La Guardia Civil entiende que el concejal David Granados cotejó los documentos. Fuentes del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, que se ha personado en el caso, insistieron ayer en la inocencia del edil, que aún no ha testificado ante la juez, y sostienen que se limitó a informar a Antonio Serrano de los trámites necesarios para el empadronamiento de los 26 jornaleros, sin conocer el caso en concreto ni las presuntas irregularidades que había detrás. Este desconocimiento es también el alegato de inocencia de Serrano Cobos.

Según la Guardia Civil, El cabrero hizo creer a los demás imputados, incluido su propio socio, que la iglesia le había arrendado la finca donde iban a emplear a los bolivianos, e incluso aportó el nombre de un supuesto secretario del arzobispado de Córdoba. Pero en el posterior interrogatorio de la juez reconoció que se lo había inventado.

En una ocasión, El cabrero ya trató de suplantar la identidad de una persona fallecida para vender por dos millones de euros una finca en Loja que en realidad nunca estuvo en venta. Pero los compradores exigieron conocer personalmente al dueño y no mordieron el anzuelo.