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Parece evidente que las manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar ante algunas sedes del Partido Popular, especialmente la de Madrid, el día previo a las elecciones, se compadecen mal con el espíritu de la jornada de reflexión electoral y que no sería bueno que esa manera de actuar se convirtiera en una costumbre en el futuro. También es de esperar que no se den nunca más las circunstancias que acompañaron a aquellas jornadas: un Gobierno sospechoso de hurtar información, en las horas previas a la votación, sobre el atentado terrorista más terrible jamás habido en España, y una masa de ciudadanos que consideraron un deber cívico, en correspondencia con su derecho constitucional a manifestarse, salir a la calle a expresar pacíficamente su protesta e indignación.
Ni siquiera como hipótesis puede plantearse que esas decenas de miles de ciudadanos que se concentraron espontánea y pacíficamente ante algunas sedes del PP en la jornada de reflexión hayan podido cometer algún tipo de delito y que su conducta caiga bajo el Código Penal. Como no se plantea tampoco en el caso de los militantes del PP que se concentraron pacíficamente el martes siguiente, sin comunicárselo previamente a la autoridad gubernativa, ante la sede central de su partido en Madrid. Por eso es un disparate jurídico, además de una muestra más de su acreditada actitud servil y obsequiosa con el Gobierno, la orden dada a sus subordinados por el todavía fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para que pongan directamente en manos de la justicia penal la investigación de estos hechos.
La Junta Electoral Central consideró esas concentraciones ciudadanas "contrarias a la regulación de la campaña electoral" y remitió la denuncia formulada por el PP a la Fiscalía del Estado, "por si entiende que pudieran resultar hechos constitutivos de delito". Aparte de lo discutible que resulta la remisión a la Fiscalía de unos hechos que, en todo caso, pueden constituir una infracción administrativa, llama la atención la prisa que se ha dado Cardenal en calificarlos como presuntamente delictivos y de encomendar directamente su investigación a la justicia penal. Lo procesalmente correcto habría sido, si acaso, que la Fiscalía del Estado hubiera abierto diligencias informativas previas para comprobar los hechos y la autoría de los mismos y no proceder a judicializarlos de inmediato.
Es natural que algunos fiscales hayan anunciado sus reservas, e incluso su rechazo, a una orden jurídicamente descabellada y que pretende, además, "criminalizar" a miles de ciudadanos que ejercieron pacíficamente y sin violencia su derecho a manifestarse y a protestar contra el Gobierno por su opacidad informativa sobre el atentado. Es posible que esa actuación ciudadana, además de contradecir el espíritu de la jornada de reflexión, vulnerase en algún punto la letra de la ley electoral. Pero constituye una aberración considerar que cometieron un delito electoral o que incurrieron en alguna de las formas de manifestación ilícita contempladas en el Código Penal.
